Para una mayor concentración de poder en su persona, la aprobación de 26 decretos-leyes durante los últimos días u horas del período otorgado al Presidente de la República por la Asamblea Nacional, para legislar ejecutivamente, constituyen no sólo una violación a disposiciones expresas de la Constitución Nacional vigente, sino también, y como consecuencia de esta trasgresión, un desafío y una provocación a la oposición democrática que se prepara para concurrir pacíficamente a las elecciones del 23 de noviembre, y al chavismo sin Chávez que puede volver a abstenerse o votar en su contra y provocarle una segunda derrota.

La celada que el Comandante en Jefe le tendió a la oposición y al país democrático en general, por lo poco que se conoce, especialmente de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, cuyo texto coincide con su propuesta derrotada en las elecciones de 2 de diciembre de 2007, es un abierto desafío a la voluntad de los electores a quienes Chávez consideró desinformados o ignorantes de las virtudes de la reforma que proponía para impulsar el socialismo del siglo XXI. En la proximidad de unas elecciones regionales y municipales en las que el Presidente escogió a la mayoría de los candidatos del PSUV, la aprobación de las leyes habilitantes son también un desafío a los electores para que le otorguen o no más poder, a través de gobernadores y alcaldes obedientes a su mandato, o lo vuelvan a derrotar. Chávez desafiante se juega su aspiración de un futuro continuista, tanto porque la sociedad civil saldrá a protestar, como porque la pérdida un 40 ó 50% de gobernaciones y alcaldías le impedirá aplicar impunemente el conjunto de leyes aprobadas de espaldas al conocimiento y discusión de los venezolanos. Si todo transcurre, como es de esperarse, pacíficamente, Hugo Chávez puede ser derrotado y generar una impredecible desestabilización de su régimen, que lo obligue a rectificar o impedirle que las aplique.

El otro objetivo de la aprobación, aparentemente improvisada, de estas leyes puede ser provocar una reacción violenta de algunos sectores de la sociedad, que desesperados llamen a la abstención electoral y al desconocimiento del gobierno, lo cual le permitiría al Comandante en Jefe estrenar su nuevo uniforme militar de 4 soles y aplastar cualquier intento de subversión armada. Y de allí en adelante aplicar sus leyes habilitantes violando la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, contra toda la oposición y los disidentes del chavismo sin Chávez.

Por la experiencia nacional e incluso mundial, la protesta debe mantenerse en el marco de la legalidad, porque esos decretos leyes afectan a la mayoría de la población, que tiene la oportunidad de derrotar a Chávez en las urnas electores en noviembre, modificar la correlación de fuerzas y provocar un cambio significativo que neutralice y anule su tendencia autoritaria y militarista.