Ya el descaro no tiene límites. Hasta raya en la insolencia. Tanto es el desdén que tiene el gobierno por los problemas de los ciudadanos y por las buenas prácticas, que utiliza cualquier oportunidad para ratificar su desprecio por cualquier normativa, incluso por la Constitución de 1999.

La semana pasada se reunió en Caracas la VII Reunión Conjunta de Redes de Vigilancia de Enfermedades e Infecciones Emergentes de América Latina. El objetivo de la reunión era mejorar los mecanismos de información sobre las enfermedades en todo el continente. Se parte de la premisa de que los gobiernos son para ayudar a los ciudadanos. Ergo, los gobiernos deben informar más y mejor sobre las enfermedades y aumentar las posibilidades de que los ciudadanos las eviten o disminuyan.

El gobierno de la “revolución bonita” se aparece en ese escenario con la lamentable situación de que ha suspendido la información epidemiológica. El año pasado suspendió el Boletín Epidemiológico durante casi cinco meses. Quizás por la presión de organismos internacionales se vio en la obligación de emitir un último boletín a finales de diciembre. Pero en lo que va del 2008 la información simplemente es nula. No informa el gobierno porque simplemente no le otorga ninguna importancia al tema.

De un viaje el gobierno de la “revolución bonita” se coloca al margen de la Constitución en lo que a salud pública se refiere. El primer artículo vulnerado es el 83. Allí se establece claramente que todas las personas “tienen derecho a la protección de la salud”. Está claro que la primera medida para protegerse es estar informado. Si el gobierno no informa, ¿cómo es posible que los ciudadanos contribuyan a su protección?

El segundo artículo que se deja sin vigencia es el 141. Allí se indica que la administración pública está al servicio de los ciudadanos. Y que además debe fundamentarse en varios principios, entre ellos la transparencia y la rendición de cuentas. Poco vale para el actual gobierno la circunstancia de que la ausencia de información puede producir enfermedades o muertes. Quizás los responsables gubernamentales no tienen muy claro el concepto de negligencia. Cuando se oculta información hay negligencia. Entre la negligencia y la complicidad sólo queda un paso.

Ante esta irresponsable práctica, altos funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud optan por la difamación. Simplemente dicen que los medios de comunicación son culpables porque usan la información de los boletines para hacerla llegar a los ciudadanos. Señalan que los medios “desestabilizan”. Señalan que los medios son “golpistas”.

El gobierno que ha producido la mayor desestabilización en la salud pública de Venezuela desde 1936, acusa a los medios como los culpables. Tamaña irresponsabilidad en el manejo de un asunto de Estado no tiene antecedentes. El gobierno que se coloca al margen de la Constitución, en lo que respecta a la protección de la salud de los venezolanos, utiliza el insulto y la provocación para desviar la atención.

En un sistema de equilibrio de poderes estas declaraciones del alto funcionario del gobierno hubieran ameritado una averiguación inmediata por parte de la Asamblea Nacional y de la Defensoría del Pueblo. Se trata de preservar los derechos constitucionales de millones de venezolanos. Se trata de que la burocracia está para servir, para informar, para someterse a las exigencias de los ciudadanos. Antes que eso, el funcionario todavía despacha, el ministro no ha sido interpelado, las cosas siguen como si nada. En la “revolución bonita” los golpes contra la salud pública los dan los funcionarios. Para ellos sólo existe la impunidad.

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