El
teniente coronel Hugo Chávez Frías dio la orden de aprobar
cuanto antes el proyecto de reforma constitucional redactado
por él con la diligente coautoría de la Asamblea Nacional, y
ya todas las instituciones del Estado revolucionario
bolivariano (pobre Bolívar) se alinearon para decir que el
referendo aprobatorio se efectuará en diciembre próximo. En
la democracia “participativa” y “protagónica” proclamada en
la Carta del 99, se les pretende negar a venezolanos la
oportunidad de que se informen, discutan, analicen y
extraigan sus propias conclusiones, en torno a una
proposición que busca modificar drásticamente el perfil del
sistema político, pues acaba con la democracia y la
sustituye por una autocracia conducida por un caudillo que
evoca el siglo XIX con toda su carga de estatismo,
personalismo, centralismo y militarismo.
La obediente diputada Cilia
Flores, presidenta del Parlamento, dice que la consulta hay
que hacerla en diciembre porque ya el pueblo soberano fue
amplia y suficientemente consultado. A través del
parlamentarismo de calle se auscultó la opinión de 84.000
personas que expresaron su punto de vista, por supuesto
favorable, en torno a las modificaciones. Esa cifra, según
Flores, es suficientemente representativa del universo de
votantes. Apartando el hecho de que esos ciudadanos
pertenecen a las filas del oficialismo, hay que recordarle a
la parlamentaria que ese número resulta infinitesimal al
comparárselo con el Registro Electoral Permanente, compuesto
por más de 16 millones de electores. En otros términos,
suponiendo que los dígitos proporcionados por la diputada
fuesen ciertos, la máxima representante del Parlamento,
órgano de representación popular por excelencia, considera
que haber explorado el parecer de 0.52% de los votantes, es
suficiente para someter a consideración un proyecto de
cambio constitucional que modifica la vida de 100% de los
venezolanos (electores y no electores).
Por su parte Tibisay Lucena,
presidenta del Consejo Nacional Electoral, señaló que este
organismo no tiene atribuciones para modificar la fecha del
referendo, y que este se hará cuando lo indique la AN, o sea
Chávez. Los recursos introducidos por COPEI ante el Tribunal
Supremo de Justicia y la petición de los estudiantes a la AN
para que se postergue la fecha del referendo consultivo,
seguramente serán ignorados. Ninguna institución se atreverá
a desafiar la voz del comandante. Su ira haría rodar las
cabezas de sus monaguillos. Entonces, lo más probable es que
el referendo consultivo se convoque para diciembre.
¿Por qué tanto apuro?, ¿la
“mejor Constitución del mundo” no será perfeccionada por
esos genios del constitucionalismo moderno que son Hugo
Chávez y Carlos Escarrá?, ¿por cuál motivo unos cambios tan
positivos no pueden esperar unos meses para que la gente los
acaricie y se familiarice con ellos?, ¿a qué le temen Chávez
y sus lugartenientes?
Por primera vez desde comienzos
de 2004, una iniciativa promovida por Hugo Chávez se
encuentra en minoría entre las preferencias de la población.
Algunos aspectos de la reforma, especialmente el referido a
la propiedad privada, causan enorme malestar entre los
sectores que tradicionalmente lo han respaldado. Además,
como dice Gerardo Blyde, a medida que la gente conoce más
detalles del proyecto constitucional, más se desencanta de
él y más temores le asaltan. Este hecho lo conoce el
Gobierno, he aquí uno de los motivos de la premura: hay que
imponer el esquema cubano, el neocomunismo, antes de que la
gente se informe bien y cobre plena conciencia de que lo que
se busca es aproximar el “mar de la felicidad” a las costas
venezolanas. Todavía el rechazo que los pobres sienten por
el comunismo es muy alto. Conviene disimular las
intenciones.
Por otra parte, el Gobierno sabe
que su incompetencia es proverbial y que el precio del
barril de petróleo no puede aumentar al mismo ritmo que su
ineficacia y la corrupción generalizada, por lo tanto, debe
procurar reducir el plazo para la aprobación de los cambios.
Allá los ingenuos que piensen que el Gobierno está
interesado en que las reformas se conozcan. Chávez no sabe
qué pasará con la reconversión monetaria. No puede prever
con exactitud cuál será la reacción de los desamparados
cuando comiencen a cobrar 300 ó 400 bolívares por quincena
(los más afortunados), mientras el Gobierno le transfiere
diariamente a Cuba decenas de millones de dólares para
mantener una dictadura tan oprobiosa como la del doctor
Castro Ruz. Chávez está preocupado por lo que pasará con los
jubilados cuando empiecen a percibir cheques o depósitos por
600 bolívares, cuando a Evo Morales se le entregan también
millones de dólares para mantener la quimera de una
revolución bolivariana continental. Los más necesitados
podrían comenzar a cuestionar el hecho de que se les
empobrezca, mientras el dinero que les pertenece sale en
maletines hacia todos los lugares del mundo, menos hacia sus
humildes bolsillos. No es por casualidad que la propaganda
del Gobierno insista en la eliminación de los ceros solo en
lo que se refiere a los precios de los productos, no a los
ingresos con los que obtienen esos productos. Esa veta
habría que explotarla.
En esta escueta revisión hay que
anotar la inflación, el desabasteciendo, la escasez de
productos básicos como la leche, la inseguridad personal, el
caos urbano y la larga cadena de taras que azotan a los
venezolanos, en primer lugar a los más vulnerables. Todos
estos lunares no pueden ocultarse, a pesar de que los
precios del crudo crezcav como la espuma.
Al descontento popular, a la desobediencia civil, a su
propia ineptitud, le tiene pánico Chávez, por eso plantea
sancionar la reforma cuanto antes. Para mantener las
apariencias, prefiere implantar el neocomunismo mediante los
votos, antes que a través de los fusiles. Pero si es
necesario no dudará en utilizar los Kalashnikov.
tmarquez@cantv.net