Centenares de horas de cadena nacional de radio y TV con el verbo de Hugo Chávez y 311 programas dominicales “Alo Presidente” de nada sirvieron. Hubo necesidad de decretar una ley que impone por la fuerza lo que no se logró por la persuasión. Difícilmente puede haber mayor prueba de fracaso después de nueve años de enormes esfuerzos comunicacionales.

      ¿Qué es esa nueva Ley del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia creada por decreto presidencial sin previa discusión legislativa ni información al público? Es un instrumento policial que da licencia para efectuar allanamientos, detenciones y acusaciones  sin presencia del Ministerio Público ni juez alguno y obliga al ciudadano a “delatar” a otro ciudadano (vecino, pariente, rival o amigo). Es la represión pura y simple. Es el reconocimiento de que el gobernante no confía en sus gobernados y aplica la fuerza para permanecer en el poder. 

Un híbrido nazi-cubano

    La ley que de ahora en adelante se aplicará en Venezuela dice que no hará falta una orden judicial ni presencia de fiscal para llevar presa a una persona, lo que parece colocarnos frente a un esquema que ha aplicado Adolfo Hitler, afinó Stalin y sigue utilizando el régimen cubano.

     Algunos detalles acercan más esa ley a Cuba comunista que a las reminiscencias del nazismo: se trata de la denuncia y vigilancia vecinal de todos los ciudadanos, lo cual es propio del sistema comunista. Efectivamente, la Alemania nazi se limitó a clasificar la población en “enemigos” y “partidarios”. Los enemigos eran grupos definidos: los judíos, los socialistas, los demócratas, los sindicalistas, los homosexuales, etc. Todos los pertenecientes a esa denominación debían ser aniquilados por el solo hecho de ser judíos, socialistas u homosexuales, mientras que al resto de la población germana se la trataba como leales miembros del Reich por derecho de nacimiento.

  El sistema comunista era distinto, porque considera a todos los ciudadanos sin excepción, como posibles enemigos, cualquiera que fuese su condición, cargo o rango dentro del propio gobierno. En el sistema comunista es necesario implementar la vigilancia política de absolutamente todo el mundo, de modo que cada quien esté obligado – por su propio interés o seguridad – a vigilar al otro. Es lo que en criollo se llama “el sapeo”. Dentro de ese sistema, el “policía político” tiene poder sobre todas las personas, por más encumbradas que estén y no necesita de procedimiento judicial alguno para llevarlas detenidas (los primeros y más amenazados con esa ley de vigilancia interna, son los dirigentes chavistas, por considerarlos con mayor capacidad de pataleo). Las acusaciones suelen ser un simple informe recibido de cualquier ciudadano sobre otro ciudadano y el sistema crea, además, redes de informantes dentro de cada vecindad. En ese aspecto, la nueva ley venezolana agrega a su fondo nazi, los procedimientos comunistas. Estamos frente a un híbrido que apunta a someter a la totalidad de la población por la vía de la represión. 

¿Por qué ahora?

      Una ley con tan negativas características para la imagen del gobierno, no se promulga en víspera de unas elecciones, salvo que se las tenga por perdidas, o que se tenga que prever situaciones de suma gravedad para la permanencia del régimen.

       Chávez ha apoyado desde el principio su proyección nacional e internacional en el mito de su popularidad. Tanto así, que cuando habla ahora del referendo que perdió el pasado 2 de diciembre, insiste que lo perdió por una cantidad mínima de votos y las cifras definitivas de esa votación nunca se dieron a conocer. Actualmente, se están tomando todas las previsiones para evitar un descalabro oficialista en los comicios regionales de noviembre. A pesar de que nuevamente Chávez como persona no aparece en esas elecciones, se trata de minimizar la previsible derrota del régimen inhabilitando a los adversarios de mayor arrastre popular, reforzando el control de las mesas y la maquinaria electoral, posiblemente, ya se está trabajando a fondo en el Registro Electoral y se da por segura la presencia militar de reservistas el día de las elecciones. Todo ello se fortalece si se aplican previa y posteriormente a los comicios, las medidas de represión previstas en la nueva ley.

     Si olvidamos las elecciones y observamos el panorama internacional, es lógico pensar que en cualquier momento puedan aparecer gravísimas acusaciones contra Hugo Chávez y/o su gobierno. Está la correspondencia encontrada en las computadoras de las FARC de la que pueden salir nuevas revelaciones. Pueden surgir acusaciones de que Hugo Chávez ampara a los guerrilleros derrotados en Colombia y no hay que olvidar, que esta guerrilla es clasificada como “terrorista”. Está en curso la investigación en Miami del maletín de 800.000 dólares y parece que el caso se ramifica en investigaciones sobre depósitos bancarios. Cualquiera de esas bombas de tiempo puede estallar cuando menos se espera.

     Frente a ese panorama, Chávez, con esa nueva ley estaría curándose en salud, previendo el momento en que deberá impedir a los medios nacionales comentar lo que no le conviene, tanto en materia de resultados electorales, como en los posibles escándalos internacionales. 

¿Para qué las elecciones?

    Si dejamos de enfocar el gobierno y pasamos a observar la oposición en víspera de unos comicios regionales, cabría preguntar qué esperan ganar los candidatos a gobernadores y alcaldes.

     “Chávez lanzó un puñado de maíz y todas las gallinas llegaron corriendo a picotear” – definió la “fiebre candidatural” una aguda voz popular. Con la nueva ley de Inteligencia, ocurre que cuando ese puñado de maíz pre electoral se acabe, no habrá más maíz postelectoral, porque no habrá independencia de gobernador o alcalde alguno, por más que el individuo sea de la oposición. La ley de Inteligencia y Contrainteligencia anula de antemano a cualquier funcionario público, porque lo somete a la constante amenaza de una denuncia – por más inventada que fuese – y a la detención de su persona.

      Bajo ese punto de vista, pareciera que en vez de perder pólvora en candidaturas, la oposición se ha encontrado frente a problemas de mayor urgencia, como lo sería la aplicación de la nueva ley.   

¿Para qué la ley?

    El innegable poder de los sistemas “sapo” se debe a que utiliza a los más débiles para atacar a los poderosos. Una modalidad consiste en reclutar a los niños que en su inocencia, suelen ser los delatores ideales. Otra es contar con el vecino de menores recursos, el más humilde y más necesitado, que de pronto encuentra a través del “sapeo” una sensación de poder que jamás esperaba tener. En tercer lugar está el aprovechamiento de cualquier rencilla entre parientes, vecinos, compañeros de trabajo o rivales en cualquier terreno. Es el arma ideal para el “quítate tú pa´ponerme yo”. Es el sueño de los envidiosos. De allí que el sistema de delaciones, ideado en la URSS, aplicado en Cuba y exportado ahora a Venezuela, tenga tan fértil terreno para proliferar.

     En regímenes donde nada funciona, el sistema “sapo” suele ser efectivo porque se apoya en lo más profundo e inconfesable del ser humano. En un gobierno como el de Chávez, donde mucho se va en palabras y mucho más en desagües de petrodólares, donde no hay manera de hacer funcionar la construcción de viviendas, la salud, la vialidad y la seguridad ciudadana, la “ley sapo” tiene la doble ventaja de imponer por la fuerza el control oficial y hacerlo con relativa eficiencia. Cuando todo lo demás se derrumba, aparece el remedio supremo: la represión policial organizada sobre la base de la delación.

Viéndolo así, la promulgación de la ley del sapeo, por una parte confirma que Chávez no tiene más nada de qué agarrarse y escogió lo que mejor puede asegurarle la presidencia permanente. Por otra parte, si los venezolanos aceptan hoy esa ley, nada hicieron votando contra la reforma electoral el pasado 2 de diciembre. Sapeo mediante, habrán aceptado el sistema que le garantizó a Fidel su medio siglo en el poder y promete garantizarle otro tanto a Chávez.
 

*	Artículo publicado originalmente en el semanario Zeta