Duele mucho escribir sobre temas extraordinariamente sensibles que caminan en dirección contraria a principios y valores bien sembrados en la cultura del ciudadano común de Venezuela. Aquel decir, “pobre pero honrado”, era y sigue siendo una clara manifestación de eso. Lamentablemente los bárbaros que nos gobiernan, los más caros de la historia dicho sea de paso, trabajan para borrar esos valores tan necesarios en tiempos de crisis, cuando nos acercamos a confrontaciones que pueden resultar definitivas.

Más allá del contenido de las computadoras de (a) Raúl Reyes, de las probadas vinculaciones de Chávez y del alto gobierno con las estructuras del crimen organizado que bajo su protección operan en Venezuela y le dan soporte al terrorismo, al narcotráfico, a la subversión continental y mundial, a la disminuida guerrilla de las FARC que se quedó hasta sin el Marulanda idolatrado por el gobierno, más allá de todo eso, Venezuela está convertida en uno de los paraísos terrenales más y mejor calificados para la tarea de lavar dinero de origen ilícito, es decir, dinero negro y sucio proveniente de variadas actividades delictivas perfectamente enmarcadas dentro de una globalización que también ha integrado sus esquemas operativos.

Venezuela está en la mira del sistema financiero internacional y de las autoridades especializadas de los países más desarrollados del mundo. Esto incluye a Estados Unidos, la Unión Europea y a cuantos han suscrito acuerdos y tratados sobre la materia, especialmente después del 11 de septiembre de 2001, cuando la lucha contra el terrorismo adquirió dimensiones planetarias. El gobierno de Venezuela se ha convertido en un peligro que amenaza a la institucionalidad democrática del continente, especialmente en la región andina, escenario fundamental de los delirios expansionistas de Chávez. También para el resto de Latinoamérica y el Caribe, quienes sufren el financiamiento irregular de grupos y movimientos que atentan contra su legitimidad institucional. Son demasiadas las evidencias existentes.

En Venezuela se mezcla lo lícito con lo ilícito, lo legal con lo ilegal, dinero originado en delitos nacionales e internacionales con dinero bueno para dar paso a actividades productivas o especulativas legitimadas gracias a la complicidad de unas autoridades altamente corrompidas y un sistema bancario, con sus excepciones, de muy dudosa honorabilidad. La cabeza está en la jefatura del Estado. Acabó con todos los controles, liquidó las instituciones que permitían hacerle seguimiento formal a los recursos fiscales y al gasto público ordinario y extraordinario, abierto o encubierto y, además, tiene fondos, sus “potes” mil millonarios dentro y fuera del país para financiar lo que sea. ¿En donde estará José Carlos Llorca Rodríguez, el estafador español protegido por el gobierno? ¿De que se ocupa la sucursal del Banco Internacional de Desarrollo, propiedad de Irán? Vienen sorpresas.

oalvarezpaz@gmail.com