La apuesta fundamental es que hay que innovar o la democracia retrocederá. La desconfianza en la política hay que vencerla y ello pasa por la formación de ciudadanos y por darles a esos ciudadanos un poder que exceda la simple participación electoral. De allí proviene la idea de Pierre Rosanvallon, acogida por Segolène Royal, de  crear los “jurados de ciudadanos”. Varios lectores me han pedido que les informe en que consisten. En el fondo es sencillo, pero, admitámoslo, un riesgo, como todo lo que implica la democracia. En un municipio se sortean digamos 50 ciudadanos entre los residentes (contados los eternos excluidos, estudiantes, inmigrantes, etc.) que se dedicarán a estudiar la acción de su Alcalde. Revisarán cuentas, proyectos, ofertas, realizaciones, capacidad administrativa, entre todos los análisis que se pueden hacer, y evitarán un veredicto, por supuesto no vinculante, pero de un peso moral fuerte. Para cumplir su trabajo recibirán un salario y podrán tener asesores contables, especialistas en los diversos ramos, y un tiempo determinado para entregar su informe. Lo mismo es aplicable a parlamentarios, ministros, funcionarios en general. Y también, para aumentar el control social, sobre leyes, reformas, políticas, es decir, sobre todos los asuntos de interés nacional. 

La reacción de los políticos tradicionales ha sido tajante: eso es populismo, han dicho. Se establece una desconfianza, han añadido. Francia se deshará, han profetizado. La desconfianza en los políticos es clave en la presente crisis, qué duda cabe, mientras esta medida daría una extensa participación a la gente en el control de la gestión pública. La señora Royal ha añadido la necesidad de crear un “Estatuto del cargo electo” que obligaría a la rendición de cuentas y a un control efectivo. 

El segundo pilar para los cambios sería el establecimiento de una democracia social bajo el precepto de un sindicalismo de masas, complementario de las propuestas anteriores. 

Mientras tanto el Ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, fijaba las fechas, unas en las que es posible que él mismo se enfrente al candidato socialista: 22 de abril de 2007 para la primera vuelta y el 6 de mayo para la segunda; las legislativas entre el 10 y el 17 de junio. 

El debate francés merece atención más allá de si la señora Royal gana la candidatura socialista y, luego, la presidencia. Es obvio que lo interesante en grado sumo es que gane y comience a implementar sus ideas, pero, aún en caso de derrota, Francia ha debatido sobre aspectos fundamentales de lo que debe ser un empujón hacia una democracia del siglo XXI y, en consecuencia, la lección quedará allí para quien quiera aprenderla. Es extremadamente difícil hacerle entender a los políticos tradicionales la necesidad de dejar volar las ideas. A la señora Royal ya le han endilgado precisamente eso, que sólo tiene ideas, como si gobernar fuese un acto mecánico desprovisto de capacidad imaginativa. 

Los cambios hacia una democracia del siglo XXI implican, a mi entender, meter el análisis en todos los conceptos, inclusive el de libertad. Hemos venido entendiéndola como la posibilidad de hacer todo lo que la ley no prohíba o lo que no dañe los intereses de los terceros y colectivos o la posibilidad de opinar y de expresarse libremente o de postular o ser postulado a los cargos de elección. La libertad debe implicar la capacidad de controlar efectivamente a los elegidos para desterrar los vicios de la democracia representativa, de organizarse en lo que la señora Royal llama “sindicalismo de masas” y en otro que no proviene de mi condición de poeta, proviene de mi condición de político ciudadano, y es el de la capacidad de imaginar, pues esta última nos permite convertir la democracia en un campo permanente de crecimiento de la libertad misma. El clima de lo que me propongo denominar la “libertad creativa” impide la conversión de la democracia en un campo estéril agotable como un recurso natural no renovable cualquiera, para hacerlo un recurso natural renovable.  

Pero, como lo diría Jacqueline Farías, la notable Ministra del Ambiente, una de las pocas funcionarias capaces de este gobierno, lo renovable es preferible no destruirlo. El principal partidario de la destrucción es el grupo de políticos tradicionales que se niegan a regar la planta o a abonarla, pretendiendo que la planta es así y no se le debe intervenir. Los conceptos de derecha e izquierda han variado. Para mí de derecha es el que se niega a la renovación de los conceptos democráticos, así se proclame socialista o radical. De izquierda somos los que tratamos de empujar la democracia hacia las nuevas formas de un nuevo tiempo, aunque crea en el mercado y en las virtudes del capitalismo. Establecida esta odiosa dicotomía entre izquierda y derecha, sería bueno, casi como una anotación al margen, recordarles a algunos que no hay nada que se parezca más que una centroizquierda buena y una centroderecha buena. 

Tenemos, pues, que ensanchar la “libertad creativa”, la intervención directa de los ciudadanos en el control de la gestión pública y la organización social de masas en nuevos tejidos, lo que, provisionalmente, llamaremos “sindicalismo de masas”. Todo como una forma de restablecer las instituciones de intermediación entre el poder y la sociedad, cuya pérdida es una de las causas fundamentales de la crisis democrática. Sabemos bien que entraron en crisis todas las instituciones que cumplían ese rol, desde los partidos hasta los sindicatos, y que los políticos pasaron a ser propiedad de los arrogantes dueños de los medios radioeléctricos. Los procedimientos que he estado mencionando restituirían el equilibrio entre un poder desbordado e inepto (que bien podría dejar de serlo) y una sociedad contralora de lo público. Venezuela no se deshará si alguien toma este camino. Se deshará si seguimos por el que vamos, uno compartido por todos, aunque parece que no lo advierten.

tlopezmelendez@cantv.net