En
el país escasean la carne de res, los huevos, el azúcar y la
leche, entre muchos otros productos. Frente a este hecho
evidente el Gobierno responde, a través de su ministro de
Agricultura y Tierras, sociólogo Elías Jaua: “No pretendan
ocultar las intenciones de esta campaña de desestabilización
sobre una supuesta caída de la producción”. En las palabras
del funcionario hay una clara referencia a los medios de
comunicación que han destacado la noticia. Jagua, basándose
en el alto poder adquisitivo de la gente, dice que los
medios opositores se han puesto de acuerdo para inducir un
consumo nervioso de alimentos, lo cual ha terminado por
vaciar los anaqueles de los establecimientos comerciales y
crear un cuadro ilusorio de escasez. Es decir, el déficit de
los bienes en los mercados populares, abastos y
supermercados es causado por los periódicos, radio y
televisoras interesadas en sembrar incertidumbre y
deteriorar la imagen del Gobierno.
Extraña forma de razonar la del
Ministro, pues los expertos en la materia, a través
precisamente de los medios de información, le han advertido
con insistencia al Gobierno que la falta de alimentos
resulta inevitable en la medida en que persistan los
factores que desestimulan la inversión particular en el
campo. La lista es larga: ataques a la propiedad privada e
inseguridad jurídica, amenazas constantes de invasiones y
expropiaciones a los hatos y haciendas más productivas,
control de precios sin revisiones periódicas, severas
restricciones a las ganancias de los empresarios del campo
(venta por debajo de los costos de producción), existencia
de cooperativas y empresas de cogestión y autogestión
ineficientes, desarrollo endógeno desconectado de la
globalización y de la aplicación de los principios basados
en las ventajas comparativas, falta de asistencia técnica y
financiera oportuna a los productores agrícolas, estimulo a
la economía de puertos. Todos estos factores, que combinados
explican la precaria situación del agro, son ignorados por
Jagua. Su crítica se dirige hacia quienes están
comprometidos a informar con objetividad sobre lo que ocurre
en el país, no a quienes están obligados a aliviar los
cuellos de botella.
Ese estilo que consiste en
ocultar y desviar la atención, para luego justificar las
acciones (u omisiones) oficiales, se ha puesto de moda entre
los funcionarios del Gobierno. En días recientes, con motivo
del lamentable asesinato del actor Yanis Chimaras, el
ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, en sus
primeras declaraciones a la prensa sugirió que ese horrendo
crimen podría haber sido obra de un diabólico plan fraguado
por la oposición, pues le parecía muy extraño que siendo
Chimaras proclive al oficialismo, su muerte ocurriera solo
unos días después de que un dirigente de los motorizados,
también chavista, hubiese perdido la vida en un atraco. El
ministro Carreño dejaba de lado que cuando se cometió el
crimen de Chimaras, los delincuentes estaban saliendo de una
casa donde habían perpetrado un secuestro. O sea, ya habían
cometido un delito. En vez de reconocer que existe un
gravísimo problema de inseguridad personal en la nación, que
cobra la vida de miles de personas al año, el funcionario se
preocupa es por descalificar y arremeter contra los
opositores. En realidad los funcionarios no gobiernan,
agraden.
Volviendo al tema de la escasez,
las opiniones del ministro de Agricultura y Tierras revelan
su ignorancia y desconexión con los nudos críticos del campo
venezolano. Lamentablemente el distanciamiento de la
realidad no es exclusivo de ese funcionario, más bien
constituye una característica muy común y acentuada del
Gabinete actual. Hasta 1999 los ministros del área económica
eran seleccionados, sin duda, por sus simpatías con el
Gobierno y con el Presidente de turno; sin embargo, a ellos
no se les pedía adscripción total al Gobierno o a su
partido, y mucho menos renuncia a sus propios criterios
profesionales. Privaba aquello que los griegos llamaban
autoritas: la autoridad basada en el prestigio y el saber.
Por ejemplo, el ministro de Agricultura solía ser alguien
ligado a la tierra. Una persona que conocía los problemas
típicos del área, con capacidad para diagnosticar el cuadro
clínico y sugerir terapias. Lo mismo ocurría con quienes
ejercían el ministerio de Fomento o de Finanzas. Se
buscaban, al menos, dos objetivos: primero, que las
simpatías políticas se combinaran con sólidos conocimientos
técnicos y profesionales; segundo, que los diversos sectores
nacionales estuviesen representados en el Gabinete
Ejecutivo; que el Gobierno fuese realmente de carácter
Nacional.
Para infortunio del país esta
visión caracterizada por la amplitud se ha perdido. Los
méritos profesionales, la experticia, el conocimiento
previo, los criterios propios, la autoritas, han sido
sustituidos por la sumisión incondicional al proyecto
político del Presidente de la República. La meritocracia, en
el sentido estricto de la expresión, ha sido desterrada del
Gabinete. Ahora hay que ser socialista del siglo XXI y
rendirle culto a la personalidad del jefe de Estado.
Las consecuencias de este
desbarro las estamos sufriendo. En medio de la mayor bonanza
petrolera de la historia nacional, PDVSA no tiene cómo
financiar las cuantiosas inversiones que exige el incremento
de la producción petrolera, hay escasez de alimentos, el
aparato industrial no se expande ni fortalece, el empleo
formal no aumenta, Venezuela recibe casi tantas inversiones
extranjeras como Haití, a pesar de sus hipotéticas ventajas.
La oportunidad de crecer y desarrollarnos el Gobierno la
está desperdiciando.
tmarquez@cantv.net