En
un acto de insólito sectarismo y arrogancia Hugo Chávez
proclamó en el Poliedro de Caracas que “La Bicha”, forma
elegante cómo él llama a la Constitución de 1999, a partir
de su reforma no tendrá la carátula azul, sino roja. El
rojo, símbolo internacional del comunismo, sirve de emblema
a la intolerancia chavista.
Desde que comienzan a elaborarse
las primeras constituciones modernas, por allá en el siglo
XVII, estas se definen como cartas que resumen los derechos
ciudadanos, consagran las obligaciones y límites de los
estados, y regulan la relación entre el Estado y la
Sociedad. Luego de superado el Absolutismo, las
constituciones democráticas y liberales expresan contratos
sociales que permiten normar las relaciones dentro de una
nación y hacen posible que las diferencias y conflictos
entre grupos con intereses diferentes se resuelvan en paz.
Estos “contratos sociales”, por lo tanto, deben contar con
el mayor respaldo posible, con la más amplia base de apoyo
social, de modo que la mayoría de los ciudadanos y sectores
de un país se vean reflejados en ellos. Cuando se aprueban
las Constituciones en ambientes democráticos, su redactores
evitan que un sector se superponga de manera soberbia sobre
otros. Se evita imponer la dictadura de la mayoría de la
cual habla Alexis de Tocqueville. Por supuesto que en las
dictaduras totalitarias comunistas este principio no se
respeta. El Estado revolucionario sólo se preocupa por
concentrar al máximo el poder, sin importarle para nada el
consenso social.
En Venezuela, en el siglo XX la
búsqueda del consentimiento a través de las constituciones
comienza luego de la muerte de Juan Vicente Gómez. La
Constitución de 1936, aunque no surge como resultado de una
extensa consulta, mejora las condiciones laborales y reduce
el período presidencial de siete a cinco años, aspiraciones
de amplios estratos de la población. La Constitución de
1947, a pesar de que se elabora en un clima de altas
tensiones políticas, la redacta una Asamblea Constituyente
elegida por la mayoría del pueblo, el cual se había volcado
sobre las urnas en los comicios de 1946, y que cuenta con
una representación plural de las fuerzas políticas
nacionales. Esa Constitución, por cierto, marca el inicio
del Estado Social de Derecho, que recoge los deseos de la
mayoría de los ciudadanos que aspiraban a que la riqueza
petrolera en manos del Estado, se reparta entre los
venezolanos a través de un amplio conjunto de beneficios
sociales. La Constitución de 1961, elaborada por una
comisión parlamentaria designada por el Congreso electo en
1958, resulta de un amplio proceso de consultas que incluye
a todos los sectores de la vida nacional. Tan extensa es la
exploración de la opinión del país que hasta los diputados
del PCV refrendan el texto constitucional.
La de 1961 fue una Carta
concebida para que el país, luego de 10 años de dictadura y
con una experiencia democrática muy breve durante el siglo
XX, entrara en un largo período de paz, estabilidad y
progreso. Los valores predominantes que subraya son la
democracia, la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a
las minorías, la alternabilidad y el carácter federal y
descentralizado del Estado, entre otros. Su vigencia permite
que al teniente coronel Hugo Chávez –a pesar de fracasar
como golpista y no obstante prometer que “refundaría” la
República, es decir, que la destruiría- se le respete su
triunfo en las elecciones de diciembre de 1998.
El rasgo consensual de la
Constitución de 1961 queda abolido en la Carta del 99, que
Hugo Chávez redacta luego de obtener una desproporcionada
mayoría en la Asamblea Constituyente de ese año (con 60% de
los votos obtiene más de 95% de los diputados) y después de
hacerla sancionar en un referendo aprobatorio en el que se
abstiene 40% de los electores y en el que no se establece el
quórum aprobatorio de 50% más uno, tal como rige en la
mayoría de los países donde la Constitución se legitima a
través de la consulta popular. En esa oportunidad Chávez le
impone, por la vía del escamoteo electoral, su criterio a
casi la mitad de la nación que está en desacuerdo con su
proyecto. Sin embargo, en esa Carta -especialmente en los
artículos 2, 4 y 6- aún se mantiene, aunque sea formalmente,
el carácter democrático, electivo, descentralizado,
alternativo, responsable y pluralista del Gobierno.
Con el proyecto que acaba de
introducir en la Asamblea Nacional el ideal del
consentimiento queda pulverizado, así como la naturaleza
democrática, descentralizada, pluralista y alternativa del
Gobierno. Chávez busca pasar a lo que Lenin llama en El
Estado y la revolución, el “Estado revolucionario”, es
decir, un régimen en el que desaparecen totalmente las
instituciones republicanas y liberales, y su lugar lo toman
organismos y dependencias subordinadas al líder que se
arroja la soberanía y representación de las masas populares.
Ya Chávez perdió todo pudor y recato. Lo único que le
importa es imponerle a la nación el proyecto de país y de
revolución comunista que viene macerando desde su juramento
en el Samán de Güere. Un plan que gira en torno de la
autocracia, el militarismo, el ataque a la propiedad
privada, el centralismo, el caudillismo, la arbitrariedad y
discrecionalidad en todos los espacios de la vida nacional.
Su visión cupular y prepotente
de la manera como se elabora y aprueba una constitución,
además del insondable temor que le produce la voluntad
popular, determinan que se oponga a que la votación en el
referendo consultivo previsto para diciembre se haga
artículo por artículo, con un CNE independiente y con un
reglamento electoral que le impida cometer los abusos que
acostumbra.
Los que no queremos una
Constitución roja tenemos el derecho e incluso la obligación
de quedarnos en Venezuela luchando por la democracia. Si
Hugo Chávez y Diosdado Cabello quieren una Carta Magna igual
a la de Cuba y a la medida de Fidel Castro, pueden irse para
la isla, aquí no hacen falta.
tmarquez@cantv.net
