Para nadie es un secreto que el actual gobierno ha estado sistemáticamente en contra de la transferencia de responsabilidades y competencias a los estados y municipios. Ya desde la primera campaña electoral, el presidente Chávez dejó muy claro que no estaba de acuerdo con el proceso de descentralización que vivió el país desde finales de los ochenta. Tal rechazo ha sido una de las constantes de esta gestión.

El hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente (1999) aprobara en el artículo 4 que la República Bolivariana de Venezuela es un "Estado federal descentralizado" fue un acuerdo político que sobrepasó la posición del gobierno. Está ahora claro que esa no era su visión de las cosas. Para este gobierno lo mejor hubiera sido que se aprobara a la República como Estado unitario centralizado.

En estos diez años, como con muchas disposiciones constitucionales, el actual gobierno simplemente se hizo de la vista gorda. No existió ninguna vocación por el Estado federal descentralizado. Nunca se convocó al Consejo Federal de Gobierno, órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el "desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios". En la práctica el proceso de descentralización fue completamente obstaculizado.

Hasta esta semana el gobierno no se había atrevido a formalizar su rechazo al Estado federal descentralizado. Algunas de las leyes que planteaban la reversión de servicios, como en el caso de sector salud, no han sido aprobadas. Todo lo cual es un reflejo de que en el interior del "proceso" no ha habido consenso sobre este aspecto.

Los resultados de las elecciones del 23 de noviembre de 2008 han obligado al gobierno nacional a llevar las cosas más lejos. No cabe duda del rol que tiene en todo esto la aparición de liderazgos competitivos en los gobernadores y alcaldes de la alianza democrática. Ellos tienen peso propio en sus comunidades y hacen esfuerzos para impulsar gestiones efectivas, a pesar de todas las maniobras oficialistas para impedirlo.

En este empeño antifederal el gobierno ha sobrepasado los límites. Es en la propia Constitución de 1999 donde se establece (en el artículo 164) que las vías terrestres estadales y la administración de carreteras nacionales, puertos y aeropuertos comerciales, son competencias exclusivas del Poder Público Estadal. Según el Diccionario de la Lengua Española, exclusivo es "único, solo, que excluye a cualquier otro". De manera que ningún otro Poder Público, según la Constitución de 1999, tiene competencia sobre estas materias.

La Asamblea Nacional, en un acto claramente anticonstitucional, ha modificado la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, para devolver las vías terrestres, los puertos y aeropuertos a la competencia del Poder Público Nacional. Ya algunos gobernadores de estados han solicitado recursos de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sobre esta materia. La ausencia de equilibrio de poderes en el país deja muchas dudas sobre la independencia de los magistrados para expresar opiniones contrarias a las del Poder Ejecutivo.

Como resultado de todo lo anterior, el país vive circunstancias difíciles. Nuevamente se irrumpe contra las reglas de convivencia democrática para aumentar la concentración de poder presidencial. Nuevamente, como en los últimos veinte años, los estados y municipios saldrán a defender al Estado federal descentralizado.

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