Las última arremetida contra diversas manifestaciones pacíficas de ciudadanos que pretenden ejercer una derecho constitucional, por parte de la policía metropolitana, la Guardia Nacional y grupos parapoliciales o paramilitares partidarios del gobierno, son signos de que la represión constituye una política del Estado para tratar de aterrorizar a la población.
La creación de un régimen policiaco que reprime, secuestra ciudadanos, los incomunica y tortura para luego imputarlos sin asistencia jurídica como lo hicieron con varios trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, coloca al gobierno al margen de la Constitución Nacional.

La represión a la multitudinaria marcha pacífica del sábado 22 del presente mes de agosto, a los pocos días de ser agredidos brutalmente un grupo de periodista de la Cadena Capriles quienes realizaban una actividad también pacífica, ambas en protesta por aspectos fundamentales de la Ley de Educación aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, confirma ya una política del Comandante Chávez dispuesto a no tolerar ninguna manifestación disidente de lo que considera la única verdad que debe imperar en la conciencia de los venezolanos, como expresión de una estrategia que nos conduzca al mar de la felicidad cubano, que él denomina socialismo del siglo XXI.

El alto gobierno debe estar ya convencido de que sus políticas sociales y económicas, tenidas como la panacea universal para sacar el país de la pobreza, de las desigualdades sociales y del subdesarrollo en general, no han convencido a la mayoría de la población, que expresa su descontento no sólo en las encuestas de opinión pública, sino también y con su presencia en las calles de las principales ciudades del territorio nacional, por lo que ha apelado a la represión policial y militar para tratar imponer sus planes de cubanización de Venezuela.

El acelerador del proceso revolucionario pisado por el Presidente de la República, ordenándole a sus diputados en la Asamblea Nacional que aprueben de urgencia las leyes que considera necesarias para su éxito, a la Fiscalía a que proceda a imputar a los disidentes, y a los jueces a que los lleven a prisión, son los verdaderos ¨vientos de guerra¨ anunciados por el Jefe Único que amenazan a nuestro país, y no la utilización de las bases aéreas colombianas por el gobierno de los Estados Unidos, para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares.

La supuesta amenaza de una guerra contra nuestro país por parte de los Estados Unidos, desde las bases aéreas colombianas, no sólo es un pretexto tratar de defender a sus aliados de las FARC, sino también un subterfugio para profundizar la represión contra la disidencia de los venezolanos.

De allí que el país se enrumba hacia nuevas y posiblemente más difíciles y graves confrontaciones políticas, porque la sociedad democrática, que no sólo es de la oposición sino que incorpora a sectores del chavismo que también aspiran educar libremente a sus hijos, ser propietarios de algún bien pequeño o grande, no seguir siendo víctimas del hampa que actúa con gran impunidad y que el Comandante Chávez les cumpla las promesas de mayor bienestar, se manifiestan cada día más decididos a defender sus derechos establecidos en la Constitución Nacional de 1999.