Tradicionalmente el desempeño del Poder Judicial no se consideraba vinculado de manera directa al comportamiento de la economía de un país. Dada la cultura estatista de nuestros países latinoamericanos, el quehacer económico estaba hegemonizado por el Estado y éste aparecía como una entidad todopoderosa ante el individuo. Ahora, cuando el perfil estatal no es el mismo, aún persisten legados negativos.

A nivel de percepciones ciudadanas - en toda la región - a los miembros de los poderes judiciales y en particular a quienes ocupan sus más altos cargos, se les considera como autoridades dotadas de un fuero que de hecho las libera de cualquier cuestionamiento público, cosa que no ocurre con los miembros de los otros Poderes del Estado. Colocados - dentro de un esquema institucional sustentado en súbditos y no en ciudadanos - en una posición "sobre el bien y el mal", la judicatura ha sido un sector renuente a los procesos de modernización y difícilmente aceptan ser considerados como funcionarios públicos que cumplen roles especiales y que, como a toda función pública, es dable exigirle eficiencia en su gestión. Recuérdese que el Poder Judicial es financiado, como el resto de los órganos del Estado, con recursos provenientes del conjunto de los contribuyentes de un país.

Al colocarse el Poder Judicial por sobre el bien y el mal, se ha generado en varias experiencias una sensación de inmunidad a la sombra de la cual se han amparado situaciones de corrupción que sólo han salido a la luz cuando ha habido voluntad política para iniciar y culminar juicios políticos que han precipitado remociones o renuncias de miembros de las respectivas judicaturas.

Más allá de hechos críticos como el mencionado, se advierte en el rodaje diario de la judicatura latinoamericana un serio desfase de los procesos transformadores que han operado en el Estado y en la Sociedad en los últimos años, al punto de ser un factor entorpecedor del desarrollo económico y que, por lo tanto, demanda no sólo reformas sino una suerte de refundación de esta función.

Es por esto que la aplicación de Justicia tiene una clara incidencia en la marcha de la economía. Una de las variables que incide es el alto costo de acceso, lo que en la práctica implica que los sectores más desposeídos de una sociedad no lo tienen. Otra es el fuerte costo que genera su lentitud y burocratismo, por la vía, por ejemplo, de un permanente aporte de recursos suplementarios – públicos y privados - que de otra forma podrían utilizarse de manera más eficiente. Una tercera es su incapacidad técnica para pronunciarse en materias sectoriales, donde la ignorancia de los jueces en temas técnicos es, a lo menos, un elemento dilatorio en la resolución del conflicto. Cabría preguntarse, por ejemplo, ¿cuánto manejan los jueces los conceptos básicos que gravitan en el actual quehacer económico? En el 2007 el pronunciamiento de algunos jueces argentinos respecto a los litigios sobre cumplimiento de contratos entre el Estado y los inversionistas sugieren una respuesta poco alentadora.

En el plano del deber ser los sistemas judiciales latinoamericanos no han sido eficientes a la hora de responder a los requerimientos de justicia provenientes del sector privado. Si en la opinión pública en general existe una fuerte desconfianza en las instituciones y dentro de ellas de los poderes judiciales, en el juicio de los inversionistas y de los organismos financieros internacionales hay una marcada falta de credibilidad respecto de su funcionamiento eficaz, al punto que promueven reformas de fondo al respecto, entre ellas la extensión de las instancias arbitrales donde la competencia del experto es garantía de solvencia.

Si existiese una adecuada protección legal de los contratos privados se reduciría el costo de las transacciones estimulando a los agentes económicos a incrementar su número. Esto también se traduciría en una mayor difusión del conocimiento y de las nuevas tecnologías; en cambio si no hay protección clara a los contratos o a los derechos crediticios ello provoca una tendencia inversa que afecta al desarrollo. ¿Qué inversionista en tecnología se siente atraído por el mercado paraguayo, donde la Justicia no ha sido capaz de sancionar la adulteración de marcas y el contrabando, al punto que el propio Presidente de la República habla de la impunidad como un mal social enquistado en su país?

Una deficiente administración de justicia también afecta a la clasificación del riesgo-pais y del riesgo político de inversión. Es cierto que el tema judicial no incide de manera directa, pero sí lo hace en aquellos países en que se percibe la existencia de inseguridad jurídica. Los inversionistas no sólo analizan las condiciones que les ofrece el respectivo sistema legal y la estabilidad del orden jurídico existente, sino también evalúan la eficacia de los mecanismos de aplicación del derecho, es decir, la autonomía y el funcionamiento de los Tribunales de Justicia. Un país con una Justicia eficaz ofrece claridad y coherencia en su orden jurídico, asegurando el cumplimiento de los contratos aún en contra de la posición del Estado y no tolera la existencia en su seno de prácticas corruptas, como el tráfico de influencias. La certeza es uno de los factores importantes que hacen atractivo un país para invertir en él y, por esa vía, potenciar su desarrollo económico.