Como
si no fuera a diario la prédica a favor del odio que desde
hace 8 años se ha instalado en el país y tiene como
principal promotor al presidente de la república, Hugo
Chávez; como si la violencia política no se expresara
básicamente en la actuación de grupos de fanáticos
revolucionarios que permisan “pistola en mano” hasta donde
pueden llegar las protestas contra el gobierno y el
comandante en jefe; como si no estuvieran frescas las
agresiones de hace una semana contra Pompeyo Márquez y Jon
Goicochea y de hace unas horas contra los estudiantes que
exigían una reunión con los rectores del CNE; como si
reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los medios
impresos y audiovisuales no fueran objeto de agresiones
cada vez que se atreven a decir que son independientes, y
por tanto, tienen un compromiso con la verdad, el director
del CICPC, Marcos Chávez, declaró la noche del viernes que
los dos estudiantes asesinados en un incidente confuso en
los alrededores de la Universidad del Zulia, “habían sido
víctimas de enfrentamientos entre pandillas armadas de
estudiantes de un Nuevo Tiempo y COPEI que se disputaban
el liderazgo estudiantil de la región”.
Versión que sorprende, no solo por lo apresurada, sino por
lo anticipada, ya que hasta donde las imágenes y los
reportes de los medios impresos y audiovisuales permitían
seguir los sucesos, al momento del señor Chávez hacer su
declaración estaba claro que ni un solo agente del CICPC
se había apersonado al sitio a recoger la información
preliminar que permitiera adelantar una hipótesis sobre
las circunstancias y naturaleza del crimen.
Y mucho menos para afirmar de manera tan categórica lo que
más que objeto de una investigación, es fruto de una
premonición que curiosamente coincide con el interés del
gobierno de mantener fuera de los lamentables hechos a
quienes, por ser la parte más eficiente de la violencia
nacional y regional, deberían ser los primeros en resultar
investigados.
Aunque es difícil decir a través de que medios, ya que no
solo los agentes del CICPC, sino los fiscales, jueces,
forenses y miembros de otros cuerpos policiales habían
desaparecido la tarde del viernes de los alrededores de la
universidad como por encanto.
Ausencia que fue notoria, tanto durante la trágica tarde
del viernes, como durante las semanas en que, según el
rector de la Universidad del Zulia, Leonardo Atencio, se
solicitó la presencia de cuerpos policiales para controlar
los enfrentamientos que, más allá de toda duda, indicaban
que conducirían a lamentables hechos de sangre.
O mejor dicho, si aparecían, observaban, anotaban, pero
sin sentirse animados a detener a quienes ostensiblemente
revelaban su decisión de ensangrentar la Universidad.
Y aquí es donde no queda más remedio que admitir que
viniendo la acusación contra militantes de COPEI y un
Nuevo Tiempo de un funcionario “rojo, rojito” como Marcos
Chávez, que no se pierde una sola marcha de las que
planifica el gobierno para decir que si tiene quien lo
apoye, pendiente de las cámaras y los micrófonos para
gritar que está con el comandante en jefe y el proceso,
pues que su declaración es sencillamente “política”, y que
no busca otro propósito que favorecer la causa, ganando,
de paso, puntos a la hora de colocarse con opción para
mantenerse en el cargo o acceder a una bolijubilación, una
embajada o una asesoría policial.
Aun más: me atrevería afirmar que antes de sucederse los
hechos, antes de conocerse el horrendo crimen, ya Chávez
tenía su declaración en el bolsillo, ya había hecho una
simple operación de sumas políticas y restas policiales,
para, sin detenerse en pesquisas, informes forenses,
testimonios, ni estudio del lugar de los hechos, instruir
la causa para enviarla a la fiscalía y esperar la
sentencia del juez.
Y a ello me conduce el pálpito de que simplemente estamos
de nuevo ante un modus operandi tan útil a la revolución
si se trata de promover hechos violentos, dejarlos pasar
en la medida que se sabe serán aprovechados por las bandas
armadas oficialistas, pero una vez sucedidos,
escamotearlos, desviarlos, adulterarlos, fabricarles
culpables y declarar que tienen su origen en la vocación
golpista de los talibanes de la oposición.
Un ejemplo contundente por lo fresco, cínico, torcido y
demostrativo de cómo la verdad no es un valor que le
concite respeto alguno a los forjadores del hombre nuevo y
cruzados por la salvación de la humanidad, lo vimos hace
dos semanas en la agresión de que fueron objeto en el
Pedagógico de Caracas, Pompeyo Márquez y Jon Goicochea,
que no solo fueron golpeados e insultados por una decena
de fanáticos chavistas, sino que terminaron acusados por
sus agresores de provocadores, fascistas, terroristas y
culpables de un delito, que no es que no cometieron, sino
que les procuró daño público y notorio.
Y a este respecto es irrelevante que haya imágenes de la
televisión independiente, testimonios aun de chavistas que
dicen estar en desacuerdo con las agresiones, pruebas
contra quienes perpetraron los delitos, porque los
portavoces oficialistas, los policías, jueces y fiscales
dirán, sin que la realidad los perturbe, que los hechos y
culpables fueron otros.
Y así el gobierno, no solo es el promotor y ejecutor de la
violencia, sino su presunta víctima, el inocente
desprevenido que de puro confiado y respetuoso de la ley,
debe actuar en defensa propia y castigar a quienes lo
provocan.
“Aquí ha habido exceso de tolerancia” le declaraba el
viernes la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia
Flores, a la periodista, Cecilia Caione, de “El Nacional”,
y tanto Chávez, como el ministro del Interior y Justicia,
Pedro Carreño y los jefes de las policías represivas
“sostienen que los tiempos de la blandenguería pasaron y
la revolución debe reaccionar a la ofensiva y destruir a
quienes pretenden destruirla”.
Y sin duda que en ese postulado reside una de las
inspiraciones fundamentales de la reforma constitucional,
que entre la hojarasca de disposiciones y artículos
inviables, si irá a fondo en el intento de crear un estado
policial sin sujeción a la ley, en un estado totalitario
siglo donde la profesión más estimada y mejor pagada, sea
la de reprimir.
Pero previo el escamoteo y adulteración de la verdad, pues
una cosa va con la otra, y es una de las asignaturas donde
mejor se ha desempeñado la monocracia, ya que no solamente
cuenta muertos, presos, heridos y exilados, sino que se
las atribuye a las víctimas, a la oposición.
Desde luego que con tamaña truculencia el chavismo no está
inventando nada nuevo, pues los totalitarismos de todos
los signos se especializan en reprimir, pero
culpabilizando de los atropellos que cometen a los
enemigos, y que en muchos casos se ejecutan, no través de
cuerpos policiales armados identificados con el aparato
policial o militar, sino de civiles que no figuran en las
nóminas y, si delinquen, pueden alegar que lo hicieron por
inspiración propia y no porque el gobierno les encargó la
tarea.
Que será lo que en último término sucederá con los
culpables de los crímenes perpetrados la tarde del viernes
en la Universidad del Zulia, si, como seguramente se va a
demostrar, “Nuevo Tiempo” y “COPEI” no tienen nada que ver
con ellos y todo es obra de estos fanáticos espontáneos
que llevan su pasión revolucionaria al extremo de
arriesgarse a un juicio y un carcelazo.
Que tampoco es que les vaya a generar muchos perjuicios,
pues ya se sabe que, como ha sucedido con otros
revolucionarios incursos en arrebatos parecidos, cuando
menos se piense les son sobreseídas las causas, se les
indulta o son objetos de beneficios procesales.
Lo veremos en el atajo que está a punto de tomar el
asesinato de dos estudiantes de la Universidad del Zulia,
que no es solo que se les fabricarán culpables, sino que
los auténticos asesinos seguirán en libertad y preparados
para una nueva misión.