El 15F
aporta pruebas, si hiciera falta alguna, de la
inconveniencia de que un jefe de gobierno sea, a la vez,
jefe de partido, porque a falta de una explicación
suficiente, que nunca se ha dado, la única que puede
encontrarse es que ese plebiscito sobre la reforma
constitucional trata de evadir el problema de la sucesión o,
dicho en criollo, pretende evitar que crezcan los enanos, de
la condición de bufones de la corte a la de aspirantes al
trono.
Evento
incomprensible si se piensa en una perspectiva de 4 años, en
un país donde nadie se atreve a augurar lo que pueda pasar
mañana. La única manera de comprenderlo es desde la óptica
de problema partidista, interno, de la logia gobernante
(inexplicable hacia afuera), de quien va a ser candidato en
el futuro.
De manera
que la razón de partido se sobrepuso esta vez a la razón de
estado, lo cual tampoco es nada nuevo, si se observa el
modelo cubano, en que Castro no puede darse el lujo de
morirse porque nadie sabe lo que pueda pasar después, por lo
que permanece en ese extraño rol de lobo al acecho, no vaya
a ser que a alguien se le ocurra aspirar a controlar los
hilos o a acabar el control.
Este
problema también lo heredó de la URSS, que a la muerte de
Stalin los jefes de las facciones tenían que caminar con la
espalda pegada a la pared y, según la leyenda oficial,
asesinaron a Beria, el jefe de la KGB, en medio de un
concilio ritual, para asegurar el ascenso de Kruschov al
poder.
Diez años
más tarde, en 1964, en el momento de su caída, Nikita
Kruschov se lamentaba de cómo era posible que el problema de
la sucesión llevara siempre a Rusia al borde de la guerra
civil, mientras parecía una cuestión de tan fácil solución
en occidente, concluyendo que ese era un problema
apremiante que debía resolver el socialismo si pretendía
tener algún porvenir.
Lo cierto es
que el problema nunca se resolvió institucionalmente, dando
origen a intrigas palaciegas, golpes de trastienda,
desconfianzas mutuas y tensiones entre aparatos que ya son
características propias de regimenes absolutos y de culto a
la personalidad, como los del socialismo real, desde Cuba
hasta Corea.
Los
regimenes totalitarios, que giran alrededor de un eje
constituido por un solo individuo, lo elevan a una absurda
indispensabilidad, de la que todos terminan siendo víctimas.
Así como el partido parasita al Estado, éste coloniza a toda
la sociedad y la somete a sus designios, que son los
caprichos del líder.
Y no es por
el carisma del líder, que puede ser tan gris como Brezhnev,
un apparatchik como Andropov o un deplorable
alcohólico como Yeltsin: es una fatalidad del sistema
socialista, de partido único, enhebrado al Estado. Al final,
la razón de partido se superpone y prevalece sobre el
interés de la sociedad toda, que generalmente ignora el
origen de sus sinrazones.
DICTADURAS. Las
mismas elites que no podían resistir ni unos días a Carlos
Andrés Pérez para que terminara su período constitucional y
lo defenestraron ilegalmente (sin que se ignore la presión
de los golpistas), ahora le regalan a Chávez hasta el 2012,
con el argumento de que ese sería su período constitucional.
Sin que
nadie lo explique, porque según la Constitución por la que
fue elegido en 1998, el período era de 5 años, sin
reelección inmediata; y según la de 1999, hoy vigente, no se
puede reelegir sino una sola vez, por un solo período de 6
años. Pero he aquí que ya lleva tres elecciones sucesivas,
10 años en el poder, 4 años pendientes y pretende reelegirse
ad infinitum. ¿Cuál es entonces esa Constitución que
lo rige?
Algunas
elites han llegado a la inevitable conclusión de que este es
un régimen de facto; pero, acto seguido,
suscriben la tesis del período constitucional que concluye
en 2012. ¿Cómo es posible? Todo el mundo sabe que los
regímenes de facto no tienen período y que
duran hasta que son depuestos. La razón de esta
incongruencia podría estar en la cautela que impone no sacar
las debidas conclusiones de las propias premisas.
Lo cierto es
que si en Venezuela existe una dictadura militarista
totalitaria, la complementa una oposición que, según sus
voceros más acreditados, está dispuesta a salir a enfrentar
a quien ose insurgir contra la "democracia" y el hilo
constitucional.
Los
socialistas bolivarianos de la oposición han cifrado todos
sus cálculos en las elecciones sucesivas, de aquí al 2012,
en que van a encallejonar al país en la disyuntiva de votar
a favor o contra Chávez. Para los socialistas, la política
nunca es un ámbito para tomar decisiones libres y
conscientes, sino para la imposición: se trata de obligar a
la gente a hacer lo que nunca haría libremente, como votar
por Rosales, por ejemplo; pero tendrán que hacerlo o calarse
a Chávez. Usted decide. A eso se llama hacer política con
"P" mayúscula.
Desde este
punto de vista, las cosas no han cambiado demasiado con la
reforma constitucional, de lo que se trata es de mudar la
consigna de la "fecha de vencimiento" a "de todas maneras
vamos a ganar". Que la Constitución se haya convertido en un
adefesio, es lo de menos.
Cualquiera
sabe que "a la ley hay que atribuirle el sentido que aparece
evidente del significado propio de las palabras, según la
conexión de ellas entre sí y la intensión del legislador".
No hay dudas de cual es el sentido de la palabra
"alternativo", ni de la intención del constituyente, diga lo
que diga el TSJ.
Con la
reforma impuesta por el ejecutivo se consagra una
incongruencia: se mantiene el principio de la
alternatividad, pero en la práctica, el gobierno puede ser
continuo, porque alternatividad no implicaría cambiar una
cosa por otra, como noche y día, sino la posibilidad de
decidir en cada caso. Pero cualquier buen padre de familia
sabe que cuando les dice a sus hijos que pueden usar el
carro "alternativamente", significa que si uno lo usa una
vez, al otro le toca la próxima y así, sucesivamente.
Según
nuestros ilustres magistrados, si deciden que uno lo usa
hoy, mañana hay que decidir de nuevo y así sucesivamente, de
manera que uno solo de los muchachos puede usar el carro
todo el tiempo y eso no afecta la alternatividad.
El
pensamiento incongruente del TSJ no es tampoco nada nuevo.
En las decisiones contra RCTV, por ejemplo, se incautan las
instalaciones y equipos de la emisora y se declara
explícitamente que eso "no afecta la propiedad privada".
También se cerraron sus transmisiones en señal abierta, pero
eso "no afecta la libertad de expresión", y pare usted de
contar. Basta declarar que una cosa no es lo que es, para
que no sea lo que es. Un insulto al sentido común.
El problema
es si algo así puede funcionar y a dónde nos puede conducir.
Puestos otra vez a decidir entre qué es mejor, si dictadura
o democracia, centralismo o federalismo, totalitarismo o
pluralismo, militarismo o civilismo, este régimen parece
convencido de que se puede hacer lo primero proclamando lo
segundo; pero ¿realmente se puede hacer algo así?
Los
venezolanos constataremos en la práctica si existen razones
para las decisiones tomadas por las sociedades civilizadas
ante aquellas disyuntivas.
ELECCIONES. El
CNE da sus resultados, completamente incongruentes con los
resultados anteriores, numéricamente inconsistentes y
sociológicamente inverosímiles; pero la nueva oposición
(equilibrada, sensata) los acepta sin chistar, porque hacer
lo contrario "promovería la abstención" y "haría perder la
confianza en el voto", lo que esta por encima de cualquier
otra consideración.
El registro
electoral es demográficamente inconcebible. Según el CNE,
dos de cada tres venezolanos son adultos en edad de votar.
La pirámide poblacional de Venezuela se invirtió sin que nos
diéramos cuenta. Pero sin embargo los ministerios siguen
trabajando con la idea de que la familia venezolana está
bien representada por "dos adultos con cinco hijos".
Deberían ser familias de viejos, casi sin niños. Pero
Venezuela se sigue definiendo como "un país de jóvenes".
Un registro
electoral realista, sobre una población de 26 millones, no
podría llegar a 12 millones, con lo cual en Venezuela vota
el 100% de los potenciales electores. Un hecho único en el
mundo.
Pero nadie
sabe dónde votan, porque en el referéndum revocatorio
presidencial de 2004, las colas le daban vuelta a la cuadra
y hubo que esperar 14 horas para ejercer el sagrado deber.
En cambio ayer, no había colas en aquellos mismos centros,
la gente entraba y votaba sin tener que esperar ¡y se saco
un 50% más votos que aquella vez!
El
electorado venezolano es el más volátil del mundo, su
comportamiento errático es completamente inexplicable: hace
menos de un mes el gobierno pierde en Caracas y Carabobo,
pero ayer gana; si el CNE tuviera un mínimo de decencia
William Dávila sería gobernador de Mérida ¡pero allí pierde
el SI! Esto por no hablar de los supuestos tres millones de
chavistas desaparecidos desde las elecciones presidenciales
de 2006 y que nadie encuentra.
La nueva
oposición dice que el país está dividido en dos, ellos y el
gobierno: los demás venezolanos no existimos. Son
pluralistas, pero las únicas opiniones que escuchan y que se
pueden difundir son las de ellos. Nadie, en este país, es
liberal, cree en el libre mercado, en el Estado mínimo o que
exista algo así como el fraude electoral.
Los
especialistas electorales de todas las tendencias, desde
Genaro Mosquera hasta Carlos Presencia Jurado, han
demostrado hasta la saciedad sin que hayan sido refutados
que en Venezuela existe un fraude electoral continuado y
sistemático que obtura la posibilidad de cualquier salida
electoral a la grave crisis política, moral e institucional
que acogota al país.
Pero las
elites han decidido otra cosa: solamente discuten la
infalibilidad de la tinta indeleble para luego exhibir con
orgullo el dedo pintado, aunque ninguno se molesta en
explicar para qué sirve eso. No les importa el chantaje y la
humillación de los funcionarios públicos, si creen que puede
reportarles algún beneficio. Ahora aseguran que aquí nunca
se ha sancionado a nadie por votar contra el gobierno.
Según la
alta tecnología del CNE las máquinas capta huellas
garantizan que nadie vote dos veces y supuestamente es lo
único para lo que sirven. Pero todo el público ha podido ver
cómo altos funcionarios del régimen, que están por encima de
toda ley y de los demás ciudadanos, rompen las papeletas de
votación delante de las cámaras y vuelven a votar, o sea,
votan dos veces, sin que nadie diga ni haga nada. Entonces,
¿para qué la tinta, para qué las capta huellas? Los dueños
del proceso hacen lo que les da la real gana.
No es
aconsejable burlarse ni de una sola persona, ni que se la
considere insignificante; mucho menos debería ser burlarse
de millones de personas, tantas veces, tanto tiempo.