Los
alabarderos del régimen se ufanan de la, según ellos, amplia
e irrestricta libertad de expresión que existe en la
Venezuela de Hugo Chávez. De paso, acusan a la oposición de
intransigente y desleal porque no admite que el Gobierno, en
sus casi nueve años de ejercicio, ha respetado con celo
franciscano ese derecho constitucional. Lo que ocurre,
insisten, es que la oposición confunde libertad con
libertinaje e injuria, y esto último no puede admitirlo la
revolución. A partir de este enfoque justificaron en su
momento la aprobación de la Ley Resorte y, ahora, el cierre
arbitrario de RCTV. Si no existiese ese margen tan generoso
de amplitud, señalan, no operaría Globovisión, ni habría la
posibilidad de escuchar los punzantes comentarios de Marta
Colomina o leer los agudos análisis de Armando Durán, por
ejemplo. Ocultan ex profeso el hecho de que el régimen,
además de que no ha podido silenciar la vocación
contestataria del país, necesita mantener esa fachada
tolerante por razones endógenas y geopolíticas. De allí que
le resulte indispensable al jefe de Estado la existencia de
esos islotes de libertad y esas personalidades valientes que
asumen públicamente la lucha frontal contra el “proceso”.
El proyecto totalitario de Hugo
Chávez, desde su nacimiento ha tenido que lidiar con el
problema de la libertad de comunicación. El comandante busca
el poder absoluto, pero ¿qué hacer en un país donde el
antiguo golpista pudo transmitir en vivo y directo a través
de los medios informativos, y sin ninguna restricción
previa, el mensaje en el cual admitía su derrota militar,
pero quedaba proyectado como figura nacional?; ¿cómo actuar
en una sociedad que condenó a un Presidente de la República
luego de una denuncia que apareció por primera vez en un
periódico? El dilema no le ha resultado sencillo de
dilucidar.
El reto se lo han planteado en
los siguientes términos: ¿cómo imponer una nueva hegemonía,
cuyo norte reside en aplastar la democracia en todos los
terrenos, sin destruir completamente la libertad de
expresión, uno de los signos emblemáticos del sistema
democrático? La respuesta que le ha dado a esta disyuntiva
cubre un amplio espectro que va desde el terrorismo de
Estado, con la subsiguiente intimidación y chantaje a
periodistas, editores y dueños de medios, hasta el cierre de
RCTV, la compra y estatización de diarios, emisoras de radio
y estaciones de televisión. Salvo asesinar comunicadores,
como ocurre en otras latitudes, todas las demás acciones que
conducen a coartar la libertar de prensa han sido ensayadas.
El artículo 57 de La
Constitución de 1999 consagra la libertad de pensamiento,
ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante
cualquier otra forma de expresión. Para ello se puede hacer
uso de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que
exista la censura. Muy bien. Amparados en estos preceptos,
en 2004 casi 3 millones y medio de venezolanos pidieron con
su firma la realización del referendo revocatorio. La lista
de esos nombres cayó en manos del diputado Luis Tascón. A
partir de ese momento se transformó en el instrumento de
persecución política, discriminación y exclusión más
pavoroso que haya conocido el país. El ejercicio de un
derecho se convirtió en la tumba de millones de personas que
desde aquel momento perdieron sus empleos, o no pudieron
trabajar o contratar más con organismos del Gobierno.
Dotado de la poderosa chequera
petrolera, el régimen decidió conquistar la “hegemonía
comunicacional” de la que habla Andrés Izarra, a partir de
la clausura de RCTV y su sustitución por TVES, y de la
modernización y ampliación de la señal de Venezolana de
Televisión y de VIVE TV. Además controla La TELE. A estas
plantas que funcionan como instrumentos de propaganda del
Gobierno, hay que agregar la sospechosa neutralidad de
Venevisión y Televén, que guardan un cómplice silencio
frente a los desbarros y graves desaciertos del Gobierno. En
el campo de las señales televisivas el teniente coronel
cuenta con el abierto apoyo o la discreta colaboración de la
mayoría de las estaciones que operan en el país. En las
estaciones que integran su feudo no existe libertad de
expresión. Se entronizó el pensamiento único.
En la esfera de las
comunicaciones radiales ha ocurrido un fenómeno parecido. La
mayoría de las emisoras que transmiten en ampliación
modulada, AM, tanto en Caracas como en la provincia, han
pasado a manos del Gobierno. A este volumen hay que añadir
las radios comunitarias, que si bien poseen un alcance
limitado y muy poca audiencia, reciben respaldo financiero
del sector público para que funcionen como amplificadores de
la política oficial.
Con la misma fuente de
petrodólares el régimen ha comprado algunos periódicos, como
el Diario de Caracas, reconvertidos en pasquines al servicio
del “proceso” y que se distribuyen gratuitamente en sitios
de alta concentración, como el Metro de Caracas. Además el
Gobierno financia a VEA, su órgano escrito oficial, y
estableció una alianza con la Cadena Capriles, lo cual
permite que un periódico de tanto arraigo popular como
Últimas Noticias, se haya convertido en el órgano oficioso
del Gobierno.
Aunque el terrorismo de Estado
forma parte del diseño adoptado por el Hugo Chávez para
cercenar la libertad de expresión, conviene entender que la
estatización y gubernamentalización en gran escala de los
medios de comunicación, forma parte esencial del propósito
orientado a destruir la democracia y la oposición,
preservando la fachada de libertad que en la actualidad
exigen los organismos multilaterales y la comunidad
internacional globalizada.
En todos los medios del régimen, como diría Zapata, eres
libre de expresarte sólo si piensas como el comandante. Es
decir si eres rojito rojito.
tmarquez@cantv.net