Algunas
de las reformas constitucionales, sin duda atractivas, que
propone Hugo Chávez -las referidas a la reducción de la
jornada laboral a seis horas y la extensión de la seguridad
social a todos los venezolanos- las podría realizar en el
marco de la Constitución de 1999 y de la Ley Habilitante que
obsequiosamente, y por un período de año y medio, le
concedió la Asamblea Nacional. Las mismas propuestas se
encuentran en la Carta del 99 -artículos 90 y 86,
respectivamente- sólo que después de ocho años al frente del
Gobierno, producto de su ineptitud, no las ha instrumentado
Otros cambios que modifican la estructura del Estado
venezolano -como la implantación del socialismo, la
eliminación de la autonomía del BCV, la creación de la
milicia y la abolición del carácter profesional de la FAN,
la creación de entidades federales y la derogación de la
democracia representativa y su sustitución en la práctica
por esa entelequia llamada “democracia directa”- tendrían
que ser objeto de una nueva constitución redactada luego de
la convocatoria a una asamblea constituyente.
Chávez combina cambios
cosméticos con transformaciones estructurales con el único
propósito de que la gente se confunda, y la reelección
permanente (Art.230), consagración de la autocracia, pase
sin despertar mayores sospechas. Lanza luces de bengala para
ocultar la sustancia de su proyecto continuista.
Dado que la pretensión de Chávez
de eternizarse en Miraflores resulta inaceptable, incluso
para muchos chavistas, ya la diligente señora Cilia Flores
dijo que la votación en el referendo tendría que ser en
“bloque”, pues los 33 artículos que el Presidente plantea
modificar forman una propuesta orgánica “donde todos están
relacionados entre sí”. ¿Podría explicar la diputada Flores
qué tiene que ver el sistema de seguridad social universal e
integral con la reelección perpetua del primer mandatario?
La estrategia del oficialismo
busca impedir que la oposición active el artículo 344 de la
Constitución de 1999, el cual establece que en el referendo
aprobatorio podrá votarse separadamente hasta la tercera
parte de la reforma, si así lo hubiese solicitado “un número
no menor del cinco por ciento de los electores o electoras
inscritos en el registro civil y electoral”. Lo que les
devana los sesos a los chavista más furibundos es cómo
lograr que la reelección vitalicia del teniente coronel,
propuesta que sólo les resulta atractiva a ellos, sea
aprobada de modo que el líder máximo gobierne hasta el fin
de los tiempos. El asunto no es de fácil solución. Uno de
los aspectos importantes de la reforma reside en la
construcción de la democracia popular y directa. Entonces,
¿con cuáles argumentos impedir que la gente se pronuncie por
el contenido de cada una de esas reformas tan diferentes
entre sí? ¿Cómo sancionar una iniciativa que cuenta con más
de 60% de rechazo popular? En la memoria colectiva aún está
presente el orgullo que significaba para los venezolanos ver
que cada cinco años podía pasarse pacíficamente de un
gobierno a otro, incluso de signo opuesto como el de Chávez,
sin que hubiese traumas ni sobresaltos.
Para justificar su presidencia
vitalicia Chávez se olvida del Bolívar liberal y republicano
del Congreso de Angostura e invoca al Bolívar retrógrado y
conservador de la Constitución de Bolivia. También apela al
argumento de la soberanía y la voluntad popular. Con una
piel de cordero que no le calza dice que él no está
proponiendo ninguna autocracia, pues en el país habrá
elecciones cada siete años y, por lo tanto, el pueblo tendrá
la posibilidad de elegir entre diversas opciones, quién debe
regir los destinos del país. El pueblo es soberano de
escoger y él estará en el poder sólo hasta que el pueblo
quiera. Este es un argumento falaz por donde se le mire. En
las repúblicas democráticas genuinas, no en esas mascaradas
que fueron las repúblicas de Europa del Este, la soberanía
popular se ejerce a través de instituciones independientes,
arbitrales y que guardan entre sí un estable equilibrio.
En Venezuela desde 1999, pero
especialmente a partir de los sucesos de abril de 2002
cuando sale transitoriamente de la presidencia de la
República, el comandante Hugo Chávez dirige todos los
esfuerzos para atornillarse en el poder de manera
indefinida, secuestrando las instituciones del Estado y
confiscando cualquier vestigio de su autonomía. Su descaro
es tan insolente que incluso el mismo día que presenta el
proyecto de reforma en la Asamblea Nacional, da una muestra
de esta arrogancia. Esa noche informó que había estado
trabajando con Isaías Rodríguez, Fiscal General de la
República, el proyecto que le presentaría al país. En
términos prácticos sugirió que su proposición cuenta con el
visto bueno del Fiscal. Hay que recordarles a Chávez y a
Rodríguez que la labor del Fiscal es controlar y limitar el
poder del Gobierno y el Estado, y que esa institución está
obligada a mantenerse neutral frente a la iniciativa del
jefe del Ejecutivo, pues cualquier persona o grupo de
personas puede dirigirse a esa instancia para solicitar su
opinión acerca del proyecto presidencial. A quien el jefe de
Estado tenía que consultar era al Procurador General, quien
es el abogado de la Presidencia de la República. Sin
embargo, como en el régimen bolivariano ninguna institución
cumple la labor que le corresponde, sino que todas están
bajo la férula de Miraflores, el Fiscal fue quien trabajó
junto al primer mandatario. ¿Ahora, quién recurre al
Ministerio Público para introducir, digamos, un recurso de
amparo, si ya el Fiscal adelantó su opinión, según confesó
públicamente el Presidente? Por su parte, el ministro de la
Defensa, general Rangel Briceño, declara que el proyecto
presidencial la FAN lo asume como una orden, como un
mandato. Ese mismo caballero es el responsable del Plan
República. Entonces, ¿en quién confiar?
En un país donde las
instituciones están confiscadas, la soberanía popular no
existe, está embargada. Solo opera como un recurso retórico
en el que se refugian demagogos con vocación mesiánica.
Demagogos que quieren sustituir la silla presidencial por el
cetro imperial.
tmarquez@cantv.net