En Chile apenas el 3,7% de la población es indigente. Esto es, personas que no tienen para sufragar los costos de los alimentos. Chile está entre los países en desarrollo que tienen menos indigencia, sólo superado por Barbados y Uruguay en una lista de 108 países.
Cuando llegó la democracia en Chile, en 1990, el porcentaje de indigentes era casi 13%. La drástica reducción experimentada en los gobiernos de la Concertación Democrática es una prueba palpable de que se puede promover la equidad social en una economía sana, competitiva, con crecimiento y bienestar.

El caso chileno demuestra que la lucha contra la pobreza va más allá de la retórica. Que para alcanzar objetivos de política hay que trabajar para construir institucionalidad en la protección social.También demuestra que los recursos fiscales deben asignarse con propiedad para que cumplan su cometido. La pobreza no se reduce con estridencias y asignación indiscriminada de recursos. Hay mucho esfuerzo social y técnico detrás de ese logro.
Reducir la indigencia significa, en primer lugar, identificar a cada niño, a cada adulto, a cada familia en esa condición. La indigencia no es una situación difusa, es una condición concreta, palpable. El programa Chile Solidario identifica cada familia en indigencia de acuerdo con la información que se encuentra en la Ficha de Protección Social, elaborada por los municipios. Las familias reciben una invitación para incorporarse a los tres componentes del programa.

El primer componente es de apoyo psicosocial. Durante 24 meses las familias se comprometen a trabajar con un profesional del área social para identificar las mejores vías para superar su condición de indigencia. Durante este período cada mujer jefa de familia y/o la pareja del jefe de familia recibe el denominado "aporte solidario". El monto del aporte solidario decrece hasta que en los últimos seis meses equivale al monto del "subsidio único familiar". Después de los 24 meses las familias reciben un "bono de egreso".
El segundo componente está constituido por los subsidios monetarios. El primero de ellos es el "subsidio único familiar" para todos los menores de 18 años. El segundo subsidio es la "pensión asistencial de vejez" para todos los mayores de 65 años. También está incluida la "pensión asistencial de invalidez" y el "subsidio de agua potable" para cubrir el 100% de la tarifa por 15 metros cúbicos de consumo mensual.

A través del componente de acceso preferente a programas sociales, las familias reciben servicios tanto en instituciones públicas como privadas, sea en las áreas de salud, educación, empleo, justicia, trabajo, vivienda, entre otras. Estas instituciones se comprometen con el Ministerio de Planificación (Mideplan) para atender a los beneficiarios de Chile Solidario.
El programa Chile Solidario incluía a 268.000 familias en el año 2006. En ese grupo se encontraban casi 15.000 adultos mayores de 65 años y más de 7.000 personas en situación de calle. Estimados indican que casi 1 millón de personas recibía servicios a través de este programa.

El gobierno de la presidenta Bachelet ha asumido el compromiso de erradicar la indigencia para el año 2010. Se trata, explica su plan de gobierno, de "reconocer el derecho a la protección de los ciudadanos chilenos" y de atender los "nuevos riesgos" de la sociedad contemporánea.

Eliminar la indigencia es un reto fundamental para cualquier sociedad moderna. La experiencia de Chile demuestra que es posible una sociedad que disminuya la indigencia. Que las buenas intenciones se pueden concretar cuando hay voluntad política y capacidades en los gobiernos y voluntad de acordar en los ciudadanos.

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