A la espera de encontrarle un nombre adecuado, catalogar lo que está evolucionando en Venezuela como una dictadura resulta tan erróneo como llamarlo una democracia. Sin embargo, distinguir si el régimen actual constituye una democracia, se dirige hacia una dictadura o se encuentra más cerca de una u otra no es una simple disquisición filosófica o semántica. Aunque dilucidar si Venezuela se encamina hacia una “demodura” o una “dictocracia” pareciera una discusión estéril, la cuestión no tiene nada de inútil a la vista del fantasma del populismo que recorre el mundo y ante las actuales tentaciones autocráticas locales.

Los regímenes autocráticos-populistas del siglo XXI no pueden ser medidos con el mismo rasero con el cual valorábamos las autocracias del siglo XX, por la sencilla razón de que, aunque se parezcan mucho, se encuentran impedidos de comportarse de la misma manera por limitantes internas y externas. La progresiva conciencia democrática global y la actividad cada vez más indispensable de un creciente número de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales dedicadas a sembrar valores democráticos y a la defensa de los derechos humanos, así como a exigir la plena vigencia de un estado de derecho, el acceso a la información pública y el desempeño de un buen gobierno, constituyen un formidable freno a las tentaciones totalitarias de más de un gobierno en el mundo. En el ambiente globalizado de hoy, donde el ciudadano forma parte de una opinión pública universal en virtud de la omnipresencia de la información, las nuevas autocracias-populistas deben aparentar ser democráticas, para ser aceptadas como tales por la comunidad internacional.

Ya no pueden recurrir al uso de la fuerza, sino a métodos mucho más inmateriales de infundir miedo y controlar a la población, a menos que decidan correr el riesgo de ser execradas y sancionadas por la comunidad internacional. Para ello, el uso perverso de la informática y de los medios de comunicación, en especial de la televisión, suple con creces la utilización de la represión física de las ideas y de la disidencia. La confección de listas excluyentes de ciudadanos disidentes no constituye un simple y ocasional capricho de alguna mente retorcida, sino una forma deliberada de segregación política con el propósito de amedrentar y castigar a la discrepancia. El ilimitado bombardeo propagandístico al cual se somete al ciudadano a través de la televisión y otros medios de comunicación estatales, sobre la base generalmente de cifras maquilladas, medias verdades o simples falsedades, tampoco es casual. Mucho menos lo es la interesada adulteración de la historia, los cambios de denominación de lugares e instituciones, la fabricación de falsos héroes, ni la repetición hasta el hartazgo de las más evidentes invenciones. Todo ello está dirigido a suplir métodos en desuso, políticamente incorrectos, para doblegar una voluntad que no se puede someter por la fuerza.

Por consiguiente, obligadas a guardar las apariencias de un gobierno democrático, las nuevas autocracias-populistas deben echar mano de formas más sutiles de restringir libertades, conculcar derechos y subyugar voluntades.

Esas apariencias incluyen básicamente: la realización de elecciones frecuentes, aunque el árbitro sea de dudosa imparcialidad y se realicen en medio de un irrestricto ventajismo gubernamental; la ilusión de un poder judicial íntegro e independiente, si bien en la práctica no imparte justicia y actúa como arma política; la existencia de un poder legislativo teóricamente independiente, aunque circunscrito a las directrices del poder ejecutivo; la pretendida vigencia de un orden constitucional y jurídico, si bien es violentado permanentemente sin contrapeso institucional alguno que lo impida; y, el ejercicio de una libertad de prensa supuestamente ilimitada, aunque cada vez más restringida legalmente y presa de la auto-censura.

Ahora bien, ¿Porqué viene esto al caso? Porque a raíz de la derrota de la “reforma” constitucional en el referéndum de diciembre de 2007, el régimen no sólo desafió a la opinión pública con el despliegue de vallas publicitarias con el chocante mensaje de “Por Ahora”, sino que se dedicó a desconocer en la práctica el resultado de la voluntad popular, deteriorando el ambiente político, económico y social. La publicación en julio pasado de manera sorpresiva e inconsulta de los 26 decretos con los cuales se intenta desconocer su resultado y acabar de un plumazo con la conquista popular de la descentralización, responde a esa línea de conducta. A lo largo del 2008, en contra del sentir de la mayoría de los venezolanos, ha intensificado su desafiante acercamiento con los regímenes más antidemocráticos del planeta y profundizado una relación con La Habana que raya ya en lo grotesco. Después de las elecciones regionales de noviembre de 2008, que representaron un avance cualitativo de las fuerzas democráticas y un repliegue del apoyo al régimen, se niega a reconocer el descalabro, desconoce de hecho a las autoridades electas, sabotea su desempeño y pretende poner al país frente al falso dilema de escoger entre democracia y populismo autocrático.

Para desgracia del país, antes que retomar el camino de un gobierno democrático, plural, civilista, descentralizado y respetuoso de los derechos fundamentales que la mayoría reclama, el presidente insiste en profundizar el populismo militarista, estatista, chapucero, intolerante y excluyente con el que se nos pretende subyugar.

Pues bien, antes de culminar el mandato presidencial y acudir a la cita electoral de 2012, el régimen debe enfrentar la crucial prueba de unas elecciones legislativas e incluso la posibilidad de un nuevo referéndum revocatorio del mandato presidencial. Frente a este panorama y ante la tempestad económica, política y social que se avecina inexorablemente, ha optado por sucumbir a la tentación de escapar hacia delante, a la espera de mejores tiempos.

Más grave aún, con la promoción de una iniciativa de “enmienda” constitucional para establecer la reelección indefinida, ha introducido un elemento de profunda perturbación política, cuyo verdadero objetivo no es otro que el proyecto personal de tratar de lograr su permanencia ilimitada en el poder. Por un lado, pareciera estar seguro de que podría salir airoso de la eventual consulta e imponer entonces su voluntad sin límite alguno, con lo cual se exacerbarían los niveles de polarización política y de oposición al régimen. Pero, por otro lado, si a pesar del desenfrenado ventajismo propagandístico no logra remontar las opiniones adversas a la propuesta y pierde la consulta, que es a lo que todo parece apuntar, se abriría una especie de caja de Pandora.

¿Porqué? Porque el régimen ha demostrado hasta la saciedad cuán poco le importa decir y desdecirse en temas de la mayor trascendencia para el país. Ya lo ha demostrado en múltiples ocasiones, al descalificar y perseguir a sus adversarios, ignorar la voluntad popular y más recientemente al sabotear la actuación de los gobernantes opositores electos. Asimismo, porque lo que se considera generalmente como producto de la improvisación y de la incapacidad del equipo gobernante para resolver los problemas más sencillos que una administración pública debe enfrentar, pareciera más bien obedecer a una calculada estrategia de agotamiento de la voluntad colectiva, de sistemática y permanente burla de sus derechos y opiniones, con lo cual se pretende generar un ambiente de desesperanza, de resignación y de indefensión, dirigida a desarmarla y neutralizarla.

En consecuencia, la tentación de abandonar los últimos vestigios de un gobierno democrático y acabar con los residuos del estado de derecho podría llegar a ser muy grande, ante la eventual derrota de lo que se considera como una indispensable permanencia en el poder para poder continuar la tarea de construir el “socialismo bolivariano”; tarea que de paso no ha contado con el asentimiento popular y cuya definición se desconoce aún, como no sea la más sincera de describirlo como aquel sistema que necesita del capitalismo para que le compre su petróleo. Desafortunadamente, la manifiesta y continuada voluntad de entender y practicar la vida política de cualquiera otra forma que no sea la de una permanente batalla entre supuestos revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre “pueblo” y “oligarquía”, entre imperialismo y pueblos colonizados, entre seguidores y enemigos, no pareciera ser un buen presagio.

El tema de la “enmienda” se complicará seguramente aún más por la maniobra presidencial de ampliar la reelección indefinida a otros cargos de elección popular, para incluir a gobernadores, alcaldes y diputados. Resulta evidente que con ello busca reducir el rechazo al personalismo de la propuesta inicial, atacar la percepción general de que la enmienda es igual a la reforma constitucional del año 2007, motivar a los gobernadores y alcaldes del régimen a movilizar a sus electores a favor de sus designios, y de paso, al afirmar que se trataba de un error, anotarse un punto al quedar como el gobernante reflexivo que sabe rectificar.

Mientras tanto, la iniciativa sigue su inexorable y estrafalario proceso de aprobación, para lo cual cuenta desde ya con la avanzada bendición de la máxima autoridad judicial del país, el consentimiento adelantado del CNE y la abnegada determinación de la fuerza armada de contribuir a su realización. Todo pareciera indicar, a juzgar por el apresuramiento con que se ha concretado la iniciativa y los niveles de tensión a que se sigue sometiendo al ciudadano, que estamos llegando finalmente a la hora de las definiciones.

De llegarse a aprobar la “enmienda” que le permitiría al presidente intentar asegurar su indefinida e indispensable conducción de la “revolución”, Venezuela habrá dado paradójica y lamentablemente un paso más en la insólita tarea de tratar de acabar con la democracia a través de una de sus instituciones fundamentales, el voto popular. Pocas veces habrá sido tan trascendental para los venezolanos una votación tan sencilla, como el escoger entre un si y un no.