La destitución del Presidente Fernando Lugo por el Congreso
de su país, según lo establecido en la Constitución Nacional
de Paraguay, aceptaba por él bajo protesta, porque considera
que se ha afectado la democracia paraguaya, ha provocado la
reacción violenta de varios presidentes latinoamericanos,
particularmente de Hugo Chávez, cuyos voceros denuncian un
golpe de Estado, en nombre del golpista del 4 de Febrero de
1992. Algunos más comedidos señalan que no se respetó el
debido proceso y se realizó un juicio en pocas horas, que no
le dio oportunidad al mandatario destituido de reflexionar
en profanidad acerca de su defensa, protesta que los coloca
a casi todos como verdaderos campeones del Estado de
Derecho, especialmente a quienes tienen presos políticos y
hasta comunes a los que se les ha violado, precisamente, el
debido proceso.
Y
aunque la situación política que atraviesan los paraguayos
es difícil, sobre todo para el nuevo Presidente, la mayoría
de los protestatarios ha actuado con cinismo y han quedado
en el ridículo cuando la Corte Suprema de Justicia de ese
país rechaza una acción de inconstitucionalidad, intentada
por los abogados del Presidente destituido.
Mientras el ex –Presidente Lugo llama a sus partidarios a
manifestar pacíficamente en defensa de sus derechos
ciudadanos, algunos gobernantes hispanoamericanos o sus
voceros se movilizan por el continente para sancionar al
gobierno interino nombrado por el Congreso de Paraguay, y
por la iracundia de sus acusaciones, pareciera estarse
preparando para sancionar a ese pequeño país decretando un
bloqueo económico. Los más virulentos como Chávez ordena a
su Ministro de Petróleo no enviarle más este producto,
violando el protocolo del Convenio Energético con Paraguay
que establece que la comunicación, en caso de rompimiento de
dicho convenio, debe ser por escrito y que entraría en
vigencia a los 90 días. Seguramente, el bloqueo que aspira
Hugo Chávez, es más severo que el que el Imperio mantiene
contra Cuba, y contra el que protestan a gritos estos mismos
gobernantes que cuestionan una decisión tomada por un
Congreso Democrático. En el caso paraguayo lo que ven es el
peligro que corren ellos en sus países, si funcionara la
independencia de los Poderes Públicos.
Afortunadamente para el pueblo paraguayo que sin duda alguna
sería el castigado por los posibles gobernantes bloqueadores
de su pequeña economía, el Imperio y la Unión Europea llaman
al diálogo y a buscar soluciones pacíficas en el marco de la
Constitución del Paraguay. Someter al sufrimiento sin
límites, al hambre y a la mendicidad, como dicen que pasa en
Cuba, a un pueblo porque su Congreso electo
democráticamente, en el que están representados todas las
tendencias políticas, incluyendo la del ex –Presidente
Fernando Lugo, tomaron una decisión en pocas horas de
destituir constitucionalmente al primer Magistrado, no tiene
otra explicación lógica y elemental que los presidentes que
defienden a Lugo, se defienden a sí mismo, y no a la
democracia y menos a la población paraguaya.
Hoy,
Paraguay atraviesa un momento crítico y requiere la
colaboración pacífica de sus vecinos, que deberían actuar
pensando, primero en el diálogo y luego en estimular a que
los propios paraguayos encuentren la solución.
Que
el ex –Presidente Lugo nombre un gabinete de sombra para
vigilar la actuación del nuevo gobierno, es un derecho
legítimo, que tiene todo ciudadano, no sólo para monitorear
el desempeño de una administración pública dirigida por un
Presidente adverso, sino también comandada por un Jefe de
Estado por quien haya votado en las elecciones respectivas.
Incluso en el mundo democrático globalizado, los gobiernos
se vigilan unos a otros porque todos están obligados a
cumplir tratados y acuerdos internacionales, que han
aprobado y ratificado, como la defensa de los Derechos
Humanos, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Ningún Presidente democrático puede cometer o permitir que
funcionarios suyos consuman delitos de lesa humanidad, sin
tener que responder ante la justicia tanto nacional como
internacional.
De
allí que lo sucedido en Paraguay incumbe, primero y en lo
fundamental a los paraguayos, pero el mundo democrático
tiene derecho a opinar y actuar democráticamente para ayudar
a buscar una solución. Las amenazas de Hugo Chávez y otros
experimentados golpistas, que han alzado batallones contra
gobiernos civiles, no tienen ninguna pertinencia en la
sociedad democrática contemporánea.