Al
borde mismo de unas elecciones presidenciales que pudieran
ser las más importantes de su Historia, los venezolanos se
enfrentan a temores tan graves como el de un fraude
electoral, una rebelión popular, y una intervención
militar de dimensiones y consecuencias impredecibles. El
Gobierno ha perdido el control de esta situación. Son
baldíos sus esfuerzos por negar la existencia de estas
posibilidades que de todos modos siguen presentes para el
ciudadano común, no importa a cual de las dos mitades en
que el país se divide pertenezca ese cuitado personaje. La
demostración más deplorable de este descontrol son las
amenazas brutales, como las que el ministro de Energía
contra un auditorio de empleados de PDVSA y las
morisquetas intimidatorias contra los periodistas que nos
limitamos a dar noticia de esta palpable realidad.
La
atmósfera de crispación que el régimen como estrategia ha
cultivado y que ahora se vuelve contra él bajo la forma de
furia colectiva, hace difícil el análisis sereno, pero al
mismo tiempo lo vuelve indispensable. ¿Cuáles son las
posibilidades reales de fraude? ¿Cuántas la de rebelión
popular? Y la Fuerza Armada, ¿es roja como dice el
Presidente o democrática y hasta conservadora como la
experiencia ha dicho hasta ahora? Esta crónica intentará
encontrar respuestas serias a esas interrogantes.
La posibilidad de fraude
electrónico
Quien con mayor autoridad ha
sostenido la presencia del fraude es Rosalio Castillo
Lara. El cardenal, ahora dizque retirado en la aldea
venezolana donde nació, es un político de vasta
experiencia que en el Vaticano ascendió al círculo donde
se toman las más delicadas decisiones políticas de la
Iglesia Católica y en un momento de su vida decidió
regresar a la patria para enfrentar a un régimen al cual
califica de híbrido entre el comunismo y el fascismo. A
Castillo Lara se le conoce como uno de los pocos, no más
de cinco, que prepararon la elección del actual Sumo
Pontífice, y con ella la orientación, por varias décadas,
de esa enorme fuerza ecuménica que es el catolicismo.
En octubre del año pasado,
Castillo Lara convocó a una reunión en la cual solicitó a
los venezolanos utilizar el arma de la resistencia civil
consagrada en el Artículo 350 de la Constitución. Se
trataba de defenderse del fraude electoral que en su
opinión se preparaba para las elecciones parlamentarias.
Pese a los patéticos esfuerzos del régimen, entre un 74%
(versión del CNE) y un 83% (versión de los observadores
extranjeros) de los electores, siguieron la recomendación
de Castillo Lara.
Ahora Castillo -ese “Castello”
sobre quien los romanos hace diez años hacían chistes
alusivos a su enorme poder en el Vaticano-, tiene una
recomendación distinta para el mismo diagnóstico.
Considera que el régimen hará fraude igual que en el
Revocatorio y en la elección de gobernadores, pero asegura
que “si todos salimos a votar, Chávez pierde el 3 de
diciembre... y después de matar el tigre no hay que
tenerle miedo al cuero”. Por si esta metáfora, reveladora
de un origen campesino, pudiera ser obscura, aclara que
“Si todos salimos a votar el 3 de diciembre y defendemos
el voto, será muy difícil hacernos trampa. Y si la hacen,
hay que denunciarla de inmediato, salir a la calle y
desconocer al Gobierno, con el artículo 350 de la
Constitución en la mano”.
La mejor respuesta a estas
suspicacias no la ha dado el Gobierno, sino el rector
Vicente Díaz, solitario vigilante de la Oposición frente a
los cuatro representantes del Gobierno en el Consejo
Nacional Electoral. En El Universal del lunes 13 de
noviembre, mismo día que Castillo Lara declaraba a El
Nacional, Díaz sostuvo que en el Registro Electoral
hay sólo “errores administrativos que no afectan el
resultado de los comicios. De manera que hay una garantía
de que van a votar sólo los venezolanos que deben votar.
El segundo aspecto que interesa al elector es que su voto
se cuente y que su voto elija. Y pueden tener la seguridad
de que el 100% de los votos se cuenta”.
Abordó el rector Díaz el
controversial tema de las máquinas captahuellas, acusadas
de amedrentar al elector modesto y/o dependiente del
Estado, temeroso de que la trituradora chavista conozca
que él votó contra el régimen y le aplique represalias
según los antecedentes de las listas Maisanta y Tascón.
“No hay forma ni manera de que se sepa por quién votó un
elector”, asegura Díaz. Sin embargo, se declara en contra
de las captahuellas “porque generan temor, pero no es
verdad que comprometan el secreto del voto”. No hay
información acerca de si el rector de la Oposición ha
mantenido frente a los cuatro rectores oficialistas este
rechazo a las máquinas atemorizantes. Pero es un hecho que
en una exposición suya en la Universidad Católica y en
respuesta a la pregunta de un conocido empresario, Díaz
dijo que las captahuellas son ilegales y un elector puede
negarse a pasar por ellas sin que por eso se le pueda
negar derecho al voto. Pero él no recomienda esa
resistencia, porque ella puede provocar “un bochinche”.
Otro ángulo en el tema de las
captahuellas lo plantea Freddy Malpica. Este antiguo
Rector de la Universidad Simón Bolívar ha explicado que
las captahuellas son monitoreadas por el Gobierno desde
una sala instalada en la Universidad Bolivariana,
institución controlada por el régimen. Allí pueden ver
quiénes no votan y por las listas Tascón, Maisanta y Santa
Inés, saber sus antecedentes electorales. En la Sala de
Totalización pueden “poner a votar” por Chávez a estos
inasistentes. Otros susceptibles de ese tratamiento son el
millón 300.000 personas que según la rectora Sandra
Oblitas no tienen residencia fija. El ex rector Malpica ha
recorrido los medios de comunicación explicando su tesis,
sin que nadie haya sido capaz de decirle “Eso no es así”.
Por el contrario, ha recibido respaldos calificados como
el de Genaro Mosquera, ex decano de Computación en la UCV.
Por otra parte, la posibilidad
de manipulación en las máquinas de votación propiamente
dichas ha sido descrita por el ingeniero Nelson Rodríguez
Caballero, reconocido experto en computación.
“El fraude -dice Rodríguez
Caballero- no está en las cajas de votación ni en las
papeletas. En 30.000 computadoras y 30.000 cajas
trampeadas sería imposible ocultar un fraude. La
manipulación será en 3 mil máquinas (10% del total)
cargables con 2.000 votos virtuales chavistas cada una,
para sumar 6.000.000 de votos virtuales”.
Si el fraude sería así, ¿cómo
evitarlo? Rodríguez afirma que para alterar los registros
y tapar los focos de trampa se necesitarán cuatro o cinco
horas. A eso atribuye que en el Revocatorio, con
resultados listos a las 6 de la tarde, Carrasquero
demorara el anuncio hasta la madrugada.
Todo este movimiento se
produce en la Sala de Totalización. Por eso, la Oposición
debería controlar minuciosamente los votos que llegan a
esta Sala, en la cual deberían estar cámaras de televisión
nacional e internacional, veedores, observadores,
periodistas de aquí y de afuera. Se contaría como en un
Teletón de la Sociedad Anticancerosa, que en la pantalla
se van sumando el dinero que llega y al final se sabe el
monto exacto recibido. Así se hizo en Colombia.
Pero sobre la Sala de
Totalización hay hechos inquietantes. En el Referendo
Revocatorio la Oposición tenía 2 de 5 representantes en el
CNE. Poco antes de anunciarse el resultado, estos dos
representantes, Sobeya Mejías y Ezequiel Zamora,
aparecieron fugazmente en televisión, visiblemente
azorados, para denunciar que a las 8 de la noche se les
había expulsado físicamente de la Sala de Totalización.
Allí quedó mandando el experto Miguel Ángel Narváez, quien
de ese cargo pasó a ser Director de Inteligencia
Electrónica de la Dirección de Inteligencia Militar. La
periodista Marianela Salazar dijo en su columna de El
Nacional que las funciones de Narváez son tan de
confianza chavista como intervenir celulares y correos
electrónicos. Agregó que Narváez fue enviado “en comisión
de servicio” -es decir, sin abandonar la DIM- para la Sala
de Totalización. Luego se dijo que fue a una Sala
Situacional. En este punto hay una zona brumosa que ni el
representante de la Oposición en el CNE se ha ocupado de
aclarar. En la Dirección de la Sala de Totalización ha
estado siempre Leonardo Hernández, ex alumno de la Escuela
de la Computación de la UCV puesto en el cargo por Jorge
Rodríguez, cuya leal militancia chavista es
suficientemente conocida.
A la gente común le cuesta
entender el silencioso desempeño del representante de la
Oposición en el CNE. En realidad, el propio equipo de
Rosales no se muestra preocupado por tantas denuncias. Se
ha dicho que los técnicos socialcristianos y otro equipo,
independiente, le entregarán a Rosales un informe. Todo
esto se mantiene en reserva, lo cual permite aventurar que
el propio candidato de la Oposición no cree en la
posibilidad de fraude, lo cual simplemente cancelaría el
tema.
Intermedio Kafkiano
Si a algo le teme Chávez,
es al calentamiento de la calle. Por eso se urdió la
gruesa trama que sacó del país a Patricia Poleo y se la
mantendrá exiliada, y por eso se intimida a quienes como
al autor de estas notas erradamente se les atribuye
capacidad de convocatoria como para promover una protesta
el 4 de diciembre. Este aspecto del problema podemos
liquidarlo con la mera reflexión de que la única persona
cuyo llamado podría llenar las calles en protesta por un
eventual fraude, es Manuel Rosales.
Cerremos este breve
intermedio antes de seguir el hilo de esta crónica que más
que analítica es informativa, con la información de que
este periodista no habla con Rosales desde hace algunos
años y seguramente no lo hará por varios más. En cuanto a
militares, de los activos no conoce ni a un cabo segundo,
y el único militar retirado con quien habla de política es
el general Müller Rojas, eminente teórico de la Guerra
Asimétrica con quien desde hace décadas mantiene una
civilizada amistad controversial. Y continuemos.
La posibilidad de rebelión
popular
La Oposición más radical,
segmento que se mide en un 15% de la sociedad
-contrapartida del 15% chavista irreductible- ha venido
sosteniendo que votará y se quedará en la mesa “para
defender su voto”. Esta y otras afirmaciones de parecido
énfasis indican que un sector numéricamente importante del
electorado se dispone a protestar contra el fraude que
considera inevitable.
Los antecedentes animan esta
percepción negativa. Cuando se conocieron los resultados
del Referéndum Revocatorio, los dirigentes de la Oposición
aparecieron en televisión denunciando que el conteo hecho
por el CNE fue fraudulento. Alberto Quirós Corradi, quien
en esa oportunidad representó a la Oposición ante le CNE,
dice que en esa oportunidad este organismo engañó a la
Oposición y que “ahora el fraude será todavía más fácil”.
El partido Acción Democrática
ha ido más lejos, sosteniendo ahora la postura
abstencionista. Sus razones se ilustran con una frase del
secretario general, Henry Ramos Allup: “¿Se imaginan
ustedes a Chávez quitándose la banda presidencial y
colocándosela a Rosales porque sacó cien mil votos más que
él?”
En rol de analista, distinto
del propósito informativo propio de esta crónica, el autor
de esta nota ha compartido la opinión de Ramos Allup en
cuanto a la naturaleza del chavismo y la opacidad del
sistema electoral. Es parte de la naturaleza del régimen
según éste mismo la proclama, ya que el régimen chavista
se ha auto-definido como un comunismo a la manera del
cubano. Conceptualmente, el comunismo en su versión
fidelista es un régimen de partido único, sin libertad de
información ni pensamiento, cuyos opositores expresos
están en la cárcel, el exilio o la tumba.
Sus elecciones son de lista
única presentada por el partido único -el Comunista. Allí
el elector tacha unos nombres y deja otros. Pero todos los
nombres son de dirigentes comunistas presentados por el
Gobierno. Sería anti-natural que los representantes
venezolanos de esa manera de concebir la política y el
poder sean respetuosos de unos resultados electorales.
Independientemente del fraude por el cual se le señala en
el Revocatorio y en las elecciones de gobernadores, es
público y notorio que el régimen elaboró listas de
ciudadanos que votaron en su contra (Tascón, etc.) y que
sobre estos ciudadanos se han desatado persecuciones. Se
han conocido grabaciones de funcionarios del más alto
nivel amenazando a los empleados públicos que no voten por
Chávez, y éste ha defendido esa conducta invocando
principios de la revolución comunista que suponen un
desprecio por los derechos del ciudadano como elector. Las
condiciones, impuestas desde el Ejecutivo, en las cuales
se realizarán las elecciones del 3 de diciembre, son
objetivamente favorables al régimen. Basta decir que de
los cinco jerarcas que regirán el proceso, cuatro son
chavistas reconocidos. En cuanto al quinto, se ha dicho
que no lo es.
Objetivamente, hay razones
para temer que el proceso no sea un ejemplo de
transparencia y pulcritud. Ese temor se despejará, en uno
u otro sentido, hacia la medianoche del 3 de diciembre.
Para terminar este inciso un tanto subjetivo, el autor de
esta nota exhorta, en la medida de su modesta capacidad, a
que todo ocurra dentro de la Ley.
La amenaza militar
Desde que el general Páez
impuso en la presidencia al doctor Vargas y el comandante
Carujo se alzó contra él, la fuerza militar ha sido
determinante en la política venezolana. La mayor parte de
nuestra vida republicana ha transcurrido bajo regímenes
militares. Ahora mismo y según palabras del ciudadano
presidente Chávez, vivimos esa experiencia de un Gobierno
sostenido por los militares.
Dentro de esta realidad
objetiva, el ciudadano común, de uno u otro bando,
atribuye a los militares o a la Fuerza Armada como
institución, el poder de mantener y por tanto el de
modificar el actual estado de cosas. La mitad dominante
mira con inquietud cualquier alusión a un tema cuya
existencia quisiera borrar. La otra mitad, la sojuzgada
por un poder ejercido sin consideración civilizada, no se
detiene a pensar que un eventual gobierno militar pudiera
ser aún peor.
Debe suponerse que el
Presidente de la República ha tenido razón cuando proclama
que los cuarteles le apoyan -aunque es ilegal sostener
que, como él dijo, los militares son “rojos-rojitos”, pues
esto supondría violar el Artículo 328 de la Constitución
Bolivariana vigente. Pero también hay margen para que
alguien, aunque sea confundiendo deseos con realidades,
prefiera suponer lo contrario. La imagen del Alto Mando,
presidido por el general en jefe Lucas Rincón, anunciando
el 11 de abril de 2002 que había pedido la renuncia al
presidente Chávez “la cual (éste) aceptó”, está
explicablemente impresa en la memoria colectiva. En cuanto
a las lealtades proclamadas, es histórico que muchas de
éstas han sido como la del robusto general Rosendo, uno de
los más exuberantes proclamadores de lealtad al presidente
Chávez, quien ese 11 de abril apareció como el más
conspicuo entre quienes repudiaron al Jefe del Estado.
La sensibilidad republicana y
democrática se siente incómoda con esta realidad histórica
y seguramente prefiere que la crisis política actual -en
realidad la crisis crónica que el país ha vivido en lo que
va de este siglo- se resuelva de una manera más
civilizada. Lamentablemente, antecedentes históricos que
incluyen los dos golpes militares del año 1992, las
condiciones de crispación y el antagonismo entre las dos
mitades en que el país se ha dividido, hecho de cuya
responsabilidad no puede escapar un político llamado Hugo
Chávez, crean las condiciones para que el eterno fantasma
de la intervención militar abrume el ánimo de los
venezolanos. Cualquier observador bien intencionado, aún a
riesgo de pasar por ingenuo, tiene que desear
rectificaciones que nos libren por fin de ese factor
retrógrado. Pero esas rectificaciones no puede ejecutarlas
sino el hombre que hoy tiene todo el poder en Venezuela,
quien maneja según su personal criterio el Ejecutivo, el
Legislativo, el Judicial y el Militar, además de la
mayoría de los medios de comunicación. En las manos de
Chávez están la paz o la violencia.
