Los acontecimientos de Honduras, que concluyeron con la expulsión de su presidente, han merecido la condena casi unánime de la comunidad internacional. Y es que era muy cuesta arriba no hacerlo debido a la forma como se llevó a cabo la separación del mandatario hondureño de su cargo, por mucho que asistieran razones legales de peso a las instituciones políticas hondureñas para proceder a su enjuiciamiento por la violación del orden jurídico constitucional. De quien fue la brillante idea de ponerlo a la fuerza en un avión y sacarlo al exterior, en vez de detenerlo y enjuiciarlo en su propio país, se encargarán otros de averiguarlo y explicarlo. Por lo pronto, estamos ante la inusual circunstancia de un incruento golpe de Estado en el que los militares no se han quedado con el poder, han actuado siguiendo las directrices de los demás poderes constitucionales y que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad hondureña.

Una cosa es innegable, aunque lo ocurrido no constituye en sí una innovación en la materia, al menos dará mucho de que hablar de aquí en adelante. Si bien el original incidente no va a representar la introducción de nuevos elementos jurídicos en el ordenamiento legal americano, está proporcionando bastante tela de donde cortar, habida cuenta de la semejanza de su gestación y desarrollo con lo ocurrido en otras latitudes de nuestro continente, en lo que ya se señala como la aplicación de una franquicia expansionista de un modelo autoritario de gobierno.

Resulta ineludible no observar las apresuradas reacciones de numerosos países, al condenar a las nuevas autoridades sin detenerse un momento a ponderar lo ocurrido. Algunos han llegado, como España, además de retirar a sus Embajadores, a sugerir a sus socios comunitarios las vías de acción a adoptar. El comportamiento de muchos de los actores en este drama no deja de tener una gran carga de hipocresía. La casi unánime condena pone en evidencia el doble discurso de presionar a un pequeño país para que se rinda y renuncie a la defensa de su Constitución, en favor de un salto al vacío, como el practicado en otros países. Que la OEA invite a la dictadura cubana a regresar a su seno, a pesar de que ésta no quiere ni oír hablar de aquella, mientras expulsa a Honduras por hacer valer su Constitución, resulta algo extraño. Que Cuba abogue además por el aislamiento o bloqueo económico al nuevo régimen resulta igualmente insólito. Y oír hablar a Raúl Castro de la defensa de los principios democráticos y a otros tantos mandatarios abogar por la restitución de Zelaya y rasgarse las vestimentas en defensa de la democracia resulta realmente hilarante, actitud que un conocido columnista español definió hace poco como el canto a la virginidad de la prostituta del barrio.

La expulsión de Zelaya es la culminación de una crisis política generada por el propio presidente, la cual no supo, no pudo o no quiso resolver. La OEA no hizo nada para evitar su desenlace, a pesar de que conocía muy bien cuál era la situación y hacia donde se encaminaba, tal vez por encontrarse demasiado ocupada ofreciéndole disculpas a Cuba.

La alharaca generalizada orquestada desde Caracas sobre el golpe de Estado en Honduras, incluidas las amenazas de invasión armada, para que se reponga en su puesto al presidente defenestrado, ha tenido como corolario el inusual hecho de que el Secretario General de la OEA haya pasado en cuestión de días de responsable del Ministerio de Colonias del Imperio a Chapulín Colorado defensor de los derechos del presidente depuesto. Sus “gestiones” diplomáticas, apoyadas en el ultimátum de la Organización de expulsar a Honduras si no procedían a restituir al presidente Zelaya, han resultaron infructuosas ante la inconmovible actitud de las nuevas autoridades hondureñas, quienes insisten en que si éste regresa a su país tendría que enfrentarse a un proceso judicial. Sin embargo, en los últimos días pareciera abrirse la posibilidad de una salida negociada, con el ofrecimiento realizado por el presidente Oscar Arias, lo que tiene un tanto incómodos a unos cuantos interesados en el asunto hondureño.

Las presiones de otro orden no se han hecho esperar. Al mejor estilo imperial y sin que medie la más mínima preocupación por el bienestar de su pueblo, Venezuela suspendió el envío de petróleo a Honduras, con lo cual le da un golpe de gracia a su frágil economía, puesto que suministra la totalidad del petróleo necesario para su funcionamiento, con el agravante de que paga sólo un 40 por ciento de la factura, ya que el 60 por ciento restante se convierte en financiamiento a bajos intereses y un plazo de 25 años. En apenas algunas semanas podrían comenzar a sentirse los efectos de una inédita decisión por parte de Venezuela en materia petrolera, acción que otros países consumidores seguramente verán con cierta preocupación.

De todo esto la que parece salir peor parada es precisamente la OEA, la cual tendrá que elegir entre asumir algún día finalmente el papel de guardián de la democracia continental o dedicarse a defender a cuanto autócrata se vea amenazado por el rechazo popular a sus ejecutorias o la defensa ciudadana de las instituciones democráticas en sus respectivos países, si no quiere verse definitivamente transfigurada en defensora de las autocracias amenazadas del continente. Claro está que el Organismo como tal no tiene vida propia, puesto que obedece a la suma de las voluntades nacionales allí reunidas, por lo que harían bien sus miembros en enmendar su lamentable papel en la crisis hondureña, promoviendo una salida negociada a la misma, en vez de seguir haciéndose de la vista gorda con las innumerables y persistentes violaciones a la Carta Democrática que se registran en la región o seguir echándole leña al fuego. Así que, por ahora, la pelota se encuentra en el campo de aquellos gobiernos del hemisferio que aún crean que el Organismo tiene algún valor como custodio de los principios democráticos y estén conscientes de la utilidad y necesidad de su permanencia, si no quieren correr con la responsabilidad de haberle dado la espalda precisamente en uno de sus momentos más cruciales.

Lo mismo podría decirse de la actitud de los gobiernos en cuanto a la persistencia y fortaleza del sistema democrático de gobierno en el continente. La disyuntiva a la que éstos se enfrentan se reduce a si prefieren darle la espalda a los principios y valores democráticos en el continente o se inclinan en favor del avance de los regímenes populistas y autocráticos, con el previsible resultado de más atraso, miseria y pérdida de las libertades individuales. De lo que sí podemos estar seguros es que del Secretario General poco podemos esperar, dada su falta de imparcialidad. Alguien que es capaz de afirmar que Fidel Castro es una de las grandes fuentes de legitimidad del sistema cubano y que se le debe dar a Cuba todo el tiempo que sea necesario para que lleve a cabo una transición hacia la democracia una vez que aquel desaparezca, al mismo tiempo que exige que se restaure la democracia y el estado de derecho en Honduras en un plazo de 72 horas, no pareciera actuar con mucho equilibrio.