Sobran indicios para pensar que el choque que podría significar dentro de poco que un grupo de magistrados de la Sala Constitucional del TSJ sea juzgado por el Poder Moral y separado de sus funciones por la Asamblea Nacional tiene su origen, no tanto en la modificación de un artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta que reduce la base impositiva al salario neto de los contribuyentes, cómo en el giro marcadamente anticonstitucional que le ha impreso el presidente Chávez al llamado proceso después de las elecciones del 3 de diciembre pasado.

Y que ha encontrado un crítico feroz en el magistrado, Jesús Eduardo Cabrera, quien ha dicho en reuniones privadas, y conversaciones de pasillo, que después de la mega Habilitante, y de la reforma constitucional para sancionar la reelección indefinida, el presidente Chávez se coloca flagrantemente al margen de la Ley.

Y por tanto, en sujeto proclive a una medida de deslegitimación por parte de la suprema sala, como que es imposible que un presidente “interdictado” aspire a seguir al frente de los destinos de la República.

Pero hay otro detalle en el cambiazo o acelerón promovido por Chávez, tan pronto se sintió con los votos suficientes para avanzar en el proyecto socialista y autoritario, que no se le ha escapado a Cabrera - y del cual es un obsecuente denunciador entre sus colegas de la Sala Constitucional y de otras salas del TSJ -, como es el hecho de que después de la emergencia del jefe de Estado como centro de un poder ejecutivo vitalicio, y con un dominio pleno sobre el resto de los poderes, la Sala Constitucional del TSJ, tal como ha sido establecida en la constitución vigente, desaparecería de un todo, o sería reformada de tal manera que, de ser la intérprete de la legalidad o ilegalidad de los actos constitucionales en curso, pasaría a ser una herramienta que sancione como “absolutamente ajustada a la Carta Magna” la instauración del poder del Único.

De modo que una “guerra a muerte” ha sido declarada entre la Sala Constitucional y el Poder Ejecutivo, o mejor dicho, entre Jesús Eduardo Cabrera y Hugo Chávez , y en la cual el último ha comenzado golpeando primero y lanzando al ataque sus unidades especializadas en guerra sucia, que no han dudado en acusar a Cabrera de “mafioso”, amenazando, de paso, a los magistrados que se le solidaricen, con la cárcel de Uribana (el centro penitenciario en el que se han sucedido los peores asesinatos entre reclusos de los últimos meses).

Porque es que de otra manera no se explicaría que por un incidente menor que pudo ser enmendado en una simple revisión, y que ya había sido aceptado por el SENIAT, como fue la modificación del Artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta - que restituía, además, el derecho de los contribuyentes a que no se les afectaran impositivamente sus emolumentos más allá de sus salarios netos- se convirtiera en un área de discordia que comienza con el pase de los miembros de la sala, de magistrados a unas piezas de cacería que en semanas podrían ir a la cárcel, al exilio o al anonimato que es también una especie de muerte física y moral.

Pero que fue interpretado por Chávez y sus adláteres como una decisión tomada a trancas y barrancas para proteger las primas y bonificaciones de los magistrados del TSJ que se habían rebajado los sueldos en diciembre (por una exhortación-orden del jefe de Estado), de 28 a 14 millones de bolívares mensuales, pero aumentando los ingresos “extras” para compensar las pérdidas “ordinarias”, siendo que en buena ley no se puede desvalijar al contribuyente de un derecho para engordar los recursos del Estado.

Y de un derecho cuya modificación tiene que ser hacia arriba y no hacia abajo, o sea, hacia una retribución mayor y no menor, pues la constitución establece que los derechos “progresan” y no “retroceden”, y que cualquiera que lo haga o instigue, se coloca al margen de la Ley.

De modo que por donde se mire, la modificación del Artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta se ajusta a derecho y por ningún respecto puede ser calificada de “mafiosa y delincuencial”, como es la opinión de connotados voceros del régimen como son los asambleístas, Carlos Escarrá e Iris Valera.

Pero que es un pretexto ideal para debilitar y hostigar la posición de los miembros de la Sala Constitucional en general, y del magistrado Cabrera en particular, y para ello se están calculando las pérdidas del Fisco -al hacer extensiva la modificación del “Artículo 31” a lo que deberían pagar los altos funcionarios de la administración y los grandes ejecutivos de la empresa privada a partir del 2008- en un faltante de cerca de 600 millardos de bolívares anuales que en ningún caso podría significar la quiebra del estado más rico de América latina.

Pero que permite alegar que la Sala Constitucional y Cabrera actuaron para proteger los intereses de los pulpos del capitalismo privado que de ahora en adelante, siguiendo el ejemplo del TSJ, se rebajarán los sueldos netos pechables, para después aumentarse las primas y bonificaciones no pechables, y así estafar a la República, al SENIAT y a la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Y aquí la diputada, Iris Varela, ha soltado la especie de que Cabrera redactó la ponencia que modifica el “Artículo 31” en complicidad con una alta funcionaria del Ministerio Público y una abogada de un reconocido bufete de Caracas, las cuales actuaron por encargo de burócratas del estado y empresarios privados de altos sueldos, y que según informaciones confiables, no son otras que la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, y la profesional del derecho, Esther Bigott de Loayza.

Ahora bien, un poco de memoria nos permite aterrizar en el detalle de que se trata de una Fiscal y una abogada ligadas al recién defenestrado exvicepresidente, José Vicente Rangel; al también alma en pena exministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz; al igualmente agónico magistrado expresidente del TSJ, Omar Mora Díaz; al siempre triste, vapuleado y confuso Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez; y a un jarrón chino que en otro tiempo fue un todopoderoso ministro del Interior y Justicia, pero ahora es un burócrata sin habla, ni función relevante, Jesse Chacón Escamillo.

Todos miembros de la pandilla que asesinó política y moralmente al exmagistrado, Luis Velázquez Alvaray, dijeron ellos que por actos de corrupción, pero en realidad para pasarle factura por un folleto de su autoría donde se proponía por primera vez la reelección indefinida de Chávez.

Y puras fichas del fenómeno que el mismo exmagistrado, Velázquez Alvaray, denunció como “chavismo sin Chávez”; y un periodista especializado en las interioridades del proceso como Miguel Salazar, denuncia en el semanario que dirige, “Las Verdades de Miguel”, como los autores de una estrategia a mediano plazo que haría del chavismo un grito muerto, fallido y sin ninguna trascendencia a efectos de la historia venezolana presente y futura.

O sea, un conjunto de sombras, sospechas e improbabilidades que resultan tanto más ciertas, cuanto parecen más increíbles, pero que suenan muy aptas para estimular el apetito de un degustador compulsivo del dulce de lechoza como Hugo Chávez, que dicen disfruta las delicias de las recetas anticipadamente y antes de que salgan del horno.

Ojalá no se le atraganten.