Antonio Ledezma y Manuel Zelaya ha sido víctimas de un golpe
bueno y otro malo, según la mirada y la concepción que se
tenga de la política de la violencia para enfrentar al
adversario o al enemigo. Despojar a Ledezma de sus
facultades como Alcalde Metropolitano, electo por más de 700
mil votos, y a Zelaya de las suyas como Presidente de
Honduras, electo por más de 900 mil votos, no sólo los
convierte en mártires del golpismo en América Latina, sino
que también le abre las puertas a los militares que pueden
ser bienvenidos o repudiados, si el golpe que supuestamente
puedan tener entre telones es calificado de bueno o malo.
Para los demócratas que consideramos que los gobiernos deben
ser dirigidos por los civiles y apoyados institucionalmente
por los militares, y de pronto nos encontramos ante hechos
cumplidos, es decir, que un grupo de militares usa las armas
que le ha confiado la República y toma el poder, nos
sentimos obligados a reiterar nuestra convicciones
democráticas, denunciarlos cívicamente y contribuir a que la
dinámica de la crisis, porque se trata de una crisis
política, haga obligatorio el retorno de la democracia. Es
lo que ha pasado en todas las dictaduras militares que se
han impuesto en América Latina, algunas más sangrientas que
otras, más o menos prolongadas en el tiempo, pero que
indefectiblemente terminan dejando en manos de los civiles
no sólo la conducción del Estado, sino la recuperación del
desastre económico, social y político que generalmente dejan
como consecuencia de una actividad para la cual no fueron
preparados, ni se les asignó constitucionalmente como
atribución legítima.
Lo más lamentable y peligroso para nuestros países, es que
mientras no se consolide un pensamiento democrático en la
sociedad civil y en el mundo militar, ningún gobernante
electo o no, está a salvo de la intervención de los
militares en la política por medio de, lo que saben hacer,
el uso violento de las armas o el golpe de estado. De allí
que el Presidente Chávez no sólo está obligado a defender a
Manuel Zelaya, sino también a devolverle las facultades
plenas a Antonio Ledezma de las cuales lo ha despojado
inconstitucionalmente.
La decisión del Alcalde Metropolitano de declararse en
huelga de hambre, en la sede de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en Caracas, para defender el derecho de
los trabajadores de la Alcaldía a cobrar sus respectivos
sueldos y salarios retenidos por la representante del
Presidente Chávez, nombrada a dedo como jefa ejecutiva de la
capital, y para denunciar ante el mundo la violación de la
Constitución Nacional por parte del gobierno, recibió el
respeto y la solidaridad de todos los demócratas que
aspiramos vivir en un Estado de Derecho.
Exponer la vida por una causa legítima de los trabajadores
de la Alcaldía Metropolitana y por el derecho de todos los
venezolanos a disfrutar de un régimen de paz y democracia,
exige un alto coraje personal y un valor cívico, propio de
los hombres y mujeres que conciben la existencia como un
apostolado ciudadano y una excepcional vocación de servicio
público.