Hasta
el referendo de diciembre la consigna era el socialismo
del siglo XXI. Ahora es el socialismo bolivariano.
En sus dos vertientes, la mayoría de los venezolanos le
dijimos NO al proyecto de comunismo cubano, maquillado de
socialismo democrático, que el comandante Hugo Chávez Frías
le propuso a la nación. Contra el chantaje y las amenazas
del Gobierno, el uso descarado de los recursos públicos en
la promoción del SÍ, las interminables cadenas de radio y
televisión, la propaganda escandalosa del oficialismo, el
ventajismo y la evidente parcialización de la mayor parte de
los rectores del CNE, el pueblo venezolano, por la vía
activa del voto o la pasiva de la abstención, le dijo a
Chávez que prefiere la democracia, la libertad, la propiedad
privada, el equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y
la economía de mercado. Ese día quedó deslegitimado y
fulminado como opción para el país el socialismo, eufemismo
mediante el cual el Presidente de la República pretendía
maquillar la estatización y colectivización total de la
economía, la militarización de la sociedad y su eternización
en el poder.
Ahora bien, a pesar de la contundencia del triunfo de la
democracia y la libertad, y del categórico rechazo a la
propuesta comunista del primer mandatario, este sigue
utilizando los recursos del Estado y del Gobierno para
impulsar el modelo socialista. Como bien se sabe, ninguna
ley ni ninguna gestión gubernamental pueden colocarse por
encima de la Constitución, especialmente cuando esta ha sido
refrendada por el pueblo en una consulta popular. Sin
embargo, el primer mandatario, violando de forma abierta la
Carta del 99, sigue utilizando al Gabinete Ejecutivo, a los
órganos del Gobierno y a la Ley Habilitante (con una
duración perentoria de 18 meses) para tratar de imponer lo
que no pudo lograr por la vía del consentimiento. De esta
arbitrariedad es cómplice la Asamblea Nacional. Sus
diputados están aprobando leyes y reglamentos, como el que
se refiere a los Consejos Obreros, que contravienen el
espíritu y la letra de la Carta Magna. Quienes están
obligados a resguardar la soberanía popular son los primeros
en desconocerla.
El
Gobierno, después del 2D, tenía que haber suspendido toda
propaganda que se refiriera al socialismo, incluido el
bolivariano. No obstante, en la práctica ha hecho todo lo
contrario: inundó de vallas las carretera y autopistas con
un “Por . . .ahora” que huele a formol, mientras que en los
medios impresos, en los radioeléctricos y en las salas de
cine, PDVSA y los ministerios gastan miles de millones de
bolívares para hablar de cómo se construye el “socialismo
bolivariano” en Venezuela, cual si la cita del 2D nunca
hubiese ocurrido o, peor aún, como si la reforma hubiese
triunfado.
El
espíritu autoritario, antidemocrático y autocrático del
proyecto desechado por el pueblo en diciembre está
mostrándose ahora. Sólo hay que imaginarse lo que habría
ocurrido con la propiedad privada, la descentralización, los
partidos y organizaciones de oposición si Chávez hubiese
ganado: habría barrido con esas instituciones, procesos y
grupos. Si ahora, disminuido por el fracaso, busca
imponerlo por la fuerza con los músculos que le proporcionan
los petrodólares, de haber salido victorioso habría acudido
al expediente de la violencia para pasarle la aplanadora a
todo vestigio de disidencia y autonomía.
El “socialismo a juro”, tal como hay que calificar esta
insistencia obsesiva en construir el “socialismo
bolivariano”, pervive por la complicidad de las
instituciones del Estado. Ya que la Asamblea Nacional,
contrapeso natural en toda democracia del Poder Ejecutivo,
está inhabilitado para actuar, debido a que constituye una
sucursal de Miraflores, tendrían que actuar, al menos, la
Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia, órganos
que en teoría están comprometidos con la vigencia del Estado
de Derecho. El Ministerio Público, lo dice la Carta del 99,
constituye la institución responsable de garantizar los
derechos de los ciudadanos frente al Estado y al Gobierno;
mientras el TSJ, también lo señala la Carta Magna, es un
cuerpo encargado de velar por el correcto cumplimiento de la
Ley. El 2D el gobierno de Chávez recibió una orden
terminante del pueblo: cumpla con los principios
fundamentales de la Constitución los cuales establecen, en
el artículo 2, que “Venezuela se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad,
la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y
en general, la preeminencia de los derechos humanos, la
ética y el pluralismo político”. En ese artículo, ni en
ningún otro, aparece el socialismo por ningún lado. Así es
que el Gobierno, incluido el caudillo, está obligado a
olvidarse de ese modelo y cumplir la Constitución.. No
puede meterlo de contrabando por ningún lado. El socialismo
es una ideología ajena al contenido, inspiración y
propósitos del Texto Fundamental. La Fiscalía y el TSJ son
los llamados a ordenarle al Ejecutivo que lo haga. Habría
que comenzar por prohibirle que gaste dinero en cualquier
tipo de propaganda que fomente el “socialismo bolivariano”
(esto incluye impartirle esa orden a VTV y al resto de las
emisoras oficialistas), así como impedirle a la Asamblea
Nacional que apruebe leyes de carácter socialista.
Por supuesto que no soy tan ingenuo para pensar que la
Fiscalía o el TSJ tomarán tales iniciativas. El TSJ tuvo la
oportunidad de declarar inconstitucional el proyecto de
reforma que Chávez presentó en la Asamblea Nacional, y no lo
hizo. Así es que no tenemos razones para creer que ahora
actuará de otro modo. Sin embargo, a las instituciones hay
que retarlas y probarlas. La obsesión del caudillo por el
socialismo cubano es tan grande y la transgresión de la
Carta Magna tan descarada, que a lo mejor hasta se animan.
tmarquez@cantv.net