La semana pasada resultó problemática para la Unión Europea. La principal preocupación fue el "No" irlandés al Tratado de Lisboa; segundo, la búsqueda de soluciones a la crisis petrolera, que produjo múltiples protestas contra los altos precios del combustible. Al tiempo que el Consejo Europeo decidió levantar las sanciones diplomáticas que pesaban contra Cuba. Por lo que poco o nada se podía esperar del Consejo Europeo que tuvo lugar entre jueves y viernes pasados en Bruselas.

Entre bloqueos y aplazamientos, la UE decidió el miércoles pasado dotarse de una normativa común para la expulsión de inmigrantes en situación ilegal.

La llamada "directiva de retorno", inadvertida para la opinión pública europea, es un compromiso inédito, en materia de inmigración, entre los 27 Estados miembros. Esta nueva ley desde ya levanta polémicas: las asociaciones de inmigrantes la catalogan como "directiva de la vergüenza", igualmente es rechazada por la extrema izquierda y por diversas ONG.

El texto fue aprobado por el Parlamento Europeo, con 367 votos a favor, 206 contra y 109 abstenciones, y uno de los puntos más controversiales está en la fijación a 18 meses como duración máxima de retención de un inmigrante en situación irregular y una prohibición de 5 años, antes de que el inmigrante expulsado pueda nuevamente entrar en territorio europeo.

Irlanda, Inglaterra y Dinamarca, por no formar parte del espacio Schengen, quedan desligadas de la aplicación de la "directiva de retorno".

En revancha, la nueva ley estipula que la detención del extranjero en instancia de exclusión estará siempre bajo estricto control judicial, e igualmente la directiva prevé como garantía el recurso de una asistencia jurídica, lingüística y médica para las personas en instancia de expulsión del territorio europeo.

La UE ha estimado en ocho millones el número de inmigrantes ilegales. Por ello y más allá del aspecto jurídico de la "directiva retorno", desde el punto de vista político, el bloque decidió colocar el tema migración como prioritario; con la misma importancia que la seguridad.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que los movimientos migratorios no afectan de manera homogénea a los países miembros. Así, en el caso de Francia es más un fantasma electoral que otra cosa, mientras que en España e Italia la inmigración es un problema que parece escaparse del control oficial.

En ese sentido, el ponente de la "directiva de retorno", el eurodiputado alemán Manfred Weber, del Partido Popular Europeo, reconoció que el actual Gobierno español fue uno de los que más había presionado "para endurecer la ley".

Por último, hay que considerar que la fecha de aprobación de la directiva coincide con la crisis de adolescencia institucional de la UE. Faltó una fuerza de convencimiento (políticos y ONG están más pendientes de la ecología y de las culturas aborígenes) para que los 27 entendieran que en el camino hacia la emancipación política europea no deben quedar cicatrices del acné de la intolerancia.

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Universal.