Todos los gobiernos totalitarios tienen entre sus objetivos fundamentales el control de la opinión pública y de todos los aspectos relacionados con la educación y la cultura de la sociedad, incluyendo el deporte, para lo cual se les convierte en imprescindible imponer una hegemonía comunicional. Fue lo que hicieron Stalin en la Unión Soviética y todos los regímenes comunistas en aquellos países cuyos gobiernos respondían a los lineamientos del dictador ruso de entonces, y lo que queda en Cuba y Corea Norte como los últimos vestigios del pensamiento único.

Las amenazas del Ministro Diosdado Cabello de cerrar más de 200 emisoras de radio y particularmente contra Globovisión, podría ser el paso final para consolidar la política de hegemonía comunicacional del gobierno cuyas consecuencias políticas tendrán repercusión nacional e internacional.

Y aunque trate de justificarla jurídicamente, con alguna decisión del Tribunal Supremo de Justicia, tendrá claros efectos políticos sin descartar que los interesados apelen a otras instancias jurídicas en el país, lo que les permitirá acudir a organismos internacionales en concordancia con acuerdos firmados por Venezuela y que son de obligatorio cumplimiento, salvo que el Gobierno del Presidente Chávez decida violarlos y retirarse de dichos organismos.

Si no hay una solución en los tribunales venezolanos el caso no se cerrará jurídica ni políticamente, porque como sucedió con la no renovación de la concesión a RCTV, no es una simple medida administrativa de CONATEL, sino una resolución política con el evidente objetivo de lograr la hegemonía comunicacional para controlar la opinión de la sociedad venezolana y amedrentar a otros medios y a periodistas que no compartan las políticas gubernamentales. De allí que el enfrentamiento tenderá a agudizarse en los próximos días y meses, porque un importante sector de la sociedad se verá afectada, que incluye a chavistas y no chavistas, con el cierre de cerca del 80% de los medios radioeléctricos, quienes en sondeos de opinión anteriores, rechazan que el gobierno le ponga un cerrojo a centenares de emisores en todo el país, con cuya programación en general se sienten identificados.

Como muchas de las políticas del Presidente de la República, la confiscación o expropiación de esos medios de comunicación ha sido coreada por representantes de de los demás Poderes Públicos, como una demostración de que el Comandante en Jefe tiene todo el poder necesario para ordenar que se haga lo que su voluntad decide. Posiblemente no consultó, porque no tiene a quién o por subestimación a sus colaboradores, y la medida tendrá un alto costo político al ser rechazada por un importante porcentaje de sus simpatizantes. Lo que viene no es fácil de predecir, pero si surgen protestas y se mantienen en la calle y en los medios el costo le será mayor y la crisis política se agravará.