La forma como el teniente coronel tomó la decisión de aprobar y anunciar las 26 leyes sancionadas en el marco de la Habilitante -dentro de las cuales, para mayor abuso, se incluyen leyes orgánicas- revela el olímpico desprecio que el personaje siente por el país, la democracia, la voluntad popular y, en general, las normas e instituciones. Al filo de la media noche, con alevosía y nocturnidad, aprobó un paquete de instrumentos jurídicos que ignoran y atropellan la decisión del pueblo el 2 de diciembre del año pasado. Tanto que tuvo que luchar la nación contra los gamonales durante todo el siglo XIX y parte del XX, para que ya en pleno siglo XXI reaparezca, cargado de petrodólares y rodeado de cagatintas, un nuevo cacique que trata a la nación como si aquí no existiesen leyes, ni Constitución, ni nada que se parezca a una nación civilizada. Como si la “pequeña Venecia” fuese un campamento minero.

         Al señor que habita en Miraflores hay que recordarle todos los días que el 2-D, el pueblo venezolano votó por un proyecto de reforma constitucional que él, de su puño y letra,  había redactado. En esa propuesta se incluía el ataque a la propiedad privada, artículo 115, la creación de las milicias bolivarianas, artículo 229, y la nueva geometría del poder, artículo 16, que contemplaba la designación por parte del Presidente de la República de autoridades regionales colocadas por encima de los gobernadores y alcaldes electos. Esa oferta fue repudiada por los venezolanos, quienes percibieron que Hugo Chávez buscaba imponer el comunismo  de corte cubano,  arrinconar la propiedad privada, acabar con la descentralización, y establecer un régimen militarista con una guardia pretoriana más dispuesta a proteger al caudillo, que a defender los intereses de la nación. Ese día los venezolanos, entre ellos numerosos chavistas, le dijeron al comandante que no estaban dispuestos a acompañarlo en sus delirios colectivistas, ni en sus afanes de perpetuarse en el poder. En esa ocasión le dijeron ¡NO! al comunismo, y ¡SÍ! a la propiedad privada, al civilismo, a la descentralización y a la democracia.

Sin embargo, ese mensaje tan claro y categórico no lo entiende el caballero. Insiste en meter por las ventanas lo que el pueblo sacó por la puerta delantera. Dado que la Constitución establece, artículo 345, que una materia que ha sido rechazada en referendo no puede presentarse de nuevo a la Asamblea Nacional en un mismo período constitucional, optó por valerse de la Ley Habilitante para tratar de introducir de contrabando las mismas propuestas ya negadas. Así, tenemos que el autócrata, en un desplante insólito de arrogancia, aprueba unilateralmente reformas que alteran radicalmente el espíritu y letra de la Carta del 99.

De esas modificaciones hay que destacar la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que en su artículo 5 autoriza al Gobierno Nacional a expropiar bienes sin declaración previa de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional. También hay que mencionar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana, que incorpora la Milicia Nacional Bolivariana. Igualmente, hay que apuntar la Ley Orgánica de la Administración Pública, que faculta al Presidente de la República a designar y remover autoridades regionales por encima de los gobernadores y alcaldes electas mediante el voto.

Estas disposiciones, que ahora adquieren un carácter pretendidamente legal, fueron repudiadas por la mayoría de los venezolanos, a quienes  se les  ignora e irrespeta.

         Lo que sorprende de la insolencia de Chávez es el momento en el cual se produce. Por supuesto que no es la moderación un rasgo que lo caracterice, pero en muchos casos sus decisiones están determinadas por criterios políticos en los que prevalece el sentido común y la oportunidad. En este caso, da la impresión de que dejó llevarse por sus aliados más díscolos y radicales. Esos que se aproximan a la política cargados de dogmas decimonónicos y sin ningún tipo de cable que los conecte a tierra.  Parece que Chávez no se ha dado cuenta de que faltan menos de cuatro meses para los comicios regionales del 23 de noviembre, y que está obligando a sus candidatos, pues aspira a convertir esas elecciones en un plebiscito en torno a su figura, a defender unas leyes que forman parte de un proyecto hegemónica ya derrotado por el pueblo. Tendrán que cargar con el peso de ese fracaso.

Los aspirantes que se identifiquen con Chávez se verán en el difícil trance de justificar, por ejemplo, el significado que posee para los estados y municipios la designación, por parte del primer mandatario, de autoridades regionales que tendrán por función la planificación, ejecución, seguimiento, y control de las políticas, planes y proyectos de ordenamiento del territorio. Es decir, deberán legitimar con su respaldo una ley que minimiza la labor de gobernadores y alcaldes. En una rueda de prensa, digamos, cualquier periodista avispado podría preguntarle a un candidato oficialista: bueno si es tan importante el papel de esa autoridad nombrada, ¿por qué usted, en vez de estar haciendo campaña electoral y buscando votos, mejor no trata de que el Presidente lo designe para ese cargo? Respaldar la propuesta presidencial descalifica a los candidatos en unas elecciones en las que se busca fortalecer la legitimidad de los mandatarios regionales y profundizar la descentralización.

Triste el papel de los abanderados del chavismo: van a quedar para explicar y justificar por qué su jefe máximo no entiende lo que significa ¡NO!

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