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La ley de inteligencia
por Juan Páez Avila
viernes, 6 junio 2008


En la misma dirección de las leyes que aprobaron los regímenes nazifascistas de la época de Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, y los comunistas de la era del estalinismo, para otorgarle poderes discrecionales a las policías políticas para reprimir a la disidencia, marcha la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que acaba de poner en vigencia el Presidente de la República Hugo Chávez. Con este tipo de ley sobran los ejemplos terroríficos de violación de los derechos humanos, incluso contra dirigentes y simples militantes de los partidos nazis y comunistas que como en la época de la Inquisición resultaban sospechosos de no comulgar con el pensamiento único y las aberraciones del totalitarismo.

En Corea del Norte dos agentes de la Policía Política del gobierno tocaron la puerta del apartamento donde vivía el poeta Alí Lameda con su compañera Elvira Tanzer, se identificaron y le dijeron: “Camarada necesitamos que nos acompañe para que rinda una breve declaración’’. Una vez en el despacho policial le preguntaron:

-¿Con quién está usted, con la Comandancia (de las FALN) o con el Partido Comunista de Venezuela?
-No conozco la Comandancia. Toda la vida he sido militante del Partido.

Sospechoso de ser agente de la CIA, de lo cual habían acusado a Gustavo Machado, Jesús Faría y Pompeyo Márquez en la prensa coreana, cubana y albanesa por no estar con la Comandancia de las FALN, cuyos jefes habían decidido continuar en la guerra de guerrillas, acogerse a una política de paz y abandonar la lucha armada, fue recluido en un calabozo y obligado a realizar trabajos forzados durante 7 años incomunicado de sus familiares y de sus propios camaradas. Después de una larga campaña del PCV y la intervención de los presidentes Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, fue puesto en libertad, cuando ya estaba al borde la muerte física, sin darle ninguna explicación.

Crear un Estado policiaco, para cuyos jefes cualquier persona que no comparta sus ideas y planes políticos resulta sospechoso de ser agente del enemigo y puede ser detenido, incomunicado, torturado y hasta desaparecido, es la esencia, el objetivo fundamental de cualquier ley que viole el principio constitucional del debido proceso, de la decisión de un juez para poder ser sometido a juicio un ciudadano, quien debe presumirse inocente hasta tanto se pruebe su culpabilidad. Y como de acuerdo con nuestra Constitución de 1999 todo venezolano tiene derecho a que un Fiscal del Ministerio Público esté presente a la hora de su detención dictada por un juez, ser asistido por su abogado y recibir visita de sus familiares, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia aprobada por el Presidente de la República mediante el mandato habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional no sólo es evidentemente inconstitucional, sino también un verdadero instrumento represivo.

Si el TSJ no la declara inconstitucional, las primeras víctimas pueden ser los disidentes del PSUV, a quienes acusarán de traidores, los periodistas que reciban información confidencial de algún ente gubernamental, considerada por el gobierno como secreto de Estado, cuya difusión pone en peligro la seguridad nacional, y todos opositores que a juicio de un jefe policial sean sospechosos de enemigos del proceso revolucionario.

Sin embargo, para imponerla el gobierno no sólo deberá enfrentar la protesta de abogados especialistas y de la oposición en general, sino también de organismos internacionales obligados por mandato del consenso de sus integrantes, a defender tratados igualmente universales que establecen el respeto a los derechos humanos y al sistema democrático en general. Por su repercusión nacional e internacional dicha ley será un tema de discusión y confrontación este año electoral y los próximos por venir.


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