Hace
unas semanas alertamos acerca de la intención de pasar una
ley en Venezuela de “Inteligencia y Contrainteligencia”,
cuyo sólo propósito era convertir a los ciudadanos en
rehenes del Estado al adjudicarnos a priori la condición de
sospechosos de conspiración. Los periodistas y políticos
disidentes estaríamos en la primera mira. Esta pretensión ya
había sido rechazada en el referéndum del 2 de diciembre del
2007.
El gobierno pisó el freno ante el abrumador rechazo
nacional, pero guardaba una carta bajo la manga: los
decretos que aún podía pasar por el ducto dócil de la
Asamblea Nacional. Son 16 leyes, no decretadas por la vía
Habilitante, las que esperan por la venia del antes Poder
Legislativo, hoy patético apéndice de la voluntad
presidencial.
No sólo aquella ley está pendiente del visto bueno del
legislativo, sino una veintena que completaría el cuadro de
subordinación de lo jurídico a lo político para dar piso a
esta revolución que en sólo un mes ha producido 17% de
inflación y que ha elevado el riesgo-país más que cualquier
otra nación de América Latina. Esta imposición con
apariencia de legalidad apunta quirúrgicamente a cumplir los
mismos objetivos de dominación para someter el Estado de
Derecho a la normativa socialista. Ninguna ha sido
consultada, todo se cocinó entre gallos y medianoche para
que los atónitos venezolanos abriéramos una mañana la Gaceta
Oficial y nos topáramos con los enunciados, vacíos de todo
contenido, de una buena cantidad de leyes que prefiguran más
y definitivos controles.
Baste mencionar dos escenarios fundamentales de lo que
viene: la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
–una reedición agravada de la conocida como la Ley “Sapo”-
la convierte en un brazo armado del proyecto político al
permitírsele hacer inteligencia y contrainteligencia sin
control; mientras que la nueva Ley de Telecomunicaciones
restringe aún más la posibilidad de acceder a concesiones de
operación, restringe también los lapsos de esos permisos,
otorga discrecionalidad al Estado para confiscar -lo cual
legitima la arbitrariedad cometida contra RCTV hace más de
un año- y hasta restringe la propiedad de medios en manos de
particulares, sometiendo ese derecho al discrecional
criterio del gobierno. Esto, por sólo mencionar algunos
aspectos que se han filtrado de esos contenidos.
Obsérvese que las restricciones para el ciudadano guardan
directa proporcionalidad con una mayor, si cabe,
discrecionalidad para el Presidente, un más amplio paraguas
de legalidad y la posibilidad de detener desde personas
hasta comunicaciones si “la seguridad nacional” así lo
requiere.
Más del autoritarismo, centralismo, control, regulación, en
suma, socialismo, que rechazamos por los votos hace seis
meses, que regresa cual fantasmal paquete de contrabando a
gravitar sobre la ya tenue línea fronteriza entre dictadura
y democracia aquí en Venezuela.
mackyar@gmail.com