Si bien la redacción de los 26 decretos-leyes fue sorpresiva porque se desconocía que esas leyes se estaban preparando, su publicación fechada oficialmente del último día en que caducaba el lapso de 18 meses otorgado al Presidente de la República por la Asamblea Nacional para que emitiera leyes, obligaba a prever que en eso se trabajaba. Hoy está claro que se trataba de un plan político elaborado desde antes del 2 de febrero 2007, que es cuando la Asamblea emitió la ley Habilitante después de haber recibido la solicitud presidencial.

Pasada la primera sorpresa, las 26 leyes fueron denunciadas por voces autorizadas como “un golpe de Estado a la Constitución”, por incluir la mayoría de las transformaciones constitucionales que fueron rechazadas por la población en el referendo del 2 de diciembre. Entre sus puntos más comentados, estaría: 1ºla transformación profunda de la Fuerza Armada al copiar estructuralmente el modelo militar cubano y al crear un componente adicional, íntimamente ligado al proyecto político del presidente; 2º la licencia otorgada a las autoridades gubernamentales de disponer sin previo aviso de la propiedad privada de los ciudadanos; y 3º un reordenamiento territorial que coloca por encima de las autoridades regionales electas, a funcionarios nombrados por el presidente de la república. En palabras de Luis Miquilena, lo único que todavía quedó fuera, es la reelección indefinida. Pareciera que ésta fue reemplazada por la creación de un grado militar, equivalente al que tenía el generalísimo Francisco Franco en España, que con eso, ni la presidencia ya hace falta.

La publicación del texto de las 26 leyes en Gacetas Oficiales que salieron de la imprenta el 4 de agosto, cuatro días después de fenecer la Habilitante, ante-fechando las gacetas en el 31 de julio en claro desprecio a las normas y la forma, coloca a los venezolanos ante un hecho consumado: las leyes están vigentes y son de acatamiento obligatorio en todo el territorio nacional.

La señal de obligatoriedad fue reforzada por otros hechos, como la confirmación por el Tribunal Supremo de las inhabilitaciones a candidatos de la oposición, sacándolos del juego político y de paso, lanzando a la población la señal de la anuencia del máximo tribunal a los designios políticos del Ejecutivo. La declaración de Hugo Chávez, de que quien no esté conforme con las nuevas leyes puede acudir al Tribunal Supremo, indicaba de antemano cuál sería el resultado de un recurso judicial.

Esto deja que incluso la celebración de las elecciones regionales previstas para el 23 de noviembre, dependan de hecho de la decisión unilateral de uno de los contrincantes, tanto en su fecha de celebración (que podría ser cambiada para dar más tiempo de utilizar en aras de campaña los poderes que brindan las 26 leyes), como en la mecánica de la votación misma, puesta en manos de un Consejo Nacional Electoral que, a pesar de ser constitucionalmente “un Poder”, ya adelantó que “acata”. Quienes escogen apostar por una avalancha de votos contra el partido de gobierno –siendo esta el arma pacífica de la que dispone la población -, sólo podrán ganar la apuesta si logran cohesionar a una nación conciente de la realidad creada por las 26 leyes y por el futuro que se avecina.

*	Artículo publicado originalmente en el semanario Zeta