La
tendencia represiva contra los medios de comunicación social
y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se
hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan
la caída del comandante y en especial el rechazo a la
cubanización de su política y a la expropiación de fincas en
producción –y no de latifundios- y a empresas privadas
productivas que en poco tiempo son convertidas en
desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le
ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores
populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se
agravan con la inflación.
La
amenaza, aparentemente frustrada, de aprobar una Ley contra
Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por
parte del gobierno nacional, refleja claramente una política
de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños
y periodistas que han asumido una posición crítica frente a
diversas medidas de la administración pública ejerciendo un
derecho establecido en la Constitución Nacional vigente. Y
aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante
del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy
lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir
contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de
que la información que transmiten los medios es la
responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las
protestas sociales que se registran a diario a escala
nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos
funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se
sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que
se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de
más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y
la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que
representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone
un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en
los principales barrios y urbanizaciones de todas la
ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta
de inversiones nacionales e internacionales en la industria
y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de
millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver
los más graves problemas sociales que viven centenares de
miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido
construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas
y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a
miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y
bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al
frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no
sólo aumentando el desempleo, sino también violando la
libertad de expresión de los comunicadores sociales y el
derecho de información de la sociedad en general.
El
agravante de esta política aparentemente legal, es que los
delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con
la legislación vigente respetando el debido proceso, sino
después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y
ejecutado la sanción administrativa. Es decir, ni siquiera
guardan las apariencias utilizando fiscales y jueces
nombrados a dedo, sin concursos, que obedecen al Poder
Ejecutivo que ordena desde Miraflores a los demás poderes lo
que deben dictaminar para imponer el pensamiento único del
jefe del estado.
Chávez
olvida que mientras no resuelva la crisis política del país,
los problemas sociales y económicos que confronta una
mayoría de venezolanos de bajos recursos, de muy poco le
valdrán los controles políticos, como no le sirvieron a
Pérez Jiménez para detener la protesta masiva de una
sociedad cada día más consciente de los valores del voto, de
la libertad y la democracia.