En los próximos días el país presenciará un peligroso enfrentamiento entre quienes defienden el derecho constitucional de todos los venezolanos a elegir y ser elegido, excepto que exista sentencia firme de un tribunal contra quien aspira a ser candidato a cualquier cargo electivo, y una mayoría del CNE teledirigida por el Comandante Chávez desde Miraflores, si no se impone la racionalidad jurídica y ética para actuar con independencia. Y aunque ha sido reiterativa la violación de la Constitución Bolivariana aprobada en 1999, por parte del Comandante en Jefe para adecuarla a sus planes hegemónicos y autoritarios, el momento político encuentra a un país parcialmente movilizado debido a la campaña electoral que se adelanta, por lo que no es descartable que se produzcan protestas masivas y el proceso electoral tome un giro difícil de controlar, ya presentado a la opinión nacional e internacional el contenido de las computadoras del segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes.

Y aunque también estamos acostumbrados a que un escándalo tapa otro de dimensiones parecidas o mayores, la campaña electoral, alimentada por los problemas conocidos como la corrupción administrativa, la inseguridad de las personas, las amenazas a la propiedad privada con invasiones de fincas y expropiación de industrias, más el alto costo de la vida, será una contienda agravada por el contenido de las computadores de Raúl Reyes y el maletín de Antonini Wilson.

Mientras más se acerca el momento de la inscripción de los candidatos que participarán en las elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados a los Consejos Legislativos y la discusión sobre la legalidad de la decisión de la Contraloría General de la República se contrasta con las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 42 y 65 de la Carta Magna que ordena, por su condición de Ley máxima, que sólo en el caso de sentencia firme de un tribunal se puede inhabilitar de sus derechos políticos a un ciudadano, queda claro que la solicitud del Contralor tiene un sesgo político orientado a impedir el triunfo de varios de los aspirantes que forman parte de su lista inconstitucional.

Y más grave es que esa solicitad del Contralor para que el CNE impida la participación de cerca de 400 venezolanos que gozan de todos sus derechos políticos, tiene nombre propio, por lo catastrófico que sería para el gobierno perder la Alcaldía Metropolitana y la Gobernación del Estado Miranda, porque las encuestas realizadas hasta ahora le dan la victoria a Leopoldo López y a Enrique Mendoza, figuras connotadas de la oposición democrática.

Y aunque es evidente la intención de la Contraloría General de la República para que el CNE viole la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y le preste un importante servicio al proceso chavista al cual auxilian por mandato de su Comandante en Jefe, el discurso propagandístico de Hugo Chávez lo confirma cada vez que aparece solicitando el voto de sus lanceros que lo abandonaron en diciembre del 2007, para que detengan una nueva derrota suya, que sería lo que vendría después de que la mayoría de sus gobernadores y alcaldes sean desplazados de sus cargos en las elecciones de noviembre de este año.

El control que el Presidente de la República ejerce sobre los demás Poderes Públicos, le ha permitido violar diversas disposiciones constitucionales, y justificarlas ante sus seguidores como imprescindibles para avanzar en su proceso revolucionario. Pero el desengaño de millones de venezolanos que sufragaron por él en procesos electorales pasados, que 9 años después no tienen empleo fijo ni prestaciones sociales, no tienen vivienda y tienen que soportar todos los días la arremetida del hampa, difícilmente le acompañarán respaldando candidatos escogidos a dedo.