No hay ninguna diferencia entre el comportamiento de los guapos de barrio y  cobradores de peaje,  y el que, frente al país y su gente, tiene este gobierno manifiestamente autocrático, militarista y dentro de muy poco auténticamente dictatorial.  Los que pensaron que la enorme crisis que vive Venezuela ya había tocado fondo, deben estar perplejos ante la arremetida que ha desatado el oficialismo contra la propiedad privada, escudados ahora en las nuevas interpretaciones que a la Carta Magna le dan altos funcionarios, asambleístas, jueces y hasta el propio ministerio público por boca de su máximo vocero que no es otro que el Fiscal General, quien ha dicho, con la superficialidad que lo caracteriza,  que la propiedad privada “no puede ser más importante que el interés general”. Es cierto que en un momento dado el interés general puede demandar la necesidad de intervenir una propiedad, pero previo a eso y lo dice la constitución, es necesario  verificar esos niveles de importancia, entablar un juicio, esperar una sentencia y establecer con ella un justiprecio de la cosa expropiada y, como si fuese poco,  pagar ese justiprecio antes de darle, a esa propiedad, su nuevo destino. Pero eso no es lo que estamos viendo en estos momentos y mucho menos lo que veremos después que Chávez termine de confiscar la Asamblea Nacional con el laberinto electrónico  que le han puesto a su irrestricto servicio, el CNE, la DIEX y  el TS a la hora que se necesite cualquier sentencia. Lo que se dibuja en el horizonte patrio, tiene la exacta apariencia de  los  más devastadores huracanes que  “la revolución”  ha ido preparando para que arrasen, sin dar chance a evacuación alguna.

Lo cierto es que a partir del fraude del 15 de agosto del pasado año, la autocracia creció en demasía y el  desencuentro, desajuste o como se le quiera llamar, de la oposición,  la ha  disminuido tanto que a veces pareciera no existir. Esto dio como resultado que Chávez, con toda impudicia, se comporte como si él fuese el dueño del país,  lo que hace  sentir a todos sus habitantes,   como verdaderos siervos del Estado. Cada día es mayor su convencimiento de haber venido a éste mundo a salvarlo y que para ello Dios puso en sus manos ésta tierra de gracia, su petróleo, la mansedumbre de su  gente y una oposición que, amañada en sus viejas costumbres democráticas, no ha entendido el proceso a cabalidad, razón por la cual, para atacarlo se limita a subestimarlo, cuando no a hacer chistes perfectamente idiotas.      

Mientras el dadivoso andariego, petróleo y chequera en mano, va por el mundo comprando apoyos, él y su proceso aceleran espasmódicamente el ritmo, y en su afán de  destruir las bases de nuestra economía,  se han comenzado a ensañar contra la propiedad privada, contra nuestro muy controlado sistema de mercado y contra nuestro sistema financiero que ha sido, hasta ahora,  más o menos confiable, esperando rematar esta faena destructora, en el momento en que lo  diga su olfato o su capricho.    

A la orden del día están las  invasiones con salvoconductos bolivarianos y apoyadas por cuerpos de la FA, en abierta burla al estado de derecho. Ahora se pretende hacernos creer que esos invasores que llegan acompañados por soldados y oficiales armados, representan la expresión de “un pueblo que reclama sus derechos, a lo cual el gobierno revolucionario no se puede negar”, ministro Albarrán dixit.

Mientras se despoja de sus tierras, de sus bienes todos, incluidos sus sueños, a los productores, grandes, medianos y pequeños,  este gobierno hurtador   afina sus  pupilas para ver y comerse mejor  otras suculentas propiedades por confiscar, esas en las que el gobierno no quiere invertir, y que lo ponen a pensar  como el malandro de barrio, y por lo tanto a decirse  que si las cosas ya están hechas con el esfuerzo de otros, es más fácil hacerlas cambiar de dueño, que ponerse a hacerlas de nuevo.

Para qué ponernos a desarrollar los millones de hectáreas ociosas que tiene el INTI, piensa el gobierno,  si allí están La Marqueseña, El Charcote, Hato Piñero, La Vaca, y muchísimos más, sanos, bellos, dotados de maquinaria y tecnología   y en admirable producción ? Dentro de poco también dirá ¿para qué vamos a ponernos a gastar plata en un desarrollo hospitalario moderno, ni en construcciones de plantas de TV, ni en escuelas, ni en nada, si todo está allí y nosotros le podemos poner la mano encima?  ¿Para qué somos gobierno? ¿Para qué somos mayoría?    Con la aplicación de la teoría del interés general expuesta por el Fiscal,  el gobierno  arruinará todo el aparato productivo y decretará como objetivos políticos, todo aquello que tenga que ver con el mundo comunicacional y radio eléctrico. Ondas, micro ondas,  vatios y voltajes, en poco tiempo también serán arrebatadas con el estilo, para nada impecable, ni ejemplar,  de un  cobrador de peaje.