El falso
dilema
entre
Democracia
y
Populismo
por
Norman
Pino
miércoles,
14 enero
2009
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A la espera de encontrarle un
nombre adecuado, catalogar lo que está evolucionando en
Venezuela como una dictadura resulta tan erróneo como
llamarlo una democracia. Sin embargo, distinguir si el
régimen actual constituye una democracia, se dirige hacia
una dictadura o se encuentra más cerca de una u otra no es
una simple disquisición filosófica o semántica. Aunque
dilucidar si Venezuela se encamina hacia una “demodura” o
una “dictocracia” pareciera una discusión estéril, la
cuestión no tiene nada de inútil a la vista del fantasma del
populismo que recorre el mundo y ante las actuales
tentaciones autocráticas locales.
Los regímenes autocráticos-populistas del siglo XXI no
pueden ser medidos con el mismo rasero con el cual
valorábamos las autocracias del siglo XX, por la sencilla
razón de que, aunque se parezcan mucho, se encuentran
impedidos de comportarse de la misma manera por limitantes
internas y externas. La progresiva conciencia democrática
global y la actividad cada vez más indispensable de un
creciente número de organismos internacionales y
organizaciones no gubernamentales dedicadas a sembrar
valores democráticos y a la defensa de los derechos humanos,
así como a exigir la plena vigencia de un estado de derecho,
el acceso a la información pública y el desempeño de un buen
gobierno, constituyen un formidable freno a las tentaciones
totalitarias de más de un gobierno en el mundo. En el
ambiente globalizado de hoy, donde el ciudadano forma parte
de una opinión pública universal en virtud de la
omnipresencia de la información, las nuevas
autocracias-populistas deben aparentar ser democráticas,
para ser aceptadas como tales por la comunidad
internacional.
Ya no pueden recurrir al uso de la fuerza, sino a métodos
mucho más inmateriales de infundir miedo y controlar a la
población, a menos que decidan correr el riesgo de ser
execradas y sancionadas por la comunidad internacional. Para
ello, el uso perverso de la informática y de los medios de
comunicación, en especial de la televisión, suple con creces
la utilización de la represión física de las ideas y de la
disidencia. La confección de listas excluyentes de
ciudadanos disidentes no constituye un simple y ocasional
capricho de alguna mente retorcida, sino una forma
deliberada de segregación política con el propósito de
amedrentar y castigar a la discrepancia. El ilimitado
bombardeo propagandístico al cual se somete al ciudadano a
través de la televisión y otros medios de comunicación
estatales, sobre la base generalmente de cifras maquilladas,
medias verdades o simples falsedades, tampoco es casual.
Mucho menos lo es la interesada adulteración de la historia,
los cambios de denominación de lugares e instituciones, la
fabricación de falsos héroes, ni la repetición hasta el
hartazgo de las más evidentes invenciones. Todo ello está
dirigido a suplir métodos en desuso, políticamente
incorrectos, para doblegar una voluntad que no se puede
someter por la fuerza.
Por consiguiente, obligadas a guardar las apariencias de un
gobierno democrático, las nuevas autocracias-populistas
deben echar mano de formas más sutiles de restringir
libertades, conculcar derechos y subyugar voluntades.
Esas apariencias incluyen básicamente: la realización de
elecciones frecuentes, aunque el árbitro sea de dudosa
imparcialidad y se realicen en medio de un irrestricto
ventajismo gubernamental; la ilusión de un poder judicial
íntegro e independiente, si bien en la práctica no imparte
justicia y actúa como arma política; la existencia de un
poder legislativo teóricamente independiente, aunque
circunscrito a las directrices del poder ejecutivo; la
pretendida vigencia de un orden constitucional y jurídico,
si bien es violentado permanentemente sin contrapeso
institucional alguno que lo impida; y, el ejercicio de una
libertad de prensa supuestamente ilimitada, aunque cada vez
más restringida legalmente y presa de la auto-censura.
Ahora bien, ¿Porqué viene esto al caso? Porque a raíz de la
derrota de la “reforma” constitucional en el referéndum de
diciembre de 2007, el régimen no sólo desafió a la opinión
pública con el despliegue de vallas publicitarias con el
chocante mensaje de “Por Ahora”, sino que se dedicó a
desconocer en la práctica el resultado de la voluntad
popular, deteriorando el ambiente político, económico y
social. La publicación en julio pasado de manera sorpresiva
e inconsulta de los 26 decretos con los cuales se intenta
desconocer su resultado y acabar de un plumazo con la
conquista popular de la descentralización, responde a esa
línea de conducta. A lo largo del 2008, en contra del sentir
de la mayoría de los venezolanos, ha intensificado su
desafiante acercamiento con los regímenes más
antidemocráticos del planeta y profundizado una relación con
La Habana que raya ya en lo grotesco. Después de las
elecciones regionales de noviembre de 2008, que
representaron un avance cualitativo de las fuerzas
democráticas y un repliegue del apoyo al régimen, se niega a
reconocer el descalabro, desconoce de hecho a las
autoridades electas, sabotea su desempeño y pretende poner
al país frente al falso dilema de escoger entre democracia y
populismo autocrático.
Para desgracia del país, antes que retomar el camino de un
gobierno democrático, plural, civilista, descentralizado y
respetuoso de los derechos fundamentales que la mayoría
reclama, el presidente insiste en profundizar el populismo
militarista, estatista, chapucero, intolerante y excluyente
con el que se nos pretende subyugar.
Pues bien, antes de culminar el mandato presidencial y
acudir a la cita electoral de 2012, el régimen debe
enfrentar la crucial prueba de unas elecciones legislativas
e incluso la posibilidad de un nuevo referéndum revocatorio
del mandato presidencial. Frente a este panorama y ante la
tempestad económica, política y social que se avecina
inexorablemente, ha optado por sucumbir a la tentación de
escapar hacia delante, a la espera de mejores tiempos.
Más grave aún, con la promoción de una iniciativa de
“enmienda” constitucional para establecer la reelección
indefinida, ha introducido un elemento de profunda
perturbación política, cuyo verdadero objetivo no es otro
que el proyecto personal de tratar de lograr su permanencia
ilimitada en el poder. Por un lado, pareciera estar seguro
de que podría salir airoso de la eventual consulta e imponer
entonces su voluntad sin límite alguno, con lo cual se
exacerbarían los niveles de polarización política y de
oposición al régimen. Pero, por otro lado, si a pesar del
desenfrenado ventajismo propagandístico no logra remontar
las opiniones adversas a la propuesta y pierde la consulta,
que es a lo que todo parece apuntar, se abriría una especie
de caja de Pandora.
¿Porqué? Porque el régimen ha demostrado hasta la saciedad
cuán poco le importa decir y desdecirse en temas de la mayor
trascendencia para el país. Ya lo ha demostrado en múltiples
ocasiones, al descalificar y perseguir a sus adversarios,
ignorar la voluntad popular y más recientemente al sabotear
la actuación de los gobernantes opositores electos.
Asimismo, porque lo que se considera generalmente como
producto de la improvisación y de la incapacidad del equipo
gobernante para resolver los problemas más sencillos que una
administración pública debe enfrentar, pareciera más bien
obedecer a una calculada estrategia de agotamiento de la
voluntad colectiva, de sistemática y permanente burla de sus
derechos y opiniones, con lo cual se pretende generar un
ambiente de desesperanza, de resignación y de indefensión,
dirigida a desarmarla y neutralizarla.
En consecuencia, la tentación de abandonar los últimos
vestigios de un gobierno democrático y acabar con los
residuos del estado de derecho podría llegar a ser muy
grande, ante la eventual derrota de lo que se considera como
una indispensable permanencia en el poder para poder
continuar la tarea de construir el “socialismo bolivariano”;
tarea que de paso no ha contado con el asentimiento popular
y cuya definición se desconoce aún, como no sea la más
sincera de describirlo como aquel sistema que necesita del
capitalismo para que le compre su petróleo.
Desafortunadamente, la manifiesta y continuada voluntad de
entender y practicar la vida política de cualquiera otra
forma que no sea la de una permanente batalla entre
supuestos revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre
“pueblo” y “oligarquía”, entre imperialismo y pueblos
colonizados, entre seguidores y enemigos, no pareciera ser
un buen presagio.
El tema de la “enmienda” se complicará seguramente aún más
por la maniobra presidencial de ampliar la reelección
indefinida a otros cargos de elección popular, para incluir
a gobernadores, alcaldes y diputados. Resulta evidente que
con ello busca reducir el rechazo al personalismo de la
propuesta inicial, atacar la percepción general de que la
enmienda es igual a la reforma constitucional del año 2007,
motivar a los gobernadores y alcaldes del régimen a
movilizar a sus electores a favor de sus designios, y de
paso, al afirmar que se trataba de un error, anotarse un
punto al quedar como el gobernante reflexivo que sabe
rectificar.
Mientras tanto, la iniciativa sigue su inexorable y
estrafalario proceso de aprobación, para lo cual cuenta
desde ya con la avanzada bendición de la máxima autoridad
judicial del país, el consentimiento adelantado del CNE y la
abnegada determinación de la fuerza armada de contribuir a
su realización. Todo pareciera indicar, a juzgar por el
apresuramiento con que se ha concretado la iniciativa y los
niveles de tensión a que se sigue sometiendo al ciudadano,
que estamos llegando finalmente a la hora de las
definiciones.
De llegarse a aprobar la “enmienda” que le permitiría al
presidente intentar asegurar su indefinida e indispensable
conducción de la “revolución”, Venezuela habrá dado
paradójica y lamentablemente un paso más en la insólita
tarea de tratar de acabar con la democracia a través de una
de sus instituciones fundamentales, el voto popular. Pocas
veces habrá sido tan trascendental para los venezolanos una
votación tan sencilla, como el escoger entre un si y un no.
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