Que el
gobierno haya decidido inhabilitar al candidato opositor a
la gobernación del estado Yaracuy, Eduardo Lapi, a menos
de 20 días de la contienda electoral, no es sino otro
indicio del síndrome neototalitario que corroe al chavismo
cuando se aproxima a la derrota electoral más contundente
que sufrirá en toda su historia.
Y para paliarla, no hace otra cosa que echar mano al único
“argumento” que conoce y le queda: inhabilitar a Lapi
ahora que se sabe barre en las encuestas y disparándole
una decisión de la Sala Electoral del TSJ por una presunta
violación de normas que el CNE no había considerado causal
de inhabilitación.
O sea, que muy en el estilo de Chávez, se ordenó que
corriera la candidatura de Lapi, pero solo hasta el límite
en que pareciera inevitable su triunfo, pues, si ese era
el caso, no quedaba más remedio que “ganarle” con las
casuísticas leyes de la autocracia que se aplican, solo
para el logro de objetivos políticos que no tienen nada
que ver con delitos, expedientes, fiscales, jueces,
inocentes o culpables.
Y es que, si de repente el exgobernador y candidato no se
hubiera convertido en seguro ganador y su derrota lucía
garantizada el 23 de noviembre, entonces simplemente
pasaba como un candidato más y su participación a ser
utilizada como prueba del escrupuloso respeto del gobierno
a las instituciones y leyes electorales.
Estratagema que también busca aplicársele al candidato a
la Alcaldía de Maracaibo, Manuel Rosales, el cual,
mientras parecía derrotable, no se le amenazaba con
juicios y decisiones para inhabilitarlo y llevarlo preso,
pero en cuanto se hizo irreversible que ganaría, Chávez se
lanzó a crear la matriz de opinión por la que se le
sacaría de juego y “dentro de la Ley”.
O lo que es lo mismo: que solo hay una manera de
mantenerse en la puja electoral actual y en las que
vienen, y es que los candidatos opositores con algunas
posibilidades de triunfo se las echen de perdedores,
simulen que van a sufrir palizas en las urnas, promuevan
encuestas que los coloquen de últimos, y así jugar a
sorprender a Chávez y al chavismo el día de las
elecciones, de modo de dejarlo sin capacidad de reacción,
ni salidas.
Se debe también evitar escaramuzas que sitúen al candidato
opositor en la lista de aquellos que Chávez busca
desaparecer del mapa político y por nada del mundo
aceptaría admitirlos a su lado aunque sea por razones
protocolares, pues, en ese caso, es evidente que removería
cielo y tierra, TSJ y Fiscalía, Ejército y cuerpos
policiales, a la DISIP y al CICPC para que la candidatura
se frustre, ya sea por la inhabilitación o el
encarcelamiento.
Es bueno recordar a este respecto que mucho antes del
inicio de la campaña electoral, hubo una primera oleada de
inhabilitaciones, y que la misma se dirigió exclusivamente
a sacar de la puja a aquellos candidatos emblemáticos que
ganarían en gobernaciones y alcaldías emblemáticas.
No se pensó entonces que Chávez quería más, mucho más y
que los candidatos opositores que permitió participar
pasarían a una suerte de “sala situacional de observación”
que determinaría, si en medio o al final de la campaña,
había que inhabilitarlos porque sus candidaturas se
convertían en ganadoras.
Y por esa vía, el teniente coronel vuelve a innovar en el
sistema neototalitario que entusiastamente introdujo en
Venezuela y auspicia por el mundo y que puede resumirse en
el lema de: “Elecciones sí, y participación electoral
también, pero solo con los candidatos oficialistas y
opositores que yo acepto y tolero”.
Así, por ejemplo, los candidatos del PSUV que están en la
contienda fueron los que aceptó Chávez, y en cuanto a los
de la oposición, si sigue la ola de inhabilitaciones,
también.
O lo que es lo mismo: que dictadura más taimada, mendaz,
socarrona y zamarra no se conoció nunca, y comunidad
internacional y oposición nacional que se hicieran los
locos… tampoco.
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Artículo
publicado en el vespertino
El Mundo. |