Tradicionalmente
el desempeño del Poder Judicial no se consideraba vinculado
de manera directa al comportamiento de la economía de un
país. Dada la cultura estatista de nuestros países
latinoamericanos, el quehacer económico estaba hegemonizado
por el Estado y éste aparecía como una entidad todopoderosa
ante el individuo. Ahora, cuando el perfil estatal no es el
mismo, aún persisten legados negativos.
A nivel de percepciones ciudadanas - en toda la región - a
los miembros de los poderes judiciales y en particular a
quienes ocupan sus más altos cargos, se les considera como
autoridades dotadas de un fuero que de hecho las libera de
cualquier cuestionamiento público, cosa que no ocurre con
los miembros de los otros Poderes del Estado. Colocados -
dentro de un esquema institucional sustentado en súbditos y
no en ciudadanos - en una posición "sobre el bien y el mal",
la judicatura ha sido un sector renuente a los procesos de
modernización y difícilmente aceptan ser considerados como
funcionarios públicos que cumplen roles especiales y que,
como a toda función pública, es dable exigirle eficiencia en
su gestión. Recuérdese que el Poder Judicial es financiado,
como el resto de los órganos del Estado, con recursos
provenientes del conjunto de los contribuyentes de un país.
Al colocarse el Poder Judicial por sobre el bien y el mal,
se ha generado en varias experiencias una sensación de
inmunidad a la sombra de la cual se han amparado situaciones
de corrupción que sólo han salido a la luz cuando ha habido
voluntad política para iniciar y culminar juicios políticos
que han precipitado remociones o renuncias de miembros de
las respectivas judicaturas.
Más allá de hechos críticos como el mencionado, se advierte
en el rodaje diario de la judicatura latinoamericana un
serio desfase de los procesos transformadores que han
operado en el Estado y en la Sociedad en los últimos años,
al punto de ser un factor entorpecedor del desarrollo
económico y que, por lo tanto, demanda no sólo reformas sino
una suerte de refundación de esta función.
Es por esto que la aplicación de Justicia tiene una clara
incidencia en la marcha de la economía. Una de las variables
que incide es el alto costo de acceso, lo que en la práctica
implica que los sectores más desposeídos de una sociedad no
lo tienen. Otra es el fuerte costo que genera su lentitud y
burocratismo, por la vía, por ejemplo, de un permanente
aporte de recursos suplementarios – públicos y privados -
que de otra forma podrían utilizarse de manera más
eficiente. Una tercera es su incapacidad técnica para
pronunciarse en materias sectoriales, donde la ignorancia de
los jueces en temas técnicos es, a lo menos, un elemento
dilatorio en la resolución del conflicto. Cabría
preguntarse, por ejemplo, ¿cuánto manejan los jueces los
conceptos básicos que gravitan en el actual quehacer
económico? En el 2007 el pronunciamiento de algunos jueces
argentinos respecto a los litigios sobre cumplimiento de
contratos entre el Estado y los inversionistas sugieren una
respuesta poco alentadora.
En el plano del deber ser los sistemas judiciales
latinoamericanos no han sido eficientes a la hora de
responder a los requerimientos de justicia provenientes del
sector privado. Si en la opinión pública en general existe
una fuerte desconfianza en las instituciones y dentro de
ellas de los poderes judiciales, en el juicio de los
inversionistas y de los organismos financieros
internacionales hay una marcada falta de credibilidad
respecto de su funcionamiento eficaz, al punto que promueven
reformas de fondo al respecto, entre ellas la extensión de
las instancias arbitrales donde la competencia del experto
es garantía de solvencia.
Si existiese una adecuada protección legal de los contratos
privados se reduciría el costo de las transacciones
estimulando a los agentes económicos a incrementar su
número. Esto también se traduciría en una mayor difusión del
conocimiento y de las nuevas tecnologías; en cambio si no
hay protección clara a los contratos o a los derechos
crediticios ello provoca una tendencia inversa que afecta al
desarrollo. ¿Qué inversionista en tecnología se siente
atraído por el mercado paraguayo, donde la Justicia no ha
sido capaz de sancionar la adulteración de marcas y el
contrabando, al punto que el propio Presidente de la
República habla de la impunidad como un mal social
enquistado en su país?
Una deficiente administración de justicia también afecta a
la clasificación del riesgo-pais y del riesgo político de
inversión. Es cierto que el tema judicial no incide de
manera directa, pero sí lo hace en aquellos países en que se
percibe la existencia de inseguridad jurídica. Los
inversionistas no sólo analizan las condiciones que les
ofrece el respectivo sistema legal y la estabilidad del
orden jurídico existente, sino también evalúan la eficacia
de los mecanismos de aplicación del derecho, es decir, la
autonomía y el funcionamiento de los Tribunales de Justicia.
Un país con una Justicia eficaz ofrece claridad y coherencia
en su orden jurídico, asegurando el cumplimiento de los
contratos aún en contra de la posición del Estado y no
tolera la existencia en su seno de prácticas corruptas, como
el tráfico de influencias. La certeza es uno de los factores
importantes que hacen atractivo un país para invertir en él
y, por esa vía, potenciar su desarrollo económico.