Durante
el proceso de Nüremberg, el Dr. León Goldensohn, cualificado
médico y siquiatra estadounidense, tenía la responsabilidad
de mantener la buena salud mental de los veintiún dirigentes
nazis encausados ante el Tribunal Militar Internacional. El
realizó entrevistas a los grandes perpetradores de los
crímenes del Tercer Reich, de manera sistemática por siete
meses consecutivos. Los testimonios recogidos aportaron
información indispensable acerca de la historia y el proceso
del régimen nazi y permitieron explicar la idiosincrasia y
motivos de estos asesinos en serie, violadores de los
derechos humanos a escala indescriptible.
Nüremberg marcó un hito en la historia del derecho
internacional pues, a pesar de que las potencias aliadas y
sus principales líderes se inclinaban por ejecuciones
sumarias para estos responsables de “crueldades gratuitas e
innecesarias durante el desarrollo del conflicto”, se impuso
el criterio de la celebración de un juicio según las
directrices marcadas por un tribunal internacional. El gran
argumento a favor de esos juicios es que la civilización
tiene que protegerse a sí misma ante crímenes que no tenían
precedentes.
Hay una lección aquí: hacer justicia por el pasado y para el
futuro. Sin el atenuante del cumplimiento de órdenes
superiores o algún estado pasajero o permanente de
enajenamiento metal. La protección de la civilidad es
prioridad, teniendo en cuenta que cada régimen genera su
propia sofisticada perversidad. Hoy estamos en presencia de
una de las más características de nuestro tiempo: la
arbitrariedad de Estado, con apariencia de apego a la
legalidad porque se ampara en dictámenes de una justicia
dependiente de un Ejecutivo, que casualmente no puede
recordar el momento en que se apartó del mandato popular.
El dramático caso de la jueza Arocha es un ejemplo claro, de
entre muchos abusos que ya integran una larga lista de
víctimas en los tribunales venezolanos. Ella toma una
decisión, a su criterio de profesional con 34 años de
impecable ejercicio, ajustada a derecho. Pero la propia
presidenta del TSJ, prevalida de su alto rango, la destituye
de manera sumaria. La fusila moralmente sin aviso y sin
protesto. Como los fusilamientos propuestos en Nüremberg, no
aprobados. Y aquellos eran criminales de guerra, ella sólo
una jueza. No se le escuchó, no se le permitió defenderse,
no hubo causa legal y era Juez Titular. Qué puede esperar el
ciudadano? La Dra. Arocha impartió justicia y la
administración de la justicia chavista se vuelve contra
ella. A esa perversidad y a esa sofisticación nos referimos
como los crímenes ante los cuales la parte de civilización
que nos toca debe protegerse. Fue una crueldad gratuita en
innecesaria. Desconocemos esa manera ponzoñosa de ser
venezolanos.
Cuando abogados experimentados exigen investigar acerca de
una relación de causalidad entre esa destitución y la muerte
de la jueza, es porque eso se debe estar pareciendo
peligrosamente a una cosa que llaman “homicidio culposo”.
Pero de algo sí estamos seguros: no podrá jamás alegarse
insania mental ni desconocimiento de la ley, esto último no
excusando para nada de su incumplimiento. Llegará la hora de
las cuentas. Un amigo me decía el fin de semana: “Son de lo
peor”, una muy caraqueña expresión para manifestar la
vergüenza nacional.
mackyar@gmail.com