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La revolución de contrabando
por Macky Arenas
lunes, 18 agosto 2008


Hace unas semanas alertamos acerca de la intención de pasar una ley en Venezuela de “Inteligencia y Contrainteligencia”, cuyo sólo propósito era convertir a los ciudadanos en rehenes del Estado al adjudicarnos a priori la condición de sospechosos de conspiración. Los periodistas y políticos disidentes estaríamos en la primera mira. Esta pretensión ya había sido rechazada en el referéndum del 2 de diciembre del 2007.

El gobierno pisó el freno ante el abrumador rechazo nacional, pero guardaba una carta bajo la manga: los decretos que aún podía pasar por el ducto dócil de la Asamblea Nacional. Son 16 leyes, no decretadas por la vía Habilitante, las que esperan por la venia del antes Poder Legislativo, hoy patético apéndice de la voluntad presidencial.

No sólo aquella ley está pendiente del visto bueno del legislativo, sino una veintena que completaría el cuadro de subordinación de lo jurídico a lo político para dar piso a esta revolución que en sólo un mes ha producido 17% de inflación y que ha elevado el riesgo-país más que cualquier otra nación de América Latina. Esta imposición con apariencia de legalidad apunta quirúrgicamente a cumplir los mismos objetivos de dominación para someter el Estado de Derecho a la normativa socialista. Ninguna ha sido consultada, todo se cocinó entre gallos y medianoche para que los atónitos venezolanos abriéramos una mañana la Gaceta Oficial y nos topáramos con los enunciados, vacíos de todo contenido, de una buena cantidad de leyes que prefiguran más y definitivos controles.

Baste mencionar dos escenarios fundamentales de lo que viene: la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional –una reedición agravada de la conocida como la Ley “Sapo”- la convierte en un brazo armado del proyecto político al permitírsele hacer inteligencia y contrainteligencia sin control; mientras que la nueva Ley de Telecomunicaciones restringe aún más la posibilidad de acceder a concesiones de operación, restringe también los lapsos de esos permisos, otorga discrecionalidad al Estado para confiscar -lo cual legitima la arbitrariedad cometida contra RCTV hace más de un año- y hasta restringe la propiedad de medios en manos de particulares, sometiendo ese derecho al discrecional criterio del gobierno. Esto, por sólo mencionar algunos aspectos que se han filtrado de esos contenidos.

Obsérvese que las restricciones para el ciudadano guardan directa proporcionalidad con una mayor, si cabe, discrecionalidad para el Presidente, un más amplio paraguas de legalidad y la posibilidad de detener desde personas hasta comunicaciones si “la seguridad nacional” así lo requiere.

Más del autoritarismo, centralismo, control, regulación, en suma, socialismo, que rechazamos por los votos hace seis meses, que regresa cual fantasmal paquete de contrabando a gravitar sobre la ya tenue línea fronteriza entre dictadura y democracia aquí en Venezuela.

mackyar@gmail.com


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