En
la misma dirección de las leyes que aprobaron los regímenes
nazifascistas de la época de Hitler en Alemania y Mussolini
en Italia, y los comunistas de la era del estalinismo, para
otorgarle poderes discrecionales a las policías políticas
para reprimir a la disidencia, marcha la Ley de Inteligencia
y Contrainteligencia que acaba de poner en vigencia el
Presidente de la República Hugo Chávez. Con este tipo de ley
sobran los ejemplos terroríficos de violación de los
derechos humanos, incluso contra dirigentes y simples
militantes de los partidos nazis y comunistas que como en la
época de la Inquisición resultaban sospechosos de no
comulgar con el pensamiento único y las aberraciones del
totalitarismo.
En
Corea del Norte dos agentes de la Policía Política del
gobierno tocaron la puerta del apartamento donde vivía el
poeta Alí Lameda con su compañera Elvira Tanzer, se
identificaron y le dijeron: “Camarada necesitamos que nos
acompañe para que rinda una breve declaración’’. Una vez en
el despacho policial le preguntaron:
-¿Con
quién está usted, con la Comandancia (de las FALN) o con el
Partido Comunista de Venezuela?
-No conozco la Comandancia. Toda la vida he sido militante
del Partido.
Sospechoso de ser agente de la CIA, de lo cual habían
acusado a Gustavo Machado, Jesús Faría y Pompeyo Márquez en
la prensa coreana, cubana y albanesa por no estar con la
Comandancia de las FALN, cuyos jefes habían decidido
continuar en la guerra de guerrillas, acogerse a una
política de paz y abandonar la lucha armada, fue recluido en
un calabozo y obligado a realizar trabajos forzados durante
7 años incomunicado de sus familiares y de sus propios
camaradas. Después de una larga campaña del PCV y la
intervención de los presidentes Rafael Caldera y Carlos
Andrés Pérez, fue puesto en libertad, cuando ya estaba al
borde la muerte física, sin darle ninguna explicación.
Crear
un Estado policiaco, para cuyos jefes cualquier persona que
no comparta sus ideas y planes políticos resulta sospechoso
de ser agente del enemigo y puede ser detenido,
incomunicado, torturado y hasta desaparecido, es la esencia,
el objetivo fundamental de cualquier ley que viole el
principio constitucional del debido proceso, de la decisión
de un juez para poder ser sometido a juicio un ciudadano,
quien debe presumirse inocente hasta tanto se pruebe su
culpabilidad. Y como de acuerdo con nuestra Constitución de
1999 todo venezolano tiene derecho a que un Fiscal del
Ministerio Público esté presente a la hora de su detención
dictada por un juez, ser asistido por su abogado y recibir
visita de sus familiares, la Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia aprobada por el Presidente de la
República mediante el mandato habilitante que le otorgó la
Asamblea Nacional no sólo es evidentemente inconstitucional,
sino también un verdadero instrumento represivo.
Si el
TSJ no la declara inconstitucional, las primeras víctimas
pueden ser los disidentes del PSUV, a quienes acusarán de
traidores, los periodistas que reciban información
confidencial de algún ente gubernamental, considerada por el
gobierno como secreto de Estado, cuya difusión pone en
peligro la seguridad nacional, y todos opositores que a
juicio de un jefe policial sean sospechosos de enemigos del
proceso revolucionario.
Sin
embargo, para imponerla el gobierno no sólo deberá enfrentar
la protesta de abogados especialistas y de la oposición en
general, sino también de organismos internacionales
obligados por mandato del consenso de sus integrantes, a
defender tratados igualmente universales que establecen el
respeto a los derechos humanos y al sistema democrático en
general. Por su repercusión nacional e internacional dicha
ley será un tema de discusión y confrontación este año
electoral y los próximos por venir.