La orden del Presidente de la República a la Asamblea Nacional de aprobar una enmienda a la Constitución Bolivariana, violando varios artículos de la misma, y la orden a los ministros de Defensa e Interior y Justicia de lanzarle ¨gas del bueno¨ a los manifestantes que protesten contra esa flagrante transgresión a la Carta Magna, forman parte de un mismo plan para tratar de imponerle a los venezolanos su voluntad personalista y militarista de permanecer indefinidamente en el poder.

Ambas decisiones del Comandante Chávez, además de obedecer al objetivo fundamental de perpetuarse en el ejercicio del poder, tenían que ser decretadas con horas de diferencia en el tiempo, porque ya eran conocidos por la sala situacional de Miraflores los resultados de las últimas encuestas de mayor credibilidad y acierto en sus diagnósticos, que registran rechazo mayoritario de la población a esa ambición demencial de permanecer al frente del gobierno hasta la muerte.

De allí la violencia que han desatado los cuerpos policiales contra los estudiantes y jóvenes en general que han salido a la calle a expresar sus opiniones contra le reforma a la Constitución Nacional disfrazada de enmienda, y a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que declare ilegal la convocatoria al referendo, por no permitirle a centenares de miles de venezolanos que cumplieron 18 años desde el momento en que se cerró el Registro Electoral para realizar las elecciones del 23 de noviembre de 2008, hasta el 15 febrero, fecha dispuesta, por orden del jefe único, para ejecutar la consulta.

En la creencia de que pueden cambiar la opinión mayoritaria de los electores a votar por el NO, reprimiendo brutalmente a los estudiantes con ¨gas del bueno¨ lanzado por la policía y la Guardia Nacional, deteniendo, torturando y desapareciendo a decenas de jóvenes, han permitido la presencia agresiva de grupos parapoliciales o paramilitares que se identifican con los intereses de la perpetuación en el poder de todos los funcionarios electos en comicios pasados, incluso de ellos como bandas irregulares pagadas con los dineros de alguna alcaldía o ministerio gubernamental.

A la violación de los derechos políticos relacionados con la protesta pacífica de los estudiantes, le agregan la violación de los derechos humanos de los manifestantes, en una peligrosa carrera hacia dictadura.

De nada valdrá la represión contra la juventud que reclama le permitan ejercer el derecho al voto porque ya cumplieron 18 años. Los jóvenes han demostrado una gran madurez y una verdadera vocación pacífica para luchar, y la sociedad venezolana ha alcanzado ciertos niveles de conciencia política democrática, que no dejarán amedrentar por la represión y acudirán masivamente a votar NO en las elecciones del 15 de febrero. Tanto por lo que dicen las encuestas, como por lo que uno puede pulsar en calle, la mayoría de los electores considera que ya se rechazó la reforma, el 2 de diciembre de 2007, que solicitaba el voto para la elección indefinida del Jefe del Estado, y que ese No será ratificado en la próxima consulta.