Cuesta escribir sobre el tema. Los diagnósticos están hechos y las predicciones que anunciaban la tragedia, están más que cumplidos. Se acabó la democracia. Llegamos al final de un intenso proceso de destrucción institucional de la república, de las públicas y también de las privadas, con la obsesiva intención de controlarlo todo para, desde las ruinas, iniciar la construcción del llamado “socialismo del siglo XXI” que no es sino el más perverso y criminal proyecto personalista y totalitario que ha conocido el país y buena parte del mundo.

Hay quienes me dicen con relación a nuestros artículos y declaraciones circunstanciales que reflejan el sentir de la mayoría de los venezolanos, pero que no ofrecen solución concreta al problema. Es decir, no planteamos caminos para reestablecer la democracia, devolverle al país el perdido principio de la legalidad y un gobierno respetuoso del pluralismo político e ideológico al que aspiramos. Puede que sea cierto, pero lamentablemente no tenemos más que la palabra para fijar posición, tratar de crear conciencia sobre la urgente necesidad de cambiar el régimen y multiplicar las corrientes de opinión necesarias en los campos indispensables para que juntos logremos el objetivo. No tenemos cañones, ni fusiles, ni tanques, ni aviones o barcos de guerra. Tampoco somos conspiradores a lo Chávez, es decir, expertos en el disimulo y la mentira recorriendo cuarteles o instalaciones militares para invitar a rebeliones que desembocarían en un golpe de estado en seco. Le hablamos abiertamente al país, al mundo civil y al mundo militar tan alejado de sus deberes y obligaciones constitucionales, para que cada cual en el marco de sus competencias y atribuciones, asuma la responsabilidad que le corresponde.

Las últimas actuaciones del régimen obligan a entender que las elecciones de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos, trascienden el hecho electoral. Serán muy importantes si los resultados favorables sirven para dotar al pueblo opositor de instrumentos para la liberación nacional. De mantenerse las leyes derivadas del decreto habilitante, gobernaciones y alcaldías no servirán para nada. Simples cascarones vacíos que podrán servir para algo en la medida que supliquen, se rindan a la voluntad del dictador y abandonen sus deberes constitucionales de mantener la autonomía de estados y municipios, la descentralización y el ordenamiento territorial. Todo conspira en su contra, como en contra del ciudadano común está lo referido a las actividades productivas, la propiedad o la seguridad de las personas y de los bienes. La confrontación definitiva no debe evitarse. De un lado el estado secuestrado por un régimen totalitario y comunista y del otro, la nación como entidad sociológica, entiéndase, la gente y la tierra. A estas alturas, colaborar con el gobierno, resignarse a lo que pueda venir, más que cobardía es traición. Los traidores son más peligrosos que el enemigo mismo.

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