Venezuela sigue enfrascada
en un enfrentamiento interno absurdo y destructivo, que puede
calificarse de un juego tipo perder-perder, debido al candente
clima político y la discutible legitimidad tanto del CNE como del
poder ejecutivo, debido a las dudas arrojadas por el RRP. Todos
sabemos el daño que esta situación le significa al país, pues el
tiempo pasa y se sigue ahuyentando o frenando las inversiones
–internas y externas- que tanto se necesitan para reactivar el
empleo, ya que la economía no puede prosperar a fuerza de gasto
público, ni siquiera a cuenta de la avalancha temporal de
petrodólares. Encima de esto, los esfuerzos administrativos del
gobierno son estériles pues siguen centrados en propósitos
netamente políticos, para continuar la toma de espacios en los
poderes públicos, siendo los próximos objetivos las gobernaciones
y alcaldías, para luego arremeter contra la prensa audiovisual con
su Ley Mordaza, centralizar las policías regionales y tomar el
control del TSJ mediante el aumento de magistrados oficialistas.
Mientras tanto, siguen los acuerdos entreguistas de nuestras
riquezas con “regímenes amistosos”, que coinciden con el proyecto
extremista continental para desestabilizar la región. Y todo esto,
en aras de un protagonismo megalómano, y para colmo financiado con
dineros públicos que podrían tener fines más provechosos para los
sectores necesitados.
Mientras tanto, el
estamento militar, que ni siquiera puede defender la integridad
territorial (ej:, los paracachitos, masacre fronteriza,
penetración guerrillera ) se ha convertido en una simple guardia
pretoriana, sobornada a fuerza de charreteras gratuitas y
prebendas inmorales, para asegurar con el alarde arrogante de la
fuerza el establecimiento de una dictadura constitucional y la
continuación de los planes entreguistas del Ejecutivo, ignorando
abiertamente que dicho proyecto antidemocrático no sería aceptado
por la mayor parte de la población, la cual desea prosperar en paz
sin sujeción a potencias oportunistas que sólo ambicionan nuestro
petróleo.
Estas no son simples
acusaciones aisladas con interés político, pues coinciden con las
opiniones de connotados observadores nacionales e internacionales,
además del sentir de la mayoría de los ciudadanos. Cualquier
persona pensante puede constatarlas al observar el acontecer
político, económico y social, o en su propio entorno cotidiano.
Encima de esto, los mejores esfuerzos tanto de los funcionarios
públicos se invierten en la contienda política, llevando a la
administración central y de justicia a una virtual parálisis, al
tener prioridad sólo las gestiones y actividades de tipo político
señaladas desde altas esferas del poder. Esto, sin contar la
pérdida de tiempo que significa para tantas personas opositoras el
tratar de exigir sus derechos a un cambio de gobierno, voluntad
ignorada pero que ya se ha confirmado contundentemente tanto con
las firmas como con el RRP, si nos atenemos a la constitución
original, sin las interpretaciones acomodaticias que le hizo el
TSJ. A este paso, se vislumbran tiempos muy difíciles para el
país, que ninguna renta petrolera, por más alta que sea, podrá
compensar, como esperan los que están ilusionados por otra era
saudita. De hecho, a juzgar por el gigantesco déficit fiscal, esta
renta ni siquiera basta para mantener funcionando las demagógicas
“misiones sociales”, que sólo representan dádivas temporales para
alimentar la dependencia hacia el estatismo y la centralización
del poder en las pocas manos beneficiadas descaradamente con
dineros públicos.
Ante un panorama tan
retrógrado y tenebroso, que seguramente es conocido por todos los
actores involucrados, extraña la abierta pasividad de los poderes
que deberían servir de contrapeso a la voracidad de ciertos entes
políticos, ignorando que el equilibrio de poderes es fundamental
para asegurar la vigencia de un sistema democrático. Si éste no
funciona bien, estaremos sujetos al arbitrio y discrecionalidad de
unos pocos jerarcas, con todas las consecuencias que ello implica,
bien conocidas por experiencias nefastas de etapas dictatoriales
que se creían superadas. Pero los efectos negativos no se dejarían
sentir sólo en el ámbito político, ya que toda la economía estará
negativamente afectada mientras no se dilucide el impasse
político, o se regrese a cauces democráticos permitiendo
elecciones libres y transparentes. Deben darse cuenta que la
paz social es importante para garantizar un desenvolvimiento
armónico de planes sociales y de la iniciativa privada, de modo
que las mayorías puedan disfrutar de un nivel mínimo de bienestar,
gracias a un funcionamiento normal de los servicios públicos y una
actividad industrial-comercial-turística medianamente progresista.
Estamos entonces en una
situación provisoria, tensa y bastante delicada, donde la economía
no prospera y las funciones primarias del estado no puede
cumplirse, ante el desprecio por las mayorías de la sociedad civil
y el aislamiento o represión a que son sometidos grandes
contingentes de ciudadanos y empresarios disidentes, que no pueden
aportar sus destrezas para contribuir a la reactivación económica
y la creación de riqueza productiva. Quizás lo más molesto de todo
esto es la arrogancia con que ejercen el poder político los grupos
dominantes, como si el país fuera una propiedad exclusiva de
dichos grupos por el simple hecho de haber tenido una mayoría
circunstancial en los entes decisorios, aún a sabiendas que dicha
mayoría no está avalada actualmente por el voto libre sino por
triquiñuelas políticas y el alarde obsceno del poder de las armas
o de una justicia parcializada. Todo habla muy mal de las reservas
morales de supuestos líderes y representantes populares, y la
discutible sujeción a valores éticos que deberían tener los
verdaderos servidores públicos. La sensación de impotencia que
sufren las mayorías laboriosas del país, sólo causa frustración y
odios estériles, y no es un buen terreno para el esfuerzo
constructivo, especialmente considerando que dentro de esas
mayorías está la gente más preparada y productiva del país.
Pero mientras la mayor
parte de la ciudadanía está consciente de los riesgos que corremos
de seguir las presentes tendencias, los factores esenciales de
poder nacional –Ejecutivo, TSJ, AN, FAN, CEN y Poder Ciudadano-
parecen desconocer olímpicamente la seria problemática nacional,
insistiendo en seguir un curso suicida que conducirá pronto al
país a una crisis sin precedentes, donde ni siquiera sus
privilegios serian asegurados. A menos que los altos jerarcas de
dichos entes estén sólo pensando en enriquecerse mientras puedan y
disfrutar luego un exilio dorado, al no poder permanecer en su
patria pues el pueblo que los eligió los rechazará al recordar sus
conductas inmorales por mucho tiempo. Cuesta creer que los
integrantes de esos poderes sean tan insensatos y no se dan cuenta
de la crisis que se avecina, si siguen apoyando políticas y
medidas contraproducentes que sólo favorecen a aberrantes planes
personalistas un proyecto político a todas luces anacrónico y
dañino. Los cuales, a su vez, son incongruentes con las
necesidades nacionales, que exigen el aporte de todos los
recursos humanos y materiales para atacar la pobreza, la
inseguridad y la ineficiencia administrativa, elementos que se han
agravado grandemente en los últimos años por la exagerada
prioridad que se le ha dado a la toma hegemónica del poder
político.
Cabria imaginar, en un
ejercicio de utopismo positivo, lo que sucedería si unos pocos
magistrados o parlamentarios ejercieran sus cargos a conciencia,
sin doblegarse cómodamente al Ejecutivo para seguir recibiendo
prebendas inmerecidas, o si unos cuantos generales o almirantes
ejercieran presiones adecuadas para hacer cumplir la constitución
y las leyes sin ambiciones malsanas, o si la Fiscalía evacuara
diligentemente las denuncias recibidas y se hiciera justicia
imparcialmente, o si el CEN se atendría escrupulosamente a la ley
del Sufragio para hacer respetar el voto popular, base de toda
legitimidad de autoridades electas. Por eso, esta nota quiere
apelar encarecidamente a la conciencia de estos actores decisivos
de la vida nacional, para que reaccionen a tiempo y cumplan
honestamente las funciones para las que han sido designados o
electos, cuando juraron defender la Constitución, a la cual deben
un respeto y adhesión apropiados, a riesgo de caer en las
arbitrariedades y el caos típicos de etapas superadas, en
perjuicio de todos, incluso de los que actualmente se benefician
del status quo y que debe tener un alto cargo de conciencia. Se
requiere que dichos actores hagan una seria reflexión sobre
estos puntos cruciales para el destino nacional, y adopten
cuanto antes posiciones sinceras, tanto éticas como enérgicas, de
otro modo estarían apoyando una flagrante violación al estado de
derecho y creando un clima de confrontación permanente, que
llevarían al país a una segura catástrofe a corto plazo, cuando
los precios del petróleo dejen de encandilarlos. La historia, y el
pueblo venezolano, los juzgará muy severamente, si así fuera,
aunque la justicia sea inexistente y sigan detentando un poder
inmoral e ilegalmente.
