¿ SE HARA
JUSTICIA ?
Viernes, 19 de Julio 2002
No cabe duda que en medio de la nebulosa
institucional en la que ha tratado de sobrevivir
nuestra democracia en los últimos 3 años; el acto
en el que se llevó a cabo la audiencia preliminar
sobre el antejuicio de mérito a los oficiales
disidentes involucrados en los sucesos políticos del
11 de abril; constituyó un ejercicio democrático
tan enorme como indispensable en estos tiempos en que
se pretende aplicarle la eutanasia a nuestras
instituciones.
Lo que
observamos ese jueves 18 de julio no era un juego de
fútbol, ni una emisión del programa quien quiere
ser millonario, ni mucho menos un aló presidente. Se
trataba entre otras cosas, de la presentación a la
prensa de una de las bondades y cambios básicos del
vilipendiado COPP; el cual además de consagrar los
juicios orales - paradójicamente inexistente en un
país plagado de habladores -, nos mostró que el
máximo tribunal de justicia es capaz y tiene
potestad para enjuiciar por igual a civiles y
militares. ¿ Recuerda alguien haber visto tantos
militares uniformados ante un tribunal civil?
Abrió
la sesión un Fiscal General con voz temblorosa
quizá como un reflejo natural a su ineludible
complicidad en los sucesos del 11 de abril; aportó
pruebas de una debilidad tan solo comparable con el
raquítico espíritu democrático del presidente
Chávez. Isaías Rodríguez se comportó como un
defensor "ad litem" de esos que sobreviven
con un salario mínimo, y prestan un servicio mínimo
rutinario; en virtud de ese pobre espíritu
jurídico, y como si no hubiera sido suficiente el
Fiscal; ya para finalizar la audiencia al momento de
ejercer su derecho de réplica invocó la doctrina
suramericana sobre rebelión militar, citando solo la
línea o palabra, que él pretendía se ajustaba a su
ponencia. ¡qué irrespeto! tanto para la defensa de
los imputados, como a la majestad misma de los
magistrados.
Así
las cosas, los militares involucrados en los sucesos
del 11 de abril, en el ejercicio de unas capacidades
oratorias exiguas - propias a su profesión - sin
embargo, lograron uniformar su defensa en el hecho
que el Fiscal General no presentó pruebas
incriminatorias, así como también hicieron un
férreo bloque al alegar que su disidencia no
constituyó bajo ningún caso, ni circunstancia
rebelión militar.
A
éstas alturas de la audiencia, se escucharon
aplausos en la sala - como quien aplaude el himno
nacional -, los cuales hacían evidente la poca
familiaridad del público con el protocolo, las
normas y costumbres propias de estos actos. En
revancha, se entiende perfectamente que ese público
caribeño, acostumbrado tan solo a escuchar en los
últimos años citas bíblicas, aderezadas con
amenazas y musicalizadas a ritmo marcial; no pudiera
ocultar su satisfacción al escuchar citas claras y
textuales de nuestras leyes, jurisprudencia y
doctrinas.
En ese
sentido habían ya entrado en escena, los respectivos
abogados defensores, quienes con aventajadas
capacidades oratorias - propias a su profesión - y
apoyados en la doctrina y la jurisprudencia, trataron
de demostrarle a los magistrados que sus defendidos
al desobedecer órdenes superiores, buscaban evitar
una masacre; al tiempo que habrían buscado - los
militares - restaurar la paz luego del vacío de
poder, anunciado por Lucas Rincón. Entre los
defensores cabe destacar la actuación de René Buroz
Arismendi, éste veterano abogado, experto en materia
militar y que en una época asistió a toda una saga
de ex Ministros de la Defensa, los cuales tenían en
común el hecho de haber sido acusados por actos de
corrupción durante sus respectivas gestiones en la
IV República; el abogado Buroz sigue siendo fiel a
su estilo efectivo, coherente y convincente en cuanto
a la forma; pero en detrimento del fondo cuando
reclamaba el incumplimiento del Fiscal General de los
requisitos básicos de procedibilidad para intentar
el antejuicio de mérito.
Una
vez declarado concluido el acto, y ante la sorpresa
que constituyó el hecho que los magistrados se
abstuvieran de ejercer el derecho de repreguntar a
las partes, nos hacemos la pregunta si ello se debió
a que a los magistrados les quedó todo claro y en
ese orden ya tienen un criterio formado ajustado a
derecho; o ajustado a los intereses y humores de
Miraflores.
En mi
deslengüe habitual, llegué en una ocasión a
considerar al actual TSJ como un club de jalabolas de
la tercera edad jurídica; ojalá me haya equivocado
- no será la primera vez - con la esperanza que en
estos 5 días hábiles de que disponen los
magistrados para decidir si procede o no el
antejuicio contra los oficiales; a dichos magistrados
los sobrecoja un sentido arqueológico, jurídico e
institucional que los ilumine y los lleve a ejercer
tal y como les corresponde la máxima representación
del Poder Judicial, controlando de acuerdo con la
Constitución y las leyes, la constitucionalidad y
legalidad de los actos del Poder Público.
luisdelion © 2002
