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Los crímenes de la Universidad del Zulia
por Manuel Malaver  
domingo, 4 noviembre 2007


Como si no fuera a diario la prédica a favor del odio que desde hace 8 años se ha instalado en el país y tiene como principal promotor al presidente de la república, Hugo Chávez; como si la violencia política no se expresara básicamente en la actuación de grupos de fanáticos revolucionarios que permisan “pistola en mano” hasta donde pueden llegar las protestas contra el gobierno y el comandante en jefe; como si no estuvieran frescas las agresiones de hace una semana contra Pompeyo Márquez y Jon Goicochea y de hace unas horas contra los estudiantes que exigían una reunión con los rectores del CNE; como si reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los medios impresos y audiovisuales no fueran objeto de agresiones cada vez que se atreven a decir que son independientes, y por tanto, tienen un compromiso con la verdad, el director del CICPC, Marcos Chávez, declaró la noche del viernes que los dos estudiantes asesinados en un incidente confuso en los alrededores de la Universidad del Zulia, “habían sido víctimas de enfrentamientos entre pandillas armadas de estudiantes de un Nuevo Tiempo y COPEI que se disputaban el liderazgo estudiantil de la región”.

Versión que sorprende, no solo por lo apresurada, sino por lo anticipada, ya que hasta donde las imágenes y los reportes de los medios impresos y audiovisuales permitían seguir los sucesos, al momento del señor Chávez hacer su declaración estaba claro que ni un solo agente del CICPC se había apersonado al sitio a recoger la información preliminar que permitiera adelantar una hipótesis sobre las circunstancias y naturaleza del crimen.

Y mucho menos para afirmar de manera tan categórica lo que más que objeto de una investigación, es fruto de una premonición que curiosamente coincide con el interés del gobierno de mantener fuera de los lamentables hechos a quienes, por ser la parte más eficiente de la violencia nacional y regional, deberían ser los primeros en resultar investigados.

Aunque es difícil decir a través de que medios, ya que no solo los agentes del CICPC, sino los fiscales, jueces, forenses y miembros de otros cuerpos policiales habían desaparecido la tarde del viernes de los alrededores de la universidad como por encanto.

Ausencia que fue notoria, tanto durante la trágica tarde del viernes, como durante las semanas en que, según el rector de la Universidad del Zulia, Leonardo Atencio, se solicitó la presencia de cuerpos policiales para controlar los enfrentamientos que, más allá de toda duda, indicaban que conducirían a lamentables hechos de sangre.

O mejor dicho, si aparecían, observaban, anotaban, pero sin sentirse animados a detener a quienes ostensiblemente revelaban su decisión de ensangrentar la Universidad.

Y aquí es donde no queda más remedio que admitir que viniendo la acusación contra militantes de COPEI y un Nuevo Tiempo de un funcionario “rojo, rojito” como Marcos Chávez, que no se pierde una sola marcha de las que planifica el gobierno para decir que si tiene quien lo apoye, pendiente de las cámaras y los micrófonos para gritar que está con el comandante en jefe y el proceso, pues que su declaración es sencillamente “política”, y que no busca otro propósito que favorecer la causa, ganando, de paso, puntos a la hora de colocarse con opción para mantenerse en el cargo o acceder a una bolijubilación, una embajada o una asesoría policial.

Aun más: me atrevería afirmar que antes de sucederse los hechos, antes de conocerse el horrendo crimen, ya Chávez tenía su declaración en el bolsillo, ya había hecho una simple operación de sumas políticas y restas policiales, para, sin detenerse en pesquisas, informes forenses, testimonios, ni estudio del lugar de los hechos, instruir la causa para enviarla a la fiscalía y esperar la sentencia del juez.

Y a ello me conduce el pálpito de que simplemente estamos de nuevo ante un modus operandi tan útil a la revolución si se trata de promover hechos violentos, dejarlos pasar en la medida que se sabe serán aprovechados por las bandas armadas oficialistas, pero una vez sucedidos, escamotearlos, desviarlos, adulterarlos, fabricarles culpables y declarar que tienen su origen en la vocación golpista de los talibanes de la oposición.

Un ejemplo contundente por lo fresco, cínico, torcido y demostrativo de cómo la verdad no es un valor que le concite respeto alguno a los forjadores del hombre nuevo y cruzados por la salvación de la humanidad, lo vimos hace dos semanas en la agresión de que fueron objeto en el Pedagógico de Caracas, Pompeyo Márquez y Jon Goicochea, que no solo fueron golpeados e insultados por una decena de fanáticos chavistas, sino que terminaron acusados por sus agresores de provocadores, fascistas, terroristas y culpables de un delito, que no es que no cometieron, sino que les procuró daño público y notorio.

Y a este respecto es irrelevante que haya imágenes de la televisión independiente, testimonios aun de chavistas que dicen estar en desacuerdo con las agresiones, pruebas contra quienes perpetraron los delitos, porque los portavoces oficialistas, los policías, jueces y fiscales dirán, sin que la realidad los perturbe, que los hechos y culpables fueron otros.

Y así el gobierno, no solo es el promotor y ejecutor de la violencia, sino su presunta víctima, el inocente desprevenido que de puro confiado y respetuoso de la ley, debe actuar en defensa propia y castigar a quienes lo provocan.

“Aquí ha habido exceso de tolerancia” le declaraba el viernes la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, a la periodista, Cecilia Caione, de “El Nacional”, y tanto Chávez, como el ministro del Interior y Justicia, Pedro Carreño y los jefes de las policías represivas “sostienen que los tiempos de la blandenguería pasaron y la revolución debe reaccionar a la ofensiva y destruir a quienes pretenden destruirla”.

Y sin duda que en ese postulado reside una de las inspiraciones fundamentales de la reforma constitucional, que entre la hojarasca de disposiciones y artículos inviables, si irá a fondo en el intento de crear un estado policial sin sujeción a la ley, en un estado totalitario siglo donde la profesión más estimada y mejor pagada, sea la de reprimir.

Pero previo el escamoteo y adulteración de la verdad, pues una cosa va con la otra, y es una de las asignaturas donde mejor se ha desempeñado la monocracia, ya que no solamente cuenta muertos, presos, heridos y exilados, sino que se las atribuye a las víctimas, a la oposición.

Desde luego que con tamaña truculencia el chavismo no está inventando nada nuevo, pues los totalitarismos de todos los signos se especializan en reprimir, pero culpabilizando de los atropellos que cometen a los enemigos, y que en muchos casos se ejecutan, no través de cuerpos policiales armados identificados con el aparato policial o militar, sino de civiles que no figuran en las nóminas y, si delinquen, pueden alegar que lo hicieron por inspiración propia y no porque el gobierno les encargó la tarea.

Que será lo que en último término sucederá con los culpables de los crímenes perpetrados la tarde del viernes en la Universidad del Zulia, si, como seguramente se va a demostrar, “Nuevo Tiempo” y “COPEI” no tienen nada que ver con ellos y todo es obra de estos fanáticos espontáneos que llevan su pasión revolucionaria al extremo de arriesgarse a un juicio y un carcelazo.

Que tampoco es que les vaya a generar muchos perjuicios, pues ya se sabe que, como ha sucedido con otros revolucionarios incursos en arrebatos parecidos, cuando menos se piense les son sobreseídas las causas, se les indulta o son objetos de beneficios procesales.

Lo veremos en el atajo que está a punto de tomar el asesinato de dos estudiantes de la Universidad del Zulia, que no es solo que se les fabricarán culpables, sino que los auténticos asesinos seguirán en libertad y preparados para una nueva misión.

 
 

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