Del
episodio del maletín uno de los aspectos que más irrita es
la reacción tan insolente de los jerarcas del régimen. Los
funcionarios del Gobierno y de otras instituciones del
Estado (que no son empleados del Ejecutivo, pero que
pareciera que lo fuesen, como el Fiscal y el Contralor),
cuando apareció la noticia en Argentina, actuaron como si
fuesen los integrantes de un clan, no los miembros de un
organismo electo por el pueblo y que en virtud de esta
elección está obligado a representar la República y el país
en su totalidad.
Hugo Chávez inmediatamente le
restó importancia a esa grave irregularidad - que entre
otras transgresiones, viola la Ley de Ilícitos Cambiarios -
y pasó a culpar al imperialismo norteamericano y a los
medios de comunicación de ser los verdaderos responsables de
los males del planeta. Por supuesto que la fórmula del
mandatario se convirtió en orden para sus subalternos. Había
que matar al mensajero sin preocuparse del contenido del
mensaje. El Vicepresidente, Jorge Rodríguez, señaló que la
denuncia no era más que un “estúpido pote de humo” para
desprestigiar la “exitosa” gira del jefe de Estado por
Suramérica. Rafael Ramírez, obsecuente como pocos, indicó
que hechos como ese ocurren todos los días en todos los
aeropuertos del mundo, y, por lo tanto, no había de qué
preocuparse. El ministro de Relaciones Interiores, Pedro
Carreño, la sacó del jonrón cuando apuntó que el Gobierno no
tiene nada que ver con ese asunto, y que si hay algún delito
la responsabilidad es exclusivamente personal de quien o
quienes lo cometieron.
Los diputados chavistas de la
Asamblea Nacional no se quedaron atrás en materia de
docilidad frente a la orden presidencial. El poder que debe
servirle de contrapeso al Ejecutivo Nacional acordó no
investigar lo ocurrido en el aeropuerto argentino, pues ya
la Superintendencia de Aduanas, la Fiscalía General y el
Ministerio de Energía y Petróleo se habían abocado al tema.
Ni siquiera por cortesía con el pueblo que dicen
representar, esos parlamentarios se tomaron la molestia de
nombrar un equipo que cooperara con las otras dependencias
del Estado. Lo que sí hizo el oficialismo, a través de Mario
Isea, vicepresidente de la comisión de Energía y Minas del
Parlamento, fue atacar a los medios de comunicación y a la
oposición. Esta dupla, según sus palabras, está interesada
en abortar la integración energética suramericana, acabar
con la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), con
PETROCARIBE y, cómo dudarlo, con el mandato de Hugo Chávez
quien solo tiene nueve años gobernando.
Esta reacción de camarilla del
oficialismo, esta desvergüenza con la que agraden la moral e
inteligencia de los venezolanos, muestra varias aristas. La
primera es que la impunidad forma parte esencial de la
estrategia del Gobierno. El gobierno revolucionario
bolivariano se autojustifica y, en consecuencia, no está
obligado a rendirle cuentas a nadie, y menos a un país que
se ha dejado clientelizar con el dinero generado por el
petróleo. Para eso ha repartido plata a montones entre sus
simpatizantes y adeptos. A estos hay que exigirles que
permanezcan callados, que no protesten, que vean para otro
lado cuando de corrupción se trata. A la sociedad -a través
de la manipulación y el descaro- hay que convertirla en
cómplice de las fechorías de los funcionaros o sus
interpuestas personas.
En la misma línea, pero visto
desde otro ángulo, el affaire del maletín evidencia que el
Gobierno no está interesado en combatir la corrupción
administrativa. Por eso trata de convertir el incidente en
un hecho menor provocado exclusivamente por la gigantesca
presencia de los medios informativos. Para Chávez, salvo
ocasionales saludos a la bandera, el morbo de la corrupción
carece de significado. Desde comienzos de su gestión el
libertinaje ha campeado en la administración pública. El
Plan Bolívar 2000 fue célebre, no por las obras que ejecutó
para los pobres, sino por la cantidad astronómica de dinero
que circuló sin ningún tipo de controles. De ese volumen una
buena parte fue a parar a los bolsillos de sus conductores y
administradores. Tanto fue el despilfarro y la impudicia que
le mismísimo Clodosvaldo Rusián llegó a declarar que ese
dichoso plan era inauditable. Por supuesto que los autores
del saqueo, fundamentalmente militares, nunca aparecieron.
El Fondo Único Social (FUS) fue disuelto, luego de un sonoro
fracaso como órgano promotor de los equilibrios sociales,
pero no sin antes haber consumido centenas de miles de
millones de bolívares cuyo destino nunca se supo. Los
negociados y comisiones abundaron, aunque jamás se acusó ni
apresó a nadie por el asalto. El Banco Industrial de
Venezuela es otra caja negra que ha quebrado varias veces
sin que aparezca nadie como culpable del despojo. Pareciera
que en la revolución es lícito robar. La honradez es un
valor burgués.
Finalmente, la desfachatez del
Gobierno está directamente relacionada con la debilidad e
impotencia de la sociedad en general y de la oposición en
particular. Los oficialistas se permiten actuar con absoluto
descaro porque están convencidos de que su arrogancia no
tendrá consecuencias políticas significativas: el presidente
Chávez mantendrá su popularidad incólume, el Gobierno no
saldrá ni siquiera maltrecho a pesar de la red de
complicidades que se asoman, PDVSA y su presidente, Rafael
Ramírez, no serán investigados ni sancionados, y todo no
pasará de ser un trance incómodo provocado por la prensa
argentina y los medios de comunicación venezolanos.
Representa la impostura típica
de quienes creen que el poder es perpetuo. Eso creían
Milosevic, Hussein, Pinochet y otros miembros de la misma
cofradía. Sin embargo, ni los clanes ni sus jefes son
eternos.
tmarquez@cantv.net