A pocos días de la denuncia
de un fraude masivo en el referendo revocatorio, otros casos
individuales ocuparon rápidamente la atención de los caraqueños.
La libertad inesperada del alcalde de Baruta, Henrique Capriles
Radonsky, la detención de su perseguidor, el juez León Villanueva,
la huelga de hambre de Linda Loaiza para pedir que enjuiciaran de
una vez a su agresor, Luis Carrera Almoina , y su denuncia
contra 59 jueces que pelotearon su caso, con la anuencia de un
ex fiscal general de la república, Javier Elechiguerra y el
presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Elio
Gómez Grillo. A partir de la libertad de Capriles, cayeron los
focos igualmente sobre la situación de la comandante Jazmín
Manuitt, abandonada en la Disip por sus amigos y seguidores. Ella
le debe ahora la reactivación de su proceso a los comentarios de
un contendor político, Capriles, que en su caso ejerció primero de
ser humano.
Parecía una manera más en
que los medios y los lectores se escaparan un poco, de la tensión
vivida durante la primera quincena de agosto con el referéndum.
Creo todavía que el enfoque casi absoluto de muchos medios sobre
estos casos, sobre los deportes y los concursos de belleza, es una
salida lógica, natural, defensiva al asfixiante y amenazante clima
político, que los estaba poniendo al borde del exterminio por
parte del gobierno. Uno de los principales deberes de todo medio
de comunicación y de todo periodista es la supervivencia, mientras
no se pase por la muerte civil, que es la sumisión y el
jalabolismo.
Pero pensándolo mejor,
simplemente estamos viendo la otra cara del 15 de agosto, donde la
oposición fue sometida a uno de los actos más desvergonzados de
denegación de justicia electoral de que haya tenido noticia este
país en cuarenta años. Fue un año completo de idas y venidas, de
anulación de firmas, de presiones para su retiro, de rechazo al
derecho fundamental del voto, de procesos repetidos como el
Reafirmazo que culminaron con una votación bajo hostigamiento,
agresión y amenazas. Todo eso se unió para que se produjera la
total indefensión del ciudadano, con los posteriores indicios
fraudulentos que están en investigación, como los topes del sí y
el incremento desmesurado del Registro Electoral, tesis que ahora
no solamente sostiene Tulio Alvarez sino nada menos que los
ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Colombia, cuyas
cifras indican la existencia de 500 000 nuevos cedulados
colombianos.
Las manos torcidas de la
autoridad
El maltrato al ciudadano
que constituyó el pasado proceso electoral se unió en la mente del
hombre de a pie con estos casos individuales, que demuestran que
el desprecio de las autoridades por los votantes es una cara del
mismo sistema perverso que produce la denegación de justicia
cotidiana a los ciudadanos particulares. Se trata de acciones
torcidas de quiénes cumplen sumisamente los deseos del poder,
evaden su responsabilidad o responden a quién les paga.
Capriles Radonsky
permanece meses preso por razones eminentemente políticas. Estuvo
encerrado en un cuarto sin luz de sol y sin posibilidades de salir
a hacer ejercicio y se convirtió en símbolo de la arbitrariedad
cuando se violó en su caso uno de los presupuestos principales del
nuevo código Procesal Penal, que es el juicio en libertad.
Linda Loaiza se obligó a
estar semana y media en huelga de hambre pasando frío y mas
humillaciones en la puerta del Tribunal Supremo, para que su
Presidente, Iván Rincón, otros jueces y la sociedad toda se dieran
cuenta que estaba reclamando simplemente un derecho conculcado mil
veces, el de que un proceso dictamine el origen de sus lesiones y
castigue al culpable. El juicio comenzó solamente después de la
ordalía.
La detención del juez
León Villanueva, al servicio del gobierno en el caso del
guerrillero José María Ballestas, de Capriles Radonsky y otros,
develó la desconfianza de los propios jueces en el sistema legal
y como se ha hecho normal para algunos de ellos arreglar sus
problemas fuera del tribunal, mediante pagos ilegales. En el caso
de Jazmín Manuitt, se ejemplifica como el lumpen del MVR, que se
deja utilizar como fuerza de choque, aprende a golpes que la
justicia de este país se aplica discrecionalmente y que
una vez que no sirve más a quiénes lo utilizan se convierte en
un estorbo sin derechos, a quién se le niega hasta el saludo de
sus amigos por la vía de la intimidación.
¿No es lo mismo revisar
firma por firma y huella por huella cuando se trata de pedir un
referéndum contra el Presidente, pero no permitirle el mismo
derecho a la oposición? ¿Someter a un votante a 12 horas de
espera, de pie para ejercer el voto y después no permitirle
escudriñar el resultado, que es, sino el resultado de la misma
estructura corrompida que disfrutan quiénes abusan, porque se
sienten apoyados y dotados de impunidad? Cuando la Procuradora
Marisol Plaza le explica al país, que no importa lo que diga la
OEA porque las conclusiones de la comunidad internacional no
producen efectos legales en Venezuela, ¿que está diciendo?
Lo mismo que los
magistrados respondieron una vez al recurso de amparo por omisión
que interpuso la Federación Médica Venezolana, cuando solicitaba
que se le ordenara al gobierno que proveyera los fondos necesarios
para dotar a los hospitales de los insumos que permitan
garantizarles el derecho a la salud a los venezolanos. La Sala
Constitucional rechazó el amparo unánimemente y solicitó a los
ciudadanos que "ejerzan el control político". Recurriendo al
escarnio, recomendó a los peticionarios en abril pasado, dos años
después de introducido el recurso, que "ante la evidente
incapacidad de la administración" le revoquen el mandato a sus
representantes o que esperen las próximas elecciones. (1)
Lo mismo que hicieron
cuando se pidió la aclaratoria del artículo 350, que implica el
rechazo de cualquier régimen, legislación o autoridad cuando
contradiga los principios democráticos o menoscabe los derechos
humanos. Para la sala Constitucional, sería un contrasentido
legitimar cualquier medio de resistencia a la autoridad,
legislación o régimen por encima de los instrumentos que el orden
jurídico "pone a la disposición de los ciudadanos", porque " se
atentaría contra un sistema de valores y principios instituidos
democráticamente» como los previstos en la Constitución,
destruyendo por lo tanto el espíritu y la esencia del texto
fundamental. (2)
Cuando se obstruyen los
caminos legales en una sociedad, sus habitantes buscan otra
salida. Quizá ese es el mensaje que Henrique Capriles y Linda
Loaiza están dando desde su campo de batalla personal. Ante la
denegación de justicia que se da en Venezuela en todos los
ámbitos, no habrá salidas institucionales más que cuando se
fuercen mediante acciones particulares que se conviertan por la
vía del ejemplo, la solidaridad y la unión en generales. Así es
como se le hinca los dientes a la cola perversa de la justicia.
Notas:
1)
El 21 de marzo de 2004, la Sala Constitucional dio
respuesta al recurso de amparo por omisión y violación de los
artículos 83,84 y 85 de la Constitución interpuesto por la
Federación Médica Venezolana en setiembre de 2002. En el
capítulo IV del texto constitucional la educación, la salud, el
trabajo, la seguridad social y la vivienda se caracterizan como
derecho sociales.
2)
La sala Constitucional del TSJ declaró resuelta la
acción de interpretación que el 27 de junio de 2002
interpusieron Elba Paredes Yéspica y Agustín Hernández, respecto
del artículo 350 de la Constitución el 22 de enero del 2003,
declarándola improcedente. 
