A medida que se acerca la fecha de su celebración, la cuestión del referéndum para la enmienda constitucional se convierte cada vez más en una cuestión de fidelidad y menos en una discusión racional.

La ausencia casi total de debate sobre su conveniencia o legalidad, para alivio gubernamental, obedece en parte por supuesto al apresuramiento con el que fue convocado, saltándose todos los pasos de consulta y discusión que una decisión de tal trascendencia ha debido seguir. Pero también puede responder a la estrategia de convertir la cuestión del referéndum en un simple acto de fe en el “líder” y la “revolución” y evitar a toda costa caer en una verdadera discusión sobre el asunto. Prueba de ello es la opinión adelantada por el poder judicial, antes de que nadie le preguntara nada, de manera de dejar zanjada de antemano cualquier expectativa sobre una eventual e improbable decisión judicial al respecto, así como la inusitada prisa con la que actuaron los demás poderes para tramitar, como muy bien lo confiesa la pregunta, la solicitud del ejecutivo.

Como era previsible, el movimiento estudiantil y la sociedad civil organizada han sido los sectores más activos en oponerse a los designios gubernamentales y promover el debate sobre el asunto. Sin embargo, la iniciativa no ha encontrado eco del lado contrario, como es usual y era de esperarse, y ha convertido de paso a sus promotores en objetivo central de los ataques del gobierno.

La Constitución de un país equivale a la carta de navegación del mismo y como tal no puede estar sujeta a modificaciones frecuentes para satisfacer los caprichos del capitán sin poner en peligro a la tripulación, la carga y los pasajeros del buque, so pena de banalizarla y convertirla en instrumento de dudosa confiabilidad para la navegación.

Más grave aún, sus principios fundamentales no pueden ser disminuidos o mediatizados sin correr el riesgo de convertirlos en meras referencias que se puedan adaptar a las necesidades o caprichos del gobernante de turno. La Constitución de 1999 estableció límites a la reelección del presidente y de otras autoridades gubernamentales, haciendo honor a la tradición constitucional venezolana desde la independencia, precisamente porque los constituyentes estimaron que debía ponerse un freno al poder omnímodo de la presidencia, el cual se convertiría en una amenaza para el sistema democrático de gobierno.

Desafortunadamente, eso es precisamente lo que se le pide a los venezolanos que decidamos el próximo 15 de febrero: Que pasemos por alto el principio fundamental de la alternabilidad del gobierno, abriendo las puertas a una reelección continua de todos los cargos de elección popular. A la larga, esto podría generar la aparición de toda una legión de caudillos de variada monta en los más altos puestos de los poderes ejecutivo y legislativo nacionales, con lo cual regresaríamos a la época del caudillismo del siglo XIX.

El propósito de la enmienda, aparte de querer perpetuarse en el poder, parece obedecer a la necesidad de resolver la incertidumbre sobre quién sería el candidato presidencial en 2012, como paso previo para tratar de hacer lo primero. Por ello, la propaganda oficial miente descaradamente cuando señala que la iniciativa de enmienda fue promovida por la Asamblea Nacional y respaldada por “millones” de firmas del pueblo, cuando es evidente que la misma obedece a una orden directa del ejecutivo y las firmas recogidas no tienen ninguna validez legal, puesto que no se trata de una iniciativa popular.

El régimen ha venido repitiendo hasta el cansancio el argumento de que la enmienda constituye una ampliación de los derechos del pueblo, el cual podría decidir por cuánto tiempo lo debe gobernar alguien. Pero en realidad la única ampliación de derechos que está a la vista es la de los elegidos, los cuales podrían hacerse reelegir cuantas veces puedan en medio del más desvergonzado ventajismo gubernamental, mientras que los electores verán cercenados su derecho a ser gobernados de manera alternativa por gobernantes diferentes, tal como establece nuestra Constitución en sus principios fundamentales. El derecho a alternar nuestros gobernantes con otros más eficientes prácticamente desaparece, frente al ventajismo que representa el empleo de todos los recursos del Estado sin control alguno de unas autoridades que obedecen ciegamente a los designios del ejecutivo.

La calificación de la reelección como indefinida le disgusta al gobierno porque esa es precisamente su esencia. Así la ha denominado la sabiduría popular porque en medio de las actuales circunstancias de permanente abuso y ventajismo del presidente y del gobierno, eso es justamente lo que sería. Si nuestra tradición histórica no desaconsejara categóricamente la posibilidad de la reelección indefinida y no viviésemos en medio de un clima de ventajismo y abuso irrestrictos, a nadie se le hubiese ocurrido denominarla como tal. La justificación de la enmienda con el razonamiento de que el referéndum revocatorio constituye el contrapeso necesario para que el pueblo pueda castigar a un mal gobernante, se cae por su propio peso. La figura del referéndum revocatorio fue instituida precisamente como un freno a las intenciones continuistas de quien ejerciese el poder ejecutivo y su utilidad fue prácticamente anulada por el comportamiento dilatorio de las autoridades gubernamentales durante la única oportunidad en que fue invocado por el pueblo, las cuales retrasaron por un año su celebración a la espera de mejores circunstancias políticas para celebrarlo.

Los estrategas del régimen han tratado también de confundir al pueblo mediante una torcida semántica, señalando que el carácter “alternativo” del gobierno se refiere a la disponibilidad de diferentes “opciones” o “alternativas” a la hora de votar. Nada más falso: si a una elección concurre alguien por su reelección, las opciones o alternativas para votar por alguien distinto, nuevo, se disminuyen automáticamente, al tener siempre a un candidato viejo, no distinto, que a la larga podría incluso convertirse en candidato profesional. El régimen ha tratado igualmente de manipular a los votantes con el sofisma de que es el pueblo en definitiva, mediante su voto, el que debe decidir si quiere que alguien lo siga gobernando, ya que la concurrencia de un candidato a una reelección no es garantía de que resulte electo. Sin embargo, las estadísticas mundiales demuestran lo contrario: el número de presidentes que logra reelegirse, a pesar incluso de un mediocre desempeño económico y social es sorprendentemente alto, gracias justamente, entre otras cosas, al abuso irrestricto de los fondos públicos para avasallar a sus adversarios en cualquier campaña electoral.

La razón más obvia para oponerse al desafuero que significa acabar con el principio del gobierno alternativo establecido por nuestra Constitución es esencialmente la forma como ha actuado el régimen, a cuatro años de los próximos comicios presidenciales, para satisfacer los designios de quien quiere perpetuarse en el poder, con el dudoso argumento de que su permanencia al frente del gobierno es imprescindible para darle continuidad a la “revolución bolivariana”. Nunca antes un gobierno había actuado con la premura y el avasallamiento con el que éste se ha comportado, atropellando la institucionalidad, las leyes y la opinión pública para imponer su voluntad. Nunca antes el país había vivido en medio de semejante clima de impunidad, ante una violencia alimentada por un constante discurso pugnaz, lleno de incitación al odio y la división. Sus primeros resultados ya están a la vista. Es de esperarse que dicha situación no sufra la escalada característica de estos abominables procesos, pasando de los ataques a reuniones estudiantiles, de centros de cultura, sedes de gobierno regional y últimamente a lugares de culto religioso, a otros niveles y objetivos. Si todo esto se hace en medio de la mayor impunidad y complacencia de las autoridades, sin haber ganado la enmienda, resulta más que válido preguntarse lo que nos depara el futuro de lograr el régimen su cometido.

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