La intención de aplicar a Venezuela el régimen cubano data probablemente del primer viaje de un novel candidato Hugo Chávez en diciembre de 1994 a Cuba, en lo que a Fidel Castro se refiere, y gradualmente a partir de 2001 por parte del propio Chávez.

En ese 2001, que era el tercer año de su primera presidencia, Hugo Chávez pidió su primera ley habilitante y en tiempo record lanzó 49 leyes, de las que una, la de tierras, constituye su primer ataque exitoso a la propiedad privada y abrió camino a la destrucción de numerosas fincas por la vía de la expropiación o la invasión.

Estas 49 leyes fueron, en gran parte, el detonante de una huelga general y grandes manifestaciones de calle que culminaron con la casi millonaria marcha del 11 de abril 2002 y el consabido “Carmonazo”.

Después de pasado el susto de verse derrocado, de regreso a Miraflores Chávez había aprendido la lección. Por un tiempo, concentró sus esfuerzos para tomar control de los principales instrumentos del poder: el petróleo y los poderes electoral, legislativo y judicial. Primero fue descabezada y vaciada de sus mejores trabajadores la petrolera y se lograba control directo del principal ingreso económico del país. Luego, al adquirir el control absoluto de la Asamblea Nacional en 2005 debido a la abstención de la oposición en esas elecciones, el nuevo cuerpo legislativo unicolor fue utilizado para ampliar el número de Magistrados en el Tribunal Supremo y nombrar Rectores de confianza en el Consejo Electoral Nacional.

Hecho lo cual, Chávez hizo un nuevo intento de dar el paso decisivo hacia el sistema castro-comunista totalitario, esta vez con una reforma constitucional, que – siempre dentro del disfraz de una aparente democracia – sería aprobado en un referendo, para impedir cualquier paso atrás en el futuro. Esta reforma constitucional tuvo entre sus propuestas, el calco fiel del sistema comunista a través de la concentración del poder local en unas comunas con financiamiento desde el poder central. También tenía prevista la integración de la milicia a la Fuerza Armada. Estaba entre las propuestas, una complicada enumeración de los tipos de propiedad y se permitía al presidente declarar un estado de excepción por tiempo ilimitado. Esta reforma constitucional fue rechazada por los votantes y Chávez increpó esa noche a la oposición acusándola de haber obtenido “una victoria de mierda”.

Lenta y pacientemente, Chávez volvió a utilizar una Asamblea obediente, presidida por la radical Cilia Flores, para ir introduciendo una por una, a manera de leyes separadas, algunas de las reformas que habían sido rechazadas en el referendo. Concentró sus primeros esfuerzos en la inclusión de las milicias a la Fuerza Armada y logró que le aprueben la Ley correspondiente.

Continuó su cauteloso avance con el pedido de otra más Ley Habilitante, que le fue otorgada en noviembre del 2010 por una Asamblea que terminaba su cadencia en diciembre y sería reemplazada por un nuevo cuerpo legislativo, donde ya no sería fácil mantener una mayoría calificada del partido de gobierno. Si el plan consistía en aprovechar los 18 meses de validez de esa Ley Habilitante para avanzar en la cubanización de Venezuela, es posible que la enfermedad de Chávez haya acelerado el ritmo, porque lo que aprobó es radical y definitivo para transformar a Venezuela en la otra Cuba.

Estas Leyes, de las que 11 fueron aprobadas el último día de la validez de la Habilitante, no solamente repiten los principales puntos que fueron rechazados por la población en el referendo de la Reforma Constitucional, sino que los introducen en una forma muchísimo más radical que la que fue formulada en la propuesta otrora presentada a la decisión popular.
Si en la reforma constitucional la oferta fue de crear las comunas y las presentaban con cierta timidez, en la nueva ley “por la habilitante”, las comunas son colocadas con poderes administrativos que pasan por encima de las alcaldías y gobernaciones, sustituyendo a ambas, lo cual a su vez cambia el orden político-administrativo del país y concentra el poder en unas comunas a su vez dirigidas únicamente por el poder central. Alcaldes y Gobernadores pasan a ser cargos de adorno. Lo que manda en el país, es un gobierno paralelo y superior, el de las comunas.

Otro paso mucho más radical que lo que se había ofrecido y fue rechazado en la reforma constitucional, es el ataque a la propiedad privada, porque no solamente son sancionadas las nacionalizaciones, sino que se elimina la obligatoriedad de indemnizar a precio de mercado por los bienes que el Estado se apropia.

Las leyes referentes a los diversos cuerpos de seguridad parecen ser el paso decisivo hacia lo que en la URSS fue la KGB y en Cuba es el G-2: la policía científica (o sea la de mayor rango dentro del sistema represivo del delito) pasa a ser un cuerpo armado bajo el mando directo de la presidencia de la república.

La comunicación electrónica en todas sus formas, pasa a ser controlada por el Estado, en clara amenaza al Internet, redes sociales y televisión.

Las empresas y producción quedan sujetas a la ley que regula “la iniciativa comunitaria y privada para el desarrollo de la economía nacional”, mientras que otra ley regula “las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa comunitaria y privada para el desarrollo de la economía nacional”, de modo que todavía no se sabe en qué terminarán esas formas “asociativas conjuntas” con el Estado, pero desde ya, es previsible el aislamiento económico en la producción, pasando a una soledad económica tipo Cuba.

Finalmente, la “ley reina” de ese paquete amarrado a última hora, es la reforma de la Ley Orgánica Procesal Penal que sanciona legalmente lo que ya era un hecho consumado: la total utilización por el presidente de la república de la justicia en todas sus formas y la eliminación de cualquier vestigio de control ciudadano sobre los juicios, porque desaparece la figura de los escabinos, que era lo que todavía quedaba para salvaguardar un vestigio de transparencia.

Ciego porque no quiere ver

Hasta ahora, frente a este planificado y pacientemente sostenido avance hacia el sistema cubano, nunca hubo por parte de la oposición una resistencia que posea una visión clara de lo que enfrenta y que actuara de manera organizada. Ni siquiera ha habido en todos estos años en el pueblo venezolano una comprensión cabal de que Chávez nunca improvisa, sino que actúa dentro de un plan pre-establecido que se desarrolla incluso desde antes de su intento de golpe del 2 de febrero 1992, porque sus raíces – cuidadosamente regadas por Fidel Castro – ya estaban creciendo en el huerto del MBR200, fundado en 1982 como una célula subversiva clandestina dentro de la Fuerza Armada.

Cada vez que Chávez encontró un obstáculo que lo obligó a frenar temporalmente el avance de su plan buscando otras formas para reanudarlo, no fue por una planificada y racional actuación de los líderes opositores, sino por la fuerza de inercia de una nación que se aferra a sus conceptos de vida democrática y simplemente se resiste a desistir de ellos.

Las tres derrotas sufridas por Chávez, la del firmazo para pedir el referendo revocatorio, la huelga general con la marcha del 11 de abril 2002 y la del rechazo de la reforma constitucional, repitieron siempre el mismo escenario: el pueblo como masa fue el dique que frenó a Chávez y la ceguera de los dirigentes opositores anuló cada vez lo logrado por la gente, dando a Chávez la oportunidad de reanudar, incluso con más fuerza, el avance hacia sus metas. El masivo firmazo fue seguido de una vergonzosa capitulación de los partidos ante el CNE al aceptar la repetición de firmas y brindar al adversario el tiempo adicional que éste aprovechó para crear las misiones y amarrar el sospechoso funcionamiento del conteo de votos. Lo del 11 de abril evidenció como las apetencias personales pueden destruir el esfuerzo de centenares de miles de ciudadanos dispuestos a enfrentar las balas. Y finalmente el rechazo por mayoría de votos de la reforma constitucional dio lugar a una renovada y reforzada ofensiva de creación de leyes, que en el presente momento no reciben el masivo repudio y exigencia de su anulación con una salida a la calle, porque los dirigentes de la oposición están inmersos en una campaña presidencial, cuyos resultados negativos para ellos, ya han sido amarrados por el predecible accionar de las susodichas leyes.

*	Artículo publicado originalmente en el semanario Zeta