No hay secretos eternos. La verdad tiene su hora. Más temprano que tarde los delincuentes quedan al descubierto. No bastará con la simple rendición de cuentas. Tendrán que pagar por el daño causado a personas, instituciones o países independientemente de las razones políticas, económicas o ideológicas que invoquen para justificar los delitos. La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero negro, entre otros, ha unificado los esfuerzos de la decencia mundial para evitar la impunidad de quienes prevalidos de excepcionales situaciones de poder, son sospechosos de complicidad con las estructuras del crimen organizado que les sirven de soporte.

Esas estructuras existen en Colombia y también en Venezuela. La naturaleza de las acciones no son idénticas en uno y otro país, pero los delitos están enmarcados en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, siendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ese instrumento dio nacimiento a la Corte Penal Internacional con valor y jerarquía universales con el objetivo de investigar, procesar y condenar a los responsables directos y cómplices de delitos trascendentes para la comunidad internacional. No prescriben.

Con apego a sus normas internas, Colombia ha iniciado una investigación sobre las redes de las FARC dentro y fuera del territorio nacional y, por supuesto, con relación a personas e instituciones que pertenecen, colaboran o han colaborado activamente con esas redes. Tienen perfecto derecho a hacerlo. De allí podría desprenderse una acción directa del gobierno colombiano para iniciar procedimiento ante la CPI, independientemente de las actuaciones de la justicia penal nacional.

Además de la acción directa del país vecino, aún no concretada, el Fiscal de la CPI tiene facultades para iniciar por iniciativa propia las investigaciones derivadas de delitos dentro del marco de competencia de la Corte. Esto acaba de suceder. La iniciativa ha sido aprobada por la Sala de Cuestiones Preliminares por considerar que hay fundamento suficiente. Esta semana estará en Bogotá el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo. Sus actuaciones van más allá de lo relativo a las FARC. También lleva en agenda lo relacionado con las ramificaciones del paramilitarismo y el entrabamiento institucional con relación a los dirigentes extraditados recientemente.

En Venezuela estaremos atentos. El país forma parte de la CPI. Fue de los primeros en aprobar el Estatuto de Roma firmado en octubre de 1998 y ratificado el 7 de junio de 2000 por el actual gobierno. Existe la obligación de colaborar sin reservas en la investigación. Las computadoras de (a) Raúl Reyes, más los testimonios de quienes se desmovilizan o son capturados por las fuerzas militares de Colombia y sus organismos de seguridad, ofrecen material de primera importancia para el establecimiento de responsabilidades. Nada debe sorprendernos. Pero debemos estar preparados. Esto apenas está empezando.

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