La
política perdió, entre tantas cosas, el control de la
economía. No me refiero al Estado o a su intervencionismo
a ultranza en los procesos económicos. Me refiero a que la
democracia dejó de ser el gobierno del pueblo para pasar a
ser un sistema en el que los mercados funcionen con
libertad. La alteración del orden sí afecta al producto,
puesto que si el mercado se convierte en el mecanismo
superior de regulación social deja de ser la democracia
precondición del mercado. Ello afecta la capacidad para
la toma de decisiones, de manera que la democracia se
desdibuja y pasa a ser un añadido del mercado. El traslado
de las competencias es obvio. Hayeck
ha llegado a los extremos de autorizar una violación del
orden democrático para salvaguardar el orden del mercado.
Para decirlo de otra manera, los precios se sobreponen a
los votos. El individualismo se exacerba puesto que sería
posible disfrutar de libertad personal sin libertad
política.
El Estado no renuncia
Es necesario regular el
mercado. El Estado no puede renunciar jamás a su poder de
redistribución de la riqueza. El Estado no puede perder la
capacidad de proporcionar a la parte débil de la población
los recursos que el mercado le niega. Digamos que la
situación se plantea a la inversa: sin democracia y sin
política no puede haber capitalismo. Es en el campo de la
política donde deben definirse las condiciones del
intercambio o, en otras palabras, la política es el
espacio donde se perfecciona el orden económico, pues debe
resolver las claves del reparto. El asunto es la
satisfacción material de las necesidades humanas.
Podríamos decir que no hay identidad entre democracia y
economía de mercado, lo que hay es un conflicto a
resolver, uno más en la larga lista de la democracia.
La democracia y el
mercado: entendimiento conflictivo
El alejamiento entre política
y economía cercena la capacidad de iniciativa de la
ciudadanía en un terreno vital, pues toca sus condiciones
materiales de existencia. Hay que incentivar los
mecanismos de autogestión y cogestión, la influencia
ciudadana en la determinación del gasto público y en la
formulación de las políticas públicas.
Debemos decir que hay que
construir una convivencia articulada entre democracia y
economía, creando formas específicas de distribución de la
riqueza. Es cierto que economía y política tienden a
desconocerse, por la sencilla razón de que la economía
tiende a la obtención de una ganancia individual mientras
la política debe procurar los intereses colectivos. Hay
que lograr una convivencia entre el mercado y la
democracia. He aquí el punto focal. Se han intentado
muchas formas de lograr esta convivencia. Las diferencias
son obvias, entre el capitalismo japonés, el francés o el
alemán. Cada uno responde a características de diverso
tipo. Hay que tomar en cuenta dos elementos: el primero,
la forma en que los intereses comunes son expresados en
las instituciones del Estado y, segundo, la forma en que
las instituciones del Estado –y de la política- se ocupa
de los intereses comunes. Finalmente, cómo pueden
comprometerse en un acuerdo de entendimiento los pobres
que nada tienen. De manera que hay tres asuntos
fundamentales: integración social o democracia inclusiva
-como la llama Takis
Fotopoulos- la redistribución
de la riqueza y la creación de empleo.
De manera que se trata –como
ya se han estudiado en seminarios por toda América Latina-
de cómo construir democracia por medio de oportunidades
económicas renovadas, de las relaciones entre democracia y
estabilidad macroeconómica. Es evidente que del estado de
la política dependerán elementos como el macroeconómico,
el productivo y el social.
Democracia y ciudadanía
marchan juntas
Reaparece el concepto básico:
la economía debe estar sujeta a la política. Si bien es
cierto, como lo dijo Joseph Stiglitz-
premio Nobel de Economía 2001-
que
"no existe
un único conjunto de políticas dominantes que dé por
resultado un óptimo de Pareto,
es decir, uno que haga que todas las personas estén en
mejor situación que si se hubiera aplicado cualquier otra
política"
es obvio que el objetivo de
una buena política económica–democrática es mantener un
equilibrio entre objetivos encontrados. De allí la otra
conclusión obvia: la ciudadanía debe participar en las
decisiones económicas, como debe participar en las
decisiones propiamente políticas.
Debemos acotar, entonces, que
democracia es la extensión de igualdad jurídica o, en
otras palabras, implica el ejercicio de la ciudadanía
civil, política y social, de la cual la economía no está
excluida. Creo que todo puede enmarcarse en el concepto de
ciudadanía. La visión tiene que ser paralela; democracia y
ciudadanía como dos líneas que marchan juntas. No
olvidemos que el concepto de igualdad jurídica está
asociado al surgimiento del capitalismo moderno. La
disputa entre igualdad social y derecho de propiedad se
resuelve mediante el uso de principios jurídicos como la
expropiación para fines de utilidad pública y el
mantenimiento de medidas sociales redistributivas que
atacan la desigualdad producida por el mercado. De esta
manera, en una democracia del siglo XXI la equidad social
debe ser vista como expresión fundamental de los
propósitos colectivos y, por tanto, de la cohesión social.
Es obvio que la admisión del concepto y su declaración a
rango constitucional no garantiza
su cumplimiento. No olvidemos la contrapartida que debe el
cuerpo social que adquiere responsabilidades y
obligaciones. Sin ello estaríamos ante un caso flagrante
de populismo. Y una de esas contrapartidas, aparte de
producir, es la de participar en lo político. Estos
elementos constituyen en sí y
per
se lo que denominamos desarrollo. Para decirlo
más claramente, el proceso económico debe estar sujeto al
logro de los objetivos sociales. Lo que se ha denominado
“Estado de bienestar” tiene infinitas variantes. En este
sentido la palabra endógeno es consecuente con estas
ideas. Este desarrollo tiene que tener origen interno. No
podemos seguir viendo “economía de mercado” e
intervencionismo estatal como antagonistas. El
establecimiento de reglas macroeconómicas claras no es
contrario al crecimiento democrático. Ni podemos permitir
la caída en un populismo económico, entendiendo este
último como la generación de prosperidad transitoria o el
uso de promesas de bienestar social como instrumento de
movilización de masas. Hay que garantizar la propiedad,
una distribución equitativa de los ingresos, el proyecto
social gubernamental y el funcionamiento del mercado y,
obviamente, el manejo de los inevitables conflictos. Así
como hay que corregir las fallas del mercado hay que
corregir las fallas del gobierno (clientelismo,
corrupción, despilfarro) y ello sólo se puede lograr
mediante la creación de una alta densidad institucional
democrática diseñada sobre la bases de la responsabilidad
ciudadana. Siempre encontramos lo mismo: la crisis se debe
a la sustracción de contenidos básicos a la política. No
puede lograrse el desarrollo social sin incidir sobre el
mercado.
Los
procomún:
espacios sin fines de lucro
Yochai
Benkler (profesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Yale (EE.UU.)
utiliza con acierto la expresión
“economía política del
procomún”. Para él, procomún son espacios en
que se puede practicar una libertad respecto a las
restricciones que se aceptan normalmente como
precondiciones necesarias al funcionamiento de los
mercados, lo que no significa que sean espacios
anárquicos. Significa que se pueden usar recursos
gobernados por tipos de restricciones diferentes a las
impuestas por el derecho de propiedad.
“El procomún es un tipo particular de ordenación
institucional para gobernar el uso y la disposición de los
recursos. Su característica prominente, que la define en
contraposición a la propiedad, es que ninguna persona
individual tiene un control exclusivo sobre el uso y la
disposición de cualquier recurso particular. En cambio,
los recursos gobernados por procomún pueden ser usados
por, o estar a disposición de, cualquiera que forme parte
de un cierto número de personas (más o menos bien
definido), bajo unas reglas que pueden abarcar desde `todo
vale´ a reglas formales
finamente articuladas y cuyo respeto se impone con
efectividad”. Lo que propone es la posibilidad
de existencia de propiedad común en un régimen de
sostenibilidad y con mayor
eficiencia que los regimenes de propiedad privada. Para él
la web es un caso ejemplar de
procomún. Allí podemos encontrar infinidad de
organizaciones sin fines de lucro que utilizan Internet
para proporcionar información e intercambio.
“Permite el desarrollo de
un papel sustancialmente más expansivo tanto para la
producción no orientada al mercado como para la producción
radicalmente descentralizada”.
Benkler cree posible una
transición desde una sociedad de consumidores pasivos que
compra lo que vende un pequeño número de productores
comerciales hacia una sociedad en la que todos puedan
hablar a todos y convertirse en participantes activos.
La democracia inclusiva
Esta tesis tiene perfecta
concordancia con la que sostiene
Takis Fotopoulos
analizando la crisis de la democracia como el efecto de
una concentración de poder. Propone como solución una
democracia inclusiva. En mi criterio es precisamente lo
que debemos hacer en los términos de la relación que
describo: marchar hacia una economía inclusiva.
Fotopoulos (editor de la
revista “Democracy&Nature y
profesor de la Universidad de North
London, aunque griego de
nacimiento) presenta su proyecto como uno de modificación
de la sociedad a todos los niveles, en el sentido de que
la gente pueda autodeterminarse, lo que implica la
existencia de una democracia económica. Si bien no
comparto algunas ideas del profesor
Fotopoulos sí me gusta el contexto general
inclusivo, específicamente el tema de la democracia a
nivel social o microsocial
(lugar de trabajo, hogar, centro educativo), no como
espacio anárquico de falsa igualdad, sino como la
expresión básica del ejercicio democrático pleno. Para
Fotopoulos el asunto es buscar
un sistema que garantice las necesidades básicas y, al
mismo tiempo, garantice la libertad de elección propia del
mercado. De este planteamiento lo que me interesa es la
idea de la construcción de instituciones alternativas y la
expectativa de una transición que mantenga ambos elementos
con vida. A Fotopoulos sus
ideas se le van de las manos –creo- pero es innegable que
su aporte –compartido a medias- es interesante en la
búsqueda de posibilidades de construcción de una sociedad
más equilibrada.
Se pueden utilizar expresiones
diversas -“economía social de mercado” o “economía con
rostro humano”, por ejemplo- pero el punto focal es que
una democracia del siglo XXI no puede estar divorciada de
los resultados económicos, en el sentido de la consecución
de una justicia social mediante la redistribución de la
riqueza y que la política contiene en sí a lo económico,
no lo económico a lo político, lo que quiere decir que la
democracia asume la búsqueda del nuevo equilibrio y niega
la preponderancia del mercado reasumiendo su función de
condición esencial para el desarrollo de una economía al
servicio del hombre.
tlopezmelendez@cantv.net