El costo humano
y social ha sido muy grande. Asaltos a mano armada en plena
calle. Homicidios perversos donde aparece la autoridad
pública involucrada. Golpes tipo comando en plena ciudad.
Personas atracadas en la vía pública, y/o asesinadas
alevosamente en las puertas de sus casas o al transitar con
su vehículo. Viviendas y comercios robados en reiteradas
oportunidades. Robos al ir al mercado o salir de un banco,
en los que asoma el perfil de un submundo delictivo. En lo
cotidiano dos nuevas modalidades delictivas de estremecedora
perversidad -dispuestas a radicarse entre nosotros- el
secuestro y el sicarito. Pero aún hay más, a lo enumerado
hay que sumar dos factores pavorosamente corrosivos. Por un
lado la falta de confianza pública en las fuerzas
policiales, que aparecen penetradas por la corrupción. Por
el otro, pura y simplemente, lo siguiente: el sentimiento de
desprotección que suscita preocupación en la ciudadanía,
ante un poder judicial que esta degradando la administración
de justicia y no garantiza la vigencia del Estado de
Derecho.
El delito se
extiende, encontramos a jóvenes, adolecentes y hasta niños
sumergidos en el mundo de la droga, el robo y el crimen. Con
ese panorama, es comprensible que el ánimo colectivo de los
venezolanos este invadido, en estos momentos, por el
desconcierto o la angustia. Una nación que no confía en la
justicia, en sus jueces y en sus fuerzas policiales se
siente al borde de un abismo. La seguridad-al igual que la
educación y la salud-no debe ser terreno para las
improvisaciones. Debe ser una política de Estado al servicio
de la sociedad.
Las recetas
erráticas y coyunturales que ha puesto en práctica el
régimen que preside Hugo Chávez para lograr la seguridad
ciudadana no solucionan ni siquiera parcialmente el
problema. El ciudadano reclama seguridad personal y
jurídica. Pide políticas de Estado; política integral de
seguridad. Esta política integral de seguridad deberá
basarse en tres pilares esenciales: la prevención, el
control y la sanción. Para ello se impone la relación entre
Estado y sociedad para generar compromisos y alianzas entre
los diversos actores sociales.
La problemática
de la seguridad debe ser abordada de manera conjunta por el
Estado nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos
municipales. Si en algo se impone un esfuerzo compartido,
más allá de rivalidades personales y políticas, competencia
electoral y egoísmos de cualquier tipo, es el tema de la
seguridad. El dolor de una sociedad que gime ante la
tragedia que vivimos los venezolanos no admite que se haga
política con la seguridad. En esto, también, Chávez ha
fracasado. Tiene mucho que ver con la sordidez y la grandeza
del poder.
sxmed@hotmail.com