La
aprobación de 26 decretos leyes aprobados por el Presidente
de la República, por su contenido constituye uno de los
mayores abusos de poder cometidos por el Comandante en Jefe
contra la soberanía nacional, y una provocación a los
sectores democráticos del país con la finalidad de crear un
peligroso desconcierto que los puede inclinar a una reacción
violenta y a olvidarse las elecciones del 23 de noviembre,
en las que el chavismo tiene asegurada una contundente
derrota.
Todo
gobernante de espíritu o tendencia autocrático y
personalista puede iniciar su gestión con un aparente apego
a la legalidad del país que le ha otorgado democráticamente
el derecho a ejercer funciones de gobierno, pero en la
medida en que considera que puede perder esas facultades,
comienza a restringir los derechos de la oposición y
generalmente termina persiguiendo a quienes le apoyaron para
ascender al poder, si tratan de disentir de algunas de sus
decisiones unilaterales.
El
abuso en el ejercicio del poder va rompiendo las reglas que
caracterizan a un régimen democrático, de una forma abrupta
y violenta o con aprobación de una legislación especial que
le permita gobernar sin impedimento alguno, sin descartar la
violación de la legislación vigente. Esto fue lo que se
operó en los regímenes del socialismo real y del nazismo
alemán. En principio se respetaron ciertas libertades, pero
cuando la legislación imperante no le permitía al gobernante
tomar las medidas que a su juicio único e inconsulto, creía
que debía tomar para “bien del pueblo”, se fue tornando cada
vez más autoritario, hasta llegar a la tiranía. La
resistencia nacional no contó con apoyo interno, porque fue
aplastado por la bota del militarismo, ni respaldo
internacional porque las naciones democráticas carecían de
una organización multilateral para impedirlo, hasta que se
vieron obligadas a intervenir, cuando el abuso del poder
traspasó las fronteras y se manifestó en la invasión a los
países vecinos.
En una
época como la actual, en la que las naciones democráticas
han creado organizaciones multinacionales y han hecho
aprobar una legislación respetuosa de los derechos humanos y
de las instituciones y poderes públicos independientes, el
camino hacia la tiranía se dificulta y obliga a los
autócratas a preservar cierta apariencia de legalidad. Se
aprueban leyes que facilitan la discriminación y posterior
persecución de los sectores que se oponen al mandato
ejecutivo unipersonal sin controles de otros poderes. Y como
en todo régimen autoritario surgen internamente algunas
discrepancias, por parte de individualidades democráticas o
sectores disconformes con las promesas incumplidas, la
represión también recae sobre ellos. Es lo que estamos
presenciando a casi 10 años de gobierno del Comandante
Chávez. El abuso de poder se extiende a toda disidencia.
Frente
a ese abuso, la oposición y la disidencia chavista se pueden
reencontrarse en las elecciones del 23 de noviembre y
propinarle otra de derrota al autoritarismo.