Tan mal se le presentan al Régimen las votaciones del 15 de febrero y tan importantes son para sus planes esas elecciones, que ha considerado necesario utilizar abiertamente el recurso del terror. Sabe que entra en un camino peligroso, pero el rechazo a la reelección indefinida es de tal magnitud, que ha decidido pagar el precio.

Como los militares se niegan a intervenir en cualquier situación que pueda llevarles a disparar contra ciudadanos venezolanos, el Régimen ha movilizado bandas reclutadas entre los malhechores de la ciudad, a quienes ha armado a la manera como Hitler armó a los "camisas pardas" del capitán Röhm. En una segunda línea actúa la Policía Metropolitana, cuerpo municipal que en previsión de tales fines fue con anterioridad sustraída de su jurisdicción -la Alcaldía Metropolitana-, y puesta bajo el mando del Ejecutivo Nacional, a fin de usarla como tropa de asalto contra los civiles.

La meta inmediata de las acciones terroristas es impedir que se realicen manifestaciones de calle, evento el más temido por el Régimen, pues las Fuerzas Armadas han hecho saber, con tanta firmeza como respeto y discreción, algo que por obvio no necesitaría ser advertido: no actuarán contra movilizaciones civiles. La razón de los militares es que no están adiestrados para operar contra la población civil, sino para la destrucción de un enemigo militar armado. Si los efectivos adiestrados para destruir al enemigo actúan contra civiles, corren el riesgo de hacer bajas entre sus compatriotas, tragedia que rompería su identificación con el resto de la sociedad. Esa identificación con la comunidad humana a la cual pertenecen y que les sustentaría en caso de conflicto –por ejemplo, una invasión-, es indispensable para cumplir su específica y elevada misión constitucional, la misma que les da razón de ser como defensores de la soberanía y la integridad territorial.

Por supuesto, en el ánimo militar también opera el respeto a los derechos humanos que es preocupación básica del hombre de nuestro tiempo. Adicionalmente, hay razones sociales para quienes no pertenecen a una especie distinta del resto de sus compatriotas, sino que tienen familiares y amigos en su mayoría civiles, hijos y sobrinos que forman parte de la comunidad estudiantil, esposas y hermanos con las opiniones políticas de una clase media que las encuestas identifican como la más opuesta a la reelección indefinida y en general al establecimiento en Venezuela de un régimen como el actual de Cuba.

Es así como el amedrentamiento de la Oposición corre por cuenta de los delincuentes armados que el partido de gobierno moviliza al efecto. El funcionamiento y actuación de estos grupos terroristas bajo protección del Ejecutivo Nacional crea una situación desconcertante si se la mira con ojos medianamente civilizados. Han ocupado la sede de la Alcaldía Municipal capitalina impidiendo el acceso de las autoridades elegidas por el pueblo el 27 de Noviembre pasado. Han lanzado bombas contra representaciones diplomáticas (la de la Santa Sede), medios de comunicación (Globovisión, Zeta y El Nuevo País) y hogares de ciudadanos opuestos al Régimen (Marcel Granier). Han atacado a balazos una celebración inofensiva -el aniversario de un partido político-, secuestrando durante varias horas a los dirigentes de ese partido y a los de otras organizaciones legales que civilizadamente presentaban su saludo al cumpleañero. Han atacado con armas en la mano manifestaciones pacíficas autorizadas. En ninguno de estos casos la fuerza pública ha considerado propia la detención de los agresores, que sería inmediata en cualquier sociedad regida por leyes. Los oficiales militares han tenido que parlamentar en actitud sumisa con los delincuentes armados, rogándoles cambien de actitud e ignorando que sus interlocutores portaban armas de guerra, las cuales no se sintieron obligados a decomisar o recibieron órdenes superiores de no hacerlo. Frente a estos hechos guardan silencio los organismos públicos a los cuales la Constitución y las leyes asignan la obligación de garantizar la seguridad del ciudadano y el libre ejercicio de sus derechos legales: la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, sin hablar de los ministerios responsables de la seguridad ciudadana. No se ha investigado de dónde provienen las armas que por esas calles portan los "camisas pardas", nueva clase delincuencial que comparte con las Fuerzas Armadas el privilegio de portar armas de guerra, exhibirlas públicamente y –ya esto no tiene que ver con las F.A.- operarlas contra ciudadanos desarmados.

El propósito de este cuadro de extrema ilegalidad y de inseguridad pública es disuadir cualquier expresión de disgusto ciudadano contra el plan de imponer en Venezuela un régimen como el de Cuba. De manera inmediata, se trata de amedrentar al electorado, para que el 15 de febrero se mantenga alejado de las urnas, y en caso de que acuda a ellas no integre los cuadros opositores que permanecerían en los centros de votación cuidando que el proceso se realice con legalidad. Con este cuadro intimidatorio coadyuva la decisión del Consejo Nacional Electoral, integrado por cuatro (4) representantes del Régimen y sólo uno (1) de la Oposición, de extender, contra todo antecedente, las votaciones hasta las 6 de la tarde. Esta disposición permite al partido de gobierno usar recursos nacionales para forzar, casi físicamente, a humildes ciudadanos a quienes sacan de sus hogares para que voten en unas elecciones en las cuales prefieren abstenerse por temor a represalias que sufrirían si votan como realmente piensan. Regresando al tema de la violencia, el retraso de la operación electoral hasta horas de obscuridad ahuyenta a los representantes de la Oposición en mesas ubicadas en los barrios donde no hay otra ley que la de las bandas armadas del Gobierno, frente a las cuales ya se ha visto que se retraen los efectivos militares.

Todo esto constituye una vasta operación dirigida a someter por el terror a una sociedad a la cual no se ha podido persuadir para que acepte el establecimiento de un sistema de vida como el de la Cuba actual. El objetivo de quienes han creado esta situación parece inviable dentro del cuadro global y nacional. En un mundo que da prioridad a los derechos humanos, a las instituciones legales, a las libertades públicas, a las maneras civilizadas de vivir, no parece posible imponer lo que Stalin y Hitler impusieron cuando la libertad no era todavía un valor irrenunciable. Hugo Chávez no podrá imponer su proyecto de poder absoluto. Pero los hombres y mujeres libres deberemos hacer grandes esfuerzos antes de ver el fracaso de ese propósito monstruoso.

*	Artículo publicado originalmente en el semanario Zeta