No hay pruebas evidentes, o las que han presentado los voceros oficiales son excepcionalmente ridículas, como para inferir que pongan en peligro la estabilidad del gobierno, mediante la consumación de un golpe de Estado militar o cívico militar. Lo que sí es evidente que desestabiliza al Presidente de la República y en especial a los chavistas duros que no creen en la alternabilidad en el poder, es la proximidad de un inevitable golpe electoral que el 23 de noviembre le propinará la mayoría de los venezolanos en las principales gobernaciones y alcaldías del país.

El golpe electoral parece ineludible porque después de 10 años de gobierno del Presidente Chávez y en particular de sus gobernadores y alcaldes, a quienes la opinión pública en cada una de sus respectivas jurisdicciones va enjuiciar mediante el voto universal, directo y secreto, según todas las encuestas conocidas, son repudiados por su ineptitud para administrar los dineros públicos y por su corrupción inocultable y en muchos casos ostentosa.

E incluso, aunque el Comandante en Jefe logre convertir las elecciones regionales y municipales en un plebiscito, el golpe electoral tendrá una contundencia similar, porque la administración central también ha sido y es cuestionada por la incapacidad y la corrupción que se eleva a la enésima potencia, al extremo de quedar al desnudo hasta fuera de nuestras fronteras. Esa misma administración centralista ocupa uno de los últimos lugares en el mundo en materia de eficacia y transparencia, y uno de los primeros en el manejo inescrupuloso de más de 700 mil millones de dólares durante los diez años de gobierno. No hay mayores posibilidades de que los estrategas electorales del chavismo logren ocultar el fracaso de una revolución de papel sustentada en un discurso demagógico y populista, que consiguió engañar por varios años a un buen sector depauperado de la población, asustar a la clase media dirigente con el exterminio y a los productores con la confiscación o expropiación de sus bienes.

Ese discurso incendiario, “antiimperialista” del Comandante Chávez ha perdido gran parte de su conexión con los sectores populares, que en poco tiempo descubrieron la manipulación de que eran objeto y hoy protestan casi todos los días en diferentes ciudades del país, por el incumplimiento de sus promesas. El discurso nacionalista se ha agotado con el empobrecimiento de la clase media, víctima de la inflación y los bajos sueldos, y por la quiebra de más de la mitad de las industrias que existían para 1998 cuando asciende al poder. Todo el país ha observado con perplejidad cómo se gastan miles de millones de dólares en armamento, mientras el territorio nacional es ocupado por el hampa, el narcotráfico y el sicariato, haciendo del robo y el asesinato la gran tragedia de los venezolanos en esta última década.

Y por si no fueran suficientes los trágicos males que estrangulan la vida de los venezolanos en nuestras fronteras, los boliburgueses nacidos y enriquecidos ilícitamente en los intríngulis del gabinete del Comandante en Jefe, mediante el cobro de comisiones, la compra de los bonos basura, el contrabando de dólares para financiar campañas electores en otros países con dinero de PDVSA, y detenidos en los Estados Unidos, cuentan cómo se hicieron ricos en pocos meses y con quienes compartieron el dinero producto del tráfico ilegal. En síntesis, la delincuencia organizada desde las alturas del poder y la acusación, aún por probar desde luego, de tráfico de drogas de los más altos jefes de inteligencia del régimen, hacen indetenible el GOLPE ELECTORAL del 32 de noviembre.