Acabar con la descentralización política y administrativa del Estado se ha convertido en uno de los nuevos objetivos de Hugo Chávez. Le incomoda que, a pesar de contar con la inmensa mayoría de los gobernadores y alcaldes, ellos no sean designados, como en el pasado, por el todopoderoso Presidente de la República. Le indigna que pueda haber mandatarios como Didalco Bolívar que, aún siendo simpatizante del primer mandatario, piensen con cabeza propia y cuenten con una sólida base de apoyo popular. ¡Cuánto se parece a Jaime Lusinchi y a la “cúpula corrupta” de Acción Democrática, dos factores que se opusieron tenazmente a la elección directa de gobernadores y alcaldes!

Resulta que la “revolución bonita” está impulsando uno de los movimientos más retrógrados, conservadores y reaccionarios que puedan plantearse en una sociedad, que hace casi 20 años decidió desmantelar la pesada e ineficaz maquinaria centralista. La elección directa de los gobernadores, la creación de la figura del Alcalde y su escogencia por la vía del sufragio universal y secreto no fueron un regalo del Poder Nacional, sino una conquista de la provincia, catalizada en aquel momento por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), creada en 1984. Los estudios y la amplia consulta nacional realizada por esa comisión establecieron que el cambio y modernización del Estado pasaban por atenuar el presidencialismo, promover la redistribución vertical del poder y, por esta vía, fortalecer los gobiernos regionales y locales mediante la elección directa de sus autoridades. En el interior del país habían surgido grupos empresariales, ramas sindicales, una clase media profesional y diferentes actores de la sociedad civil organizada, que reclamaban una participación activa en los asuntos estatales y municipales, y en las decisiones más importantes que competían a sus respectivas entidades. El centralismo aniquilaba todas esas esperanzas.

Para que la descentralización política se lograra, se requirió el apoyo decidido de los medios de comunicación y de muchos dirigentes políticos, entre ellos diputados representantes de la provincia y senadores, algunos de los cuales hoy forman parte del proceso bolivariano y se les ve muy entusiasmados apoyando la aberración planteada por el primer mandatario.

La descentralización política ha tenido muchas virtudes. La elección de las autoridades regionales modificó la línea de lealtades de los gobernantes de provincia. A partir de su aplicación a quien había que responder, en primer lugar, era a los electores de cada entidad federal, no al Presidente de la República, cuyo dedo había sido hasta ese momento el instrumento que señalaba quién había sido escogido como gobernante regional. Se introdujo el principio de la competencia y de los más aptos, lo cual permitió renovar en un lapso muy breve el liderazgo político nacional. Las primeras elecciones regionales fueron en diciembre de 1989. Cuatro años después las figuras más descollantes del escenario político estaban vinculadas con la descentralización. En los comicios de 1993, tres de los cuatro principales candidatos a la presidencia tenían experiencia como gobernadores o alcaldes exitosos. Ellos eran Oswaldo Álvarez Paz, Zulia; Andrés Velásquez, Bolívar, y Claudio Fermín, Caracas. En 1998 el contendor de Hugo Chávez fue Enrique Salas Romer, con amplia experiencia como gobernador del estado Carabobo.

En buena medida el gobierno del comandante Chávez ha representado una tragedia para el país porque él llegó a Miraflores sin ningún tipo de experiencia en el campo administrativo. Si hubiese sido previamente Gobernador o Alcalde, habría tenido la oportunidad de saber, por ejemplo, qué es un presupuesto, a partir de cuáles criterios técnicos se elabora, cómo se establecen las prioridades, cómo se obtienen los recursos, cómo se evalúan el impacto y los resultados, qué debe hacerse para optimizar los recursos disponibles, y cómo y cuándo introducir los correctivos adecuados. Su inexperiencia, junto a su ideología comunista, ha traído más desolación y miseria al país. Si hubiese sido Gobernador o Alcalde probablemente hoy no estaría planteando la vuelta al ominoso pasado de la centralización y el presidencialismo más rancio y caudillesco.

La descentralización administrativa representa la otra cara del proceso. A los gobernantes electos mediante el sufragio popular había que transferirles competencias y recursos financieros, pues el dispositivo legal imperante colocaba en manos del Estado central la mayoría de las atribuciones. Este proceso se llevó a cabo a a través de un conjunto de reglamentos –nueve en total- que pautaban el procedimiento de la transferencia. El propósito consistía en impedir que la descentralización condujera al desmantelamiento y la anarquía del Estado. Se contemplaban, además, algunas instancias de negociación y acuerdos entre el nivel nacional y los gobiernos subnacionales. La experiencia, compleja y difícil al comienzo pues se carecía de conocimiento previo, arrojó de inmediato resultados altamente positivos. La salud pública mejoró de manera notable en estados como Carabobo, y la educación en entidades como Mérida. Los problemas, desde luego abundantes, se encararon de manera conjunta. Por primera vez la relación vertical entre los distintos gobiernos se estableció sobre la base del respeto y la colaboración.

El ataque a la descentralización por parte de Chávez comenzó hace mucho tiempo. El Consejo Federal de Gobierno contemplado en la Constitución de 1999, se ha reunido apenas un par de veces. La Ley de la Hacienda Pública Estatal, instrumento básico para fortalecer las competencias tributarias de los estados, nunca se ha aprobado. ¿Cómo puede avanzar la descentralización en esas condiciones?

La recentralización propuesta por Hugo Chávez constituye un salto a la Venezuela gomera y, además, una bofetada a una provincia que durante más de tres lustros ha elegido sus autoridades inmediatas y, no obstante las limitaciones, ha tratado de que los servicios mejoren. ¡Viva la descentralización!

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