Este gobierno y su Presidente
desprecian la ley y las instituciones legales. Da pena ajena
lo que han hecho con el poder judicial. Como toda pandilla
de autócratas justifican ideológicamente la legalidad. Estos
no han sido especialmente brillantes en eso, pero sí han
apelado al instrumento que todo imperio utiliza cuando se
aferra al poder: construir su propia legalidad desde la
ilegalidad de una secuencia de decretos que dan piso a la
dominación. Baste recordar cómo se definía al imperialismo
colonial, “le régime des décrets”, el régimen de decretos,
que era el gobierno de todas las colonias francesas. Era
suficiente con que una costra burocrática aceptara estos
procedimientos como el Gobierno legítimo, para que esa
dominación por decreto creara la atmósfera de arbitrariedad
y sigilo que enmascaraba con gran efectividad su simple
oportunismo. Sencillamente, el Gobierno se convierte en la
fuente de la ley y se limita a exigir su cumplimiento.
Pero sucede que la Constitución venezolana, esa que no se
pudo deponer por las armas ni por referéndum, que permanece
vigente y emanó de la voluntad popular, no acepta que un
decreto se coloque por encima de ninguno de sus artículos.
También deja bien claro que la soberanía reside en el pueblo
y que el gobernante es un servidor de ese pueblo. Además
establece que ningún órgano del Estado puede danzar a otro
compás que no sea el que le marque la soberanía popular. Y,
como si fuera poco, ordena a cada venezolano desconocer
“cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe
los valores, principios y garantías democráticas” y nos
conmina a restituir, por todos los medios a nuestro alcance,
la plena vigencia de nuestra Constitución.
Si el régimen, con Chávez a la cabeza, se ha colocado al
margen de la ley merendándose la Constitución, cada uno de
nosotros también lo estamos si, bien sea de manera
encubierta o manifiesta, nos mantenemos pasivos y aceptamos
esta patada al Estado de Derecho. Desde que llegó a Palacio
este Presidente vive en concubinato con la ilegalidad; pero
una cosa es delinquir, cometer arbitrariedades y saquear el
tesoro público y otra muy definitiva es cargarse la
Constitución. La diferencia es que antes las fechorías eran
ilegales. Ahora todo ello sería perfectamente legítimo y
pisarían una raída alfombra llamada Carta Magna.
El venezolano que ha tenido una actuación más destacada en
el campo de lo legal a nivel internacional, el Cardenal
Rosalio Castillo Lara, se adelantó llamando a observar el
mandato constitucional de desconocer a este gobierno. Sabía
que es de necios andar por veredas cuando hay caminos
reales. Hoy luce más claro que nunca, no importa los atajos
que tomemos, las veces que votemos o las marchas que
caminemos, uno sólo es el destino: aplicar el artículo 350
de la Constitución Nacional. Dimos muchas vueltas y estamos
en el mismo sitio: ante la urgencia de un cambio radical, de
tomar decisiones que aceleren el proceso para salir de un
gobierno que no va a facilitar nada por las buenas y dentro
de la ley. El gobierno es el escollo.
Cada quien verá cual es “el medio a su alcance” para
restituir la vigencia de los derechos ciudadanos y de la
Constitución pisoteada, pero desde luego que hacerlo es la
única manera de merecernos su disfrute. No se justifican las
defensas parciales de objetivos a corto plazo: lo que hay
que defender es la República. Los bolivianos lo entendieron.
El dilema sigue siendo el mismo desde el inicio: dictadura o
democracia. Nadie nos provoca, la Constitución nos convoca.
El retardo y la vacilación son nuestros únicos enemigos.
Estamos en deuda con la democracia. Estamos fuera de la ley,
pero a tiempo para remediarlo.
mackyar@gmail.com
